Va EU contra empresarios por soborno a Pemex

Los mexicanos Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizarraga fueron acusados de soborno. Habrían entregado efectivo y artículos de lujo a cambio de contratos

Los Ángeles (EU), 11 ago (EFE).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, en inglés) reveló este lunes que dos ciudadanos mexicanos fueron acusados de presuntamente sobornar a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) para obtener contratos lucrativos.

Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, de 46 años, y Mario Alberto Ávila Lizarraga, de 61 años, presuntamente conspiraron para pagar al menos 150,000 dólares en sobornos a funcionarios de Pemex y su subsidiaria Pemex Exploración y Producción (PEP).

Los dos mexicanos enfrentan cada uno un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y tres cargos por violaciones sustanciales de la FCPA.

Según documentos judiciales, entre 2019 y 2021, Rovirosa, Ávila y sus cómplices habrían ofrecido pagar y pagaron sobornos en forma de artículos de lujo, como productos de las marcas Louis Vuitton y Hublot, pagos en efectivo y otros artículos de valor, a al menos tres funcionarios de Pemex y PEP a cambio de que estos tomaran ciertas medidas para ayudar a las empresas asociadas con Rovirosa a obtener y retener negocios con la petrolera mexicana.

Estos sobornos ayudaron a empresas asociadas con Rovirosa a obtener contratos con Pemex y PEP por al menos 2.5 millones de dólares.

Ambos acusados son ciudadanos de nacionalidad mexicana que residían legalmente en Texas, según explicó el DOJ. Rovirosa fue procesado este lunes, mientras que Ávila se encuentra prófugo.

Matthew R. Galeotti, fiscal de la División Penal del Departamento de Justicia, dijo en un comunicado que esta acusación debe enviar un mensaje claro de que la Justicia estadounidense no tolerará a quienes enriquezcan a funcionarios corruptos para beneficio personal y en detrimento del mercado justo.

De ser declarados culpables, cada uno enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión por cada cargo.