Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 09/11/26 (Más).- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por más de 99 millones de pesos en el Gobierno de Chiapas, principalmente por el manejo de recursos destinados a la atención de pacientes sin seguridad social, además de pagos indebidos en el sector educativo y la entrega de apoyos sociales a personas que no cumplían con los requisitos establecidos.
De acuerdo con información publicada por Animal Político, las anomalías corresponden al primer año de la administración del gobernador morenista Eduardo Ramírez Aguilar y fueron documentadas en tres auditorías incluidas en la Segunda Entrega de Informes de Resultados de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2025.
El mayor monto observado corresponde al Instituto de Salud del Estado de Chiapas, donde la ASF identificó irregularidades por 55 millones 63 mil pesos, relacionados con recursos que debían utilizarse para proporcionar servicios médicos a personas que carecen de seguridad social, pero que fueron aplicados en conceptos no autorizados dentro del programa correspondiente.
Según el informe de auditoría 2025-A-07000-19-0575-2026, el organismo estatal tampoco notificó al IMSS-Bienestar los conceptos en los que ejerció esos recursos, lo que impidió acreditar su aplicación conforme a las disposiciones del programa. El órgano fiscalizador no precisó en qué fueron utilizados finalmente los fondos observados.
Las irregularidades también alcanzaron a la Secretaría de Educación de Chiapas, donde se detectaron pagos de nómina por 42 millones 457 mil pesos que presentan anomalías relacionadas con trabajadores que recibían remuneraciones simultáneas en distintos centros laborales, sin que existieran condiciones para justificar el cumplimiento de sus funciones.
La auditoría 2025-A-07000-19-0583-2026 identificó empleados que aparecían registrados en dos o más centros de trabajo ubicados en diferentes localidades, situación que hacía improbable su presencia y desempeño en todos los lugares donde supuestamente prestaban sus servicios; incluso se documentó el caso de una persona que recibía pagos de la Secretaría de Educación chiapaneca mientras figuraba también en la nómina gubernamental de otra entidad federativa.
Entre las observaciones se encuentran 42 personas que desempeñaban cargos de elección popular y que, simultáneamente, cobraban salarios dentro del sistema educativo estatal, sin acreditar actividades relacionadas con la educación básica o con las escuelas normales.
La ASF identificó además a 11 integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que percibieron remuneraciones por supuestas labores en planteles educativos, aunque no se presentaron evidencias suficientes para demostrar que efectivamente realizaron esas actividades.
A estos casos se sumaron pagos a personas que previamente habían renunciado a sus puestos en la Secretaría de Educación, así como registros de trabajadores fallecidos que continuaban apareciendo en la nómina y recibiendo remuneraciones.
En materia de programas sociales, la fiscalización también encontró irregularidades por un millón 607 mil pesos en apoyos distribuidos mediante el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas (DIF), correspondientes a mil 179 beneficiarios que no reunían las condiciones de elegibilidad o cuyos registros presentaban inconsistencias.
El informe 2025-A-07000-19-0580-2026 señala que algunos beneficiarios estaban fuera del rango de edad de entre 3 y 17 años requerido para uno de los programas asistenciales. En otros expedientes se encontraron inconsistencias en la Clave Única de Registro de Población (CURP), lo que impidió acreditar plenamente el cumplimiento de los criterios para recibir los apoyos.
Aunque las observaciones fueron presentadas formalmente por la ASF, los recursos señalados todavía se encuentran sujetos al procedimiento de fiscalización, por lo que las autoridades estatales pueden presentar documentación y elementos probatorios para justificar su ejercicio y solventar las anomalías.
En caso de que el gobierno de Chiapas no consiga aclarar el destino de los recursos o acreditar la legalidad de los pagos y apoyos cuestionados, la Auditoría Superior de la Federación podrá continuar con las investigaciones correspondientes y, de encontrar elementos suficientes, presentar denuncias ante las instancias competentes.
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