Redacción Más / IA
En México, entre 6.3 y 7.5 millones de personas viven en asentamientos irregulares, mientras que cerca de 30 millones habitan en zonas completamente inadecuadas.
Más de 1.600 millones de personas en el mundo viven en asentamientos informales o inadecuados, con acceso limitado a servicios esenciales como agua, saneamiento y electricidad, y enfrentan amenazas constantes de desalojo forzoso.
14 millones de familias en México carecen de medios para adquirir o construir una vivienda propia. La información fue publicada por la agencia El País.
La propuesta de reforma a la Ley del Infonavit busca establecer un nuevo sistema de arrendamiento donde el trabajador podría pagar una mensualidad no mayor al 30% de su salario en renta, con opción a compra tras diez años.
La vivienda se considera crucial para reducir desigualdades, robustecer el tejido social y estimular la actividad económica.
El Espacio Cultural Infonavit y Urban Front organizarán el Foro Vivienda Justa y Prosperidad Compartida el jueves 4 de julio, con la participación de destacados expertos internacionales y locales como David Harvey, Miguel Robles-Durán, Paula Freire Santoro, Carla Escoffié, Silvia Emanuelli y Alberto Kritzler.
El foro abordará soluciones a la problemática de vivienda a nivel local e internacional, analizando cómo garantizar el derecho humano a una vivienda justa y adecuada, y buscando esquemas para eliminar el déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda.
Los desafíos ambientales y geopolíticos actuales impactan en las dinámicas sociales y habitacionales, destacando la importancia de asegurar condiciones de habitabilidad dignas y construir viviendas más inclusivas.
Las políticas públicas deben enfocarse en garantizar viviendas accesibles y bien ubicadas, considerando la desigualdad urbana y la expansión de asentamientos informales debido a la falta de políticas claras.
El déficit habitacional requiere estrategias integrales y sostenibles que aborden la falta de acceso a la vivienda adecuada, especialmente para poblaciones vulnerables y en asentamientos informales.
La seguridad jurídica es crucial para los habitantes de asentamientos informales, reflejo de la inequidad social y económica que afecta a la vivienda.
Las soluciones habitacionales deben incluir la participación comunitaria y asegurar que la vivienda sea asequible en términos financieros y de acceso, integrando políticas inclusivas de planificación urbana.
La vivienda adecuada es esencial para el desarrollo humano y social, requiriendo inversión en infraestructura básica y políticas que promuevan la integración social y espacial.
La titulación de la propiedad y la adecuación del mercado inmobiliario son fundamentales para ofrecer soluciones asequibles y mejorar la calidad de vida en áreas urbanas.
La educación, la salud y la resistencia ante desastres son aspectos vinculados a la calidad de la vivienda, destacando la importancia de la renovación urbana y la inclusión de vivienda social en estrategias urbanísticas.
Los derechos humanos deben ser prioritarios en las políticas habitacionales, promoviendo la cooperación internacional y fortaleciendo la planificación urbana local.
Las tecnologías innovadoras y la gestión adecuada del suelo son clave para una planificación urbana sostenible, facilitando viviendas multifamiliares accesibles y diseñadas con criterios de accesibilidad universal.
La participación ciudadana y la descentralización administrativa son esenciales para prevenir conflictos y mejorar la eficiencia en la gestión urbana, integrando infraestructura verde que mejore la calidad ambiental de los entornos habitacionales.
La vivienda de calidad impacta positivamente en la salud mental y emocional, requiriendo estrategias de financiamiento transparentes y adaptación al cambio climático, con enfoque en equidad de género y eliminación de corrupción en el sector habitacional.
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