Xalapa, Veracruz, 02/11/26 (Más).- La nómina educativa de Veracruz registró irregularidades por 48 millones 657 mil 604 pesos durante 2025, luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectara pagos a trabajadores fallecidos, empleados dados de baja, personal con licencia sin goce de sueldo y servidores públicos con plazas ubicadas en centros de trabajo geográficamente incompatibles.
De acuerdo con información publicada por Excélsior, los resultados de la auditoría 2126, correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone), derivaron en ocho pliegos de observaciones por un probable daño a la Hacienda Pública Federal, debido a recursos cuyo ejercicio no ha sido debidamente aclarado por las autoridades veracruzanas.
El monto más elevado de las irregularidades corresponde a 38 millones 900 mil pesos entregados a 105 trabajadores que ocuparon plazas en más de un centro de trabajo, cuyas ubicaciones geográficas resultaron incompatibles, por lo que la ASF cuestionó la posibilidad de que pudieran desempeñar sus funciones en los distintos planteles registrados.
Otro de los conceptos observados corresponde a 4 millones 600 mil pesos pagados a 36 trabajadores que se encontraban con licencia sin goce de sueldo. De acuerdo con la fiscalización, estos recursos fueron entregados durante periodos en los que los empleados no debían recibir percepciones salariales por parte del fondo.
La revisión también identificó pagos por 2 millones 200 mil pesos a 87 trabajadores después de la fecha en que causaron baja, situación que representa otra de las irregularidades detectadas en los registros de la nómina educativa estatal.
Entre los casos documentados destacan los pagos a personas que aparecían en los registros oficiales como fallecidas. En la nómina federal se identificaron 345 mil 946 pesos correspondientes a dos personas con registro de defunción, mientras que en la nómina estatal se observaron otros 302 mil 75 pesos distribuidos entre 12 trabajadores que también figuraban en esa condición.
La suma de ambos conceptos representa 648 mil 21 pesos relacionados con pagos a personas registradas como fallecidas, sin que la documentación revisada permitiera aclarar el destino de esos recursos.
La ASF también observó 543 mil 355 pesos entregados a un trabajador que realizaba actividades en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), sin que se acreditara que sus funciones estuvieran vinculadas con los servicios de educación básica y normal, para los cuales está destinado el Fone.
La auditoría comprendió una revisión de 38 mil 21 millones de pesos, equivalentes a 98.5 por ciento de los recursos del fondo transferidos a Veracruz durante el ejercicio fiscal 2025. Esta cobertura permitió examinar prácticamente la totalidad de los recursos federales destinados al pago de la nómina educativa y los gastos operativos correspondientes.
Durante el proceso de fiscalización, el Gobierno de Veracruz reintegró 9 millones 875 mil pesos a la Tesorería de la Federación. Sin embargo, el informe mantuvo observaciones por 48 millones 657 mil 604 pesos pendientes de aclaración, por lo que las autoridades deberán presentar documentación y elementos que permitan solventar las irregularidades señaladas.
Además de las anomalías en el pago de salarios, la revisión incluyó procedimientos de contratación realizados por la Secretaría de Educación de Veracruz. En seis adquisiciones efectuadas mediante adjudicación directa, la ASF determinó que no se acreditaron debidamente las circunstancias extraordinarias que justificaran exceptuar el procedimiento de licitación pública.
Estas observaciones forman parte de la fiscalización del gasto federalizado correspondiente a 2025, mediante la cual la ASF revisa que las entidades federativas utilicen los recursos transferidos conforme a los objetivos y disposiciones establecidos para cada fondo.
En el caso de Veracruz, los resultados colocan bajo revisión los mecanismos de control y validación de la nómina educativa, particularmente los procedimientos para verificar la vigencia de las plazas, la situación laboral de los trabajadores y la correspondencia entre los centros de trabajo registrados y las funciones desempeñadas.
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