Validaría ley contra extorsiones declaración hecha bajo tortura

Organizaciones civiles alertan que iniciativa contempla medidas que vulneran estándares internacionales y el debido proceso. La propuesta surge en respuesta al incremento sostenido de casos de extorsión

Ciudad de México, 22/10/25 (Más).- Una iniciativa de ley enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso para combatir la extorsión en todo el país ha encendido las alertas entre organizaciones defensoras de derechos humanos, al contener disposiciones que podrían validar pruebas obtenidas mediante violaciones a derechos fundamentales, como la tortura.

Así lo advirtió el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), al señalar que el artículo 27 del proyecto representa un grave retroceso en la protección del debido proceso.

De acuerdo con información difundida por Animal Político, el Centro Prodh alertó, a través de una publicación en la red social X, que el contenido de dicho artículo podría abrir la puerta a que confesiones o elementos probatorios obtenidos bajo tortura sean admitidos legalmente en los tribunales, si posteriormente son ratificados o si se considera que provienen de una “fuente independiente”, un “vínculo atenuado” o del llamado “descubrimiento inevitable”. Estas figuras, señaló la organización, retomadas de precedentes de hace más de una década, contradicen estándares internacionales de derechos humanos que México está obligado a cumplir.

El artículo en cuestión establece que: “La autoridad judicial, para resolver cualquier incidente de nulidad o exclusión de pruebas que haga valer la persona imputada o su defensa, durante un procedimiento seguido por algún delito previsto en esta Ley, por considerar que fueron obtenidas con violación de derechos humanos, deberá analizar oficiosamente si se actualiza la fuente independiente, el vínculo atenuado o el descubrimiento inevitable sobre las mismas”.

Según el Centro Prodh, esta redacción podría implicar que una prueba obtenida mediante una violación a derechos humanos, como la tortura, podría ser validada bajo ciertas excepciones. La organización recordó que en 2017, durante la discusión de la Ley General sobre Tortura, el Gobierno federal ya había intentado incorporar estas excepciones, las cuales fueron rechazadas por el Congreso, en reconocimiento del principio de exclusión absoluta de pruebas obtenidas bajo tortura, como lo establece la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Uno de los precedentes clave mencionados por el Centro es el caso de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, dos campesinos ecologistas guerrerenses detenidos y torturados por militares en 1999, tras su activismo ambiental. Ambos fueron obligados a firmar declaraciones autoinculpatorias y condenados por delitos que no cometieron.

El caso fue llevado por el Centro Prodh ante la Corte IDH, que en 2010 determinó la responsabilidad del Estado mexicano por violaciones a los derechos a la libertad personal, integridad física y garantías judiciales. La Corte ordenó al Estado garantizar que ninguna prueba obtenida mediante tortura pueda ser usada en ningún tipo de procedimiento legal.

La iniciativa del Ejecutivo, enviada al Congreso el pasado 17 de octubre por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca unificar la legislación en materia de extorsión, endurecer penas y establecer su persecución de oficio. Entre sus propuestas se incluye la imposición de sanciones de hasta 15 años de prisión, así como agravantes en casos de “cobro de piso” o cuando el delito se cometa desde un centro penitenciario. Según explicó la consejera jurídica del Ejecutivo, Ernestina Godoy, el proyecto fue elaborado en conjunto por diversas dependencias del Gobierno federal, en una mesa técnica interinstitucional.

Sin embargo, el contenido del artículo 27 ha puesto en entredicho la compatibilidad de la reforma con los compromisos internacionales de México en materia de derechos humanos. Para el Centro Prodh, si el Congreso aprueba la iniciativa en su redacción actual, se estaría vulnerando el principio de exclusión absoluta de pruebas obtenidas de manera ilícita, afectando el debido proceso y generando un precedente preocupante en la lucha contra la tortura.

La urgencia por legislar en torno a la extorsión responde a un contexto de aumento sostenido de este delito. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y septiembre de 2025 se registraron 8 mil 585 víctimas de extorsión, un incremento del 5.2% en comparación con el mismo periodo del año anterior, y la cifra más alta desde 2015. Casi la mitad de los casos se concentra en Ciudad de México, Estado de México y Guanajuato, mientras que entidades como Chiapas, Nayarit y la propia capital del país reportaron los mayores aumentos porcentuales.

Organizaciones como México Evalúa han señalado que la extorsión se ha convertido en uno de los mecanismos más persistentes del crimen organizado para ejercer control territorial y financiero, afectando gravemente al pequeño comercio y a la población en general. En lo que va de 2025, el delito ha crecido en al menos 17 entidades, a pesar del despliegue de una nueva estrategia federal iniciada en julio.

Mientras la iniciativa avanza en el Congreso, crecen también las demandas para que se garantice el respeto a los derechos humanos en la lucha contra el crimen. Diversos actores sociales han pedido que se eliminen del texto legal las excepciones que podrían permitir la validación de pruebas obtenidas mediante prácticas prohibidas como la tortura, y que el combate a la extorsión no implique sacrificar garantías fundamentales. La discusión legislativa en los próximos días será crucial para definir el rumbo de esta propuesta.