Saltillo, Coahuila 27/01/2026 (Más).- En un hecho sin precedentes en Coahuila, una mujer identificada como Esthela N fue vinculada a proceso por el delito de violencia familiar en su modalidad de violencia vicaria, convirtiéndose en la primera mujer en el estado en ser procesada penalmente bajo esta figura legal.
La decisión fue tomada por un juez de control tras una audiencia de seis horas, donde se consideraron suficientes los elementos de prueba presentados por el Ministerio Público. El juzgador otorgó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, en la que se buscarán más pruebas que sustenten la acusación.
Según la carpeta del caso, Esthela es señalada de ejercer violencia física y psicológica contra sus hijos, y de incurrir en violencia vicaria contra ellos y su expareja, Johnny Robles, quien presentó la denuncia.
Al término de la audiencia, Robles declaró: “Es luchar por nuestra infancia, por nuestros niños, para que ellos puedan crecer sanos física y emocionalmente”.
La defensora legal de Esthela expresó su desacuerdo con la resolución y adelantó que impugnará la vinculación a proceso al considerar que existen elementos que contradicen la narrativa de la Fiscalía.
“No estamos conformes con esta determinación nosotros consideramos que había elementos que establecían una diferente teoría de la investigación”, señaló.
Actualmente, Esthela mantiene la guarda y custodia de sus hijos por decisión de un juez de lo familiar. La defensa subrayó que un juez penal no tiene facultades para modificar esa situación, aunque la representación legal de Robles indicó que buscarán vías legales para restablecer la convivencia familiar.
Posturas encontradas afuera del juzgado
Durante la audiencia, se registraron manifestaciones divididas frente al Centro de Justicia Penal de Saltillo. Por un lado, el colectivo Padres por la Verdad se concentró en apoyo a Johnny Robles, exigiendo justicia para él y sus hijos.
Simultáneamente, activistas como Jacqueline Campbell, el obispo emérito Raúl Vera López y la doctora Rosa María Salazar, directora de la Fundación Luz y Esperanza, acudieron para respaldar a Esthela.
Salazar criticó la medida cautelar de arresto domiciliario impuesta a la imputada, calificándola como “desmedida” y resultado de una presión social y mediática.
“En mis 23 años atendiendo casos de violencia no he visto que se impongan medidas tan severas contra hombres y de forma tan expedita como sucedió con Esthela”, expresó.
También denunció que la imputada ha sido víctima de un linchamiento en redes sociales, lo cual, dijo, fomenta un ambiente hostil hacia las mujeres.
Este caso ha generado un intenso debate en torno a la aplicación de justicia con perspectiva de género, los límites entre denuncias legítimas y la instrumentalización del derecho familiar, así como el papel de los colectivos ciudadanos en la opinión pública y las decisiones judiciales.
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