Por Leslie Zamora
Saltillo, Coahuila, 29/05/2026 (Más).- El denominado pase turístico que anunció el Gobierno de Nuevo León podría ser inconstitucional al imponer requisitos para el libre tránsito entre estados, advirtió Alberto Campos Olivo, coordinador de Competitividad y Normatividad de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).
El especialista señaló que la medida podría contravenir el artículo 11 de la Constitución Mexicana y generar preocupaciones por el uso de datos personales.
El mecanismo anunciado por las autoridades de Nuevo León consiste en un permiso digital gratuito para vehículos con placas foráneas que circulen en la entidad, que se prevé tenga una vigencia de hasta 30 días al año y requerirá que los automovilistas registren información personal y del vehículo, incluyendo licencia vigente, tarjeta de circulación, seguro vehicular y teléfonos de contacto y emergencia.
Campos Olivo explicó que, aunque todavía no revisa el documento oficial publicado por las autoridades de Nuevo León y basa su opinión en la información difundida públicamente, el derecho al libre tránsito está protegido constitucionalmente y no requiere documentos especiales para trasladarse dentro del país.
“Todos los habitantes de este país tenemos garantizado el derecho de libre tránsito. Ese está previsto y protegido por el artículo 11 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, señaló.
Indicó que la propia Constitución establece que ninguna persona necesita pasaportes, salvoconductos u otros requisitos semejantes para viajar por el territorio nacional, salvo casos relacionados con procesos judiciales, migración, salubridad o restricciones previstas expresamente en la ley.
Añadió que el tema resulta especialmente sensible por la intensa movilidad que existe entre Coahuila y Nuevo León, principalmente entre Saltillo y Monterrey, donde diariamente miles de personas cruzan por motivos laborales, comerciales, turísticos y familiares.
“Hay mucho intercambio humano porque hay personas que de aquí se transportan a diario para ir a trabajar allá. Hay mucho intercambio, tanto comercial como turístico e incluso familiar”, comentó.
El especialista también manifestó preocupación por la información personal que podría solicitarse como parte del trámite y por la manera en que esos datos serían resguardados por las autoridades estatales.
“Ya han estado manejando que se van a pedir datos personales, además de los datos del vehículo y me parece que también se va a exigir un seguro de protección del vehículo”, expuso.
Campos Olivo consideró que, de confirmarse restricciones incompatibles con la Constitución, ciudadanos o incluso legisladores podrían promover recursos legales para impugnar la reforma y buscar que sea declarada inválida.
“Puede ir en contra del artículo 11 y si es así, pues ya dependerá de la ciudadanía si hace uso de los medios de defensa contra esa disposición”, expresó.
El académico sostuvo además que la medida podría representar una transferencia de responsabilidades de vigilancia y control vehicular hacia los ciudadanos, bajo el argumento de regular automóviles con placas de otros estados que circulan en la zona metropolitana de Monterrey.
“Las autoridades solamente pueden hacer aquello que está determinado expresamente en las leyes. La autoridad no puede andar inventando atribuciones que no tenga”, afirmó.
Descubre más desde Más Información
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.