Washington, D.C., 07/02/25 (Más / IA).- La ofensiva del presidente Donald Trump contra las ciudades santuario ha comenzado con fuerza. Chicago, presentada por su administración como un ejemplo de desgobierno y caos derivado de sus políticas de protección a migrantes, se ha convertido en el primer blanco de una estrategia judicial y legislativa para desmantelar las jurisdicciones que limitan la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La Casa Blanca ha puesto en marcha una demanda contra funcionarios del estado de Illinois y su capital, mientras que en el Congreso se investiga a otras ciudades con normativas similares.
Desde su primera campaña presidencial, Trump ha señalado a las ciudades santuario como responsables del aumento de la criminalidad y ha prometido eliminarlas. Ahora, con su regreso a la Casa Blanca, su administración ha puesto en marcha dos líneas de acción principales: la presión económica, con la amenaza de recortar fondos federales a estos territorios, y la ofensiva judicial, alegando que sus políticas interfieren con la aplicación de la ley federal de inmigración y violan la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos.
El gobierno federal ha advertido en repetidas ocasiones que las localidades con leyes de santuario enfrentarán sanciones económicas, pero ante la negativa de muchas de ellas a ceder, la administración ha optado por medidas más agresivas. En su primer día completo en el cargo, la fiscal general Pam Bondi instruyó a su equipo para identificar y tomar acción contra administraciones locales que impidan la aplicación de la política migratoria. Un día después, anunció una demanda contra funcionarios de Illinois, incluyendo al gobernador J.B. Pritzker y al alcalde de Chicago, Brandon Johnson, ambos líderes demócratas que se han posicionado en contra de la agenda de deportaciones masivas de Trump.
El Departamento de Justicia argumenta que las normativas estatales y locales, como la Ley de Confianza de Illinois, la Ley Camino a Seguir y la Ordenanza Ciudad Acogedora de Chicago, están diseñadas para obstaculizar la aplicación de la ley federal de inmigración. En respuesta, el gobernador Pritzker defendió las políticas de Illinois: “A diferencia de Donald Trump, Illinois cumple la ley. La ley bipartidista Illinois TRUST Act, firmada por un gobernador republicano, siempre ha cumplido con la ley federal y todavía lo hace hoy. Illinois defenderá nuestras leyes que priorizan los recursos policiales para combatir el crimen, al tiempo que permiten a las fuerzas del orden estatales ayudar con la detención de criminales violentos”.
Mientras la batalla legal avanza, en el Congreso también se han abierto frentes contra las ciudades santuario. James Comer, presidente del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, anunció una investigación sobre estas jurisdicciones. En este contexto, los alcaldes de Chicago, Boston, Denver y Nueva York han sido llamados a testificar el próximo 5 de marzo. Comer ha acusado a estas ciudades de poner en riesgo la seguridad pública al liberar a “delincuentes extranjeros ilegales” en las calles y ha asegurado que presionará a sus líderes para que rindan cuentas.
Hasta ahora, la mayoría de los gobernantes de ciudades santuario han mantenido su postura, con la excepción del alcalde de Nueva York, Eric Adams, quien ha mostrado disposición a colaborar con la administración Trump y modificar la normativa local que impide la cooperación con ICE. Sin embargo, otras localidades demócratas, desde California hasta Massachusetts, han reiterado su compromiso de no participar en redadas migratorias y de mantener sus políticas de protección a los migrantes indocumentados. Sus argumentos son tanto éticos como prácticos: sostienen que estas leyes permiten que las comunidades migrantes confíen en la policía y denuncien delitos sin temor a ser deportadas.
Desde el entorno de Trump, las ciudades santuario son vistas como un refugio para criminales, y no hay señales de que el discurso en su contra se suavice. De hecho, la actual ofensiva es una continuación de las políticas de su primera administración. En ese periodo, el gobierno intentó retener fondos federales a estas jurisdicciones, pero los tribunales fallaron en contra de la Casa Blanca. Ahora, la estrategia legal ha evolucionado, y Trump cuenta con un aparato institucional más alineado con su visión, incluyendo un Tribunal Supremo con mayoría conservadora, donde tres de los seis jueces han sido nombrados por él mismo.
El futuro de las ciudades santuario está en disputa. Con una administración decidida a desmantelarlas y una oposición dispuesta a defenderlas en los tribunales, el conflicto parece destinado a prolongarse hasta la última instancia. En ese escenario, la Corte Suprema de Estados Unidos tendrá la última palabra sobre una de las batallas más polarizantes en la agenda migratoria del país.
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