Durante la comparecencia de Gerardo Mérida en NY se afirma que en su contra hay evidencia abundante. El general en retiro es acusado por EU de recibir sobornos de Los Chapitos
Nueva York, Estados Unidos, 01/06/26 (Más).- Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en pedir pruebas sobre las acusaciones de Estados Unidos contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, una jueza federal en Nueva York afirmó que la evidencia contra Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública estatal, es abundante.
De acuerdo con información publicada por Animal Político, la jueza Katherine Polk hizo esa valoración durante la comparecencia del general retirado, señalado por el gobierno estadounidense de presuntamente operar en beneficio de la facción de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa.
“La evidencia es abundante”, dijo la jueza al referirse a los elementos integrados en la acusación contra Mérida Sánchez, quien fue secretario de Seguridad Pública de Sinaloa entre 2023 y 2024, durante la administración de Rubén Rocha Moya.
El señalamiento ocurre en medio de la postura reiterada de Sheinbaum, quien ha cuestionado la solidez de las acusaciones de Estados Unidos y ha sostenido que el gobierno mexicano no ha recibido pruebas suficientes para actuar contra los diez mexicanos señalados en el caso.
Entre los acusados figuran funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, incluido el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.
Según la acusación del Departamento de Justicia, Mérida Sánchez habría recibido sobornos mensuales de hasta 100 mil dólares de Los Chapitos a cambio de información sobre operativos contra laboratorios clandestinos de droga.
El expediente señala que los imputados presuntamente conspiraron con esa facción criminal para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos, a cambio de sobornos millonarios y apoyo electoral.
Mérida Sánchez compareció este 1 de junio ante la corte estadounidense, en una audiencia breve tras la cual se fijó un plazo de 60 días para revisar las pruebas presentadas y definir las opciones legales de cara al juicio.
La acusación formal forma parte del expediente S9 23 Cr. 180, novena ampliación presentada el 29 de abril de 2026 por el Gran Jurado del Distrito Sur de Nueva York ante la jueza Polk Failla.
El exsecretario de Seguridad fue el primero de los diez acusados en entregarse voluntariamente a las autoridades de Estados Unidos, luego de cruzar hacia Arizona desde Hermosillo el 11 de mayo de 2026, para después ser trasladado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York.
El caso ha generado tensión entre los gobiernos de México y Estados Unidos, debido a que la administración estadounidense solicitó detenciones urgentes con fines de extradición, mientras que la Fiscalía General de la República concluyó que no había elementos suficientes para proceder.
Sheinbaum defendió esa postura el 28 de mayo, cuando afirmó: “Tenemos derecho a dudar y que en todo caso se presenten las pruebas pertinentes”. También sostuvo que las autoridades mexicanas deben actuar conforme a la ley y no solo por señalamientos externos: “No es porque cualquiera venga a decir ‘cometió un delito’, entonces actúas”.
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