Ciudad de México, 19/11/26 (Más).- El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó la inhabilitación por un año de Rosario Robles Berlanga para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público federal, debido a que omitió incluir una cuenta bancaria en sus declaraciones patrimoniales durante su gestión en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con información publicada por Infobae, el Pleno del TFJA aprobó por unanimidad la sanción durante una sesión pública realizada el 18 de noviembre de 2026. La resolución también ordena inscribir a la exsecretaria de Estado en el Registro de Servidores Públicos Sancionados.
El procedimiento se originó cuando la entonces Secretaría de la Función Pública (SFP) revisó la evolución patrimonial de Robles, correspondiente a sus periodos como titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), de 2012 a 2015, y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), de 2015 a 2018.
La auditoría detectó que la exfuncionaria no reportó una cuenta bancaria a su nombre en las declaraciones patrimoniales que presentó durante su desempeño en el gobierno federal, situación que fue considerada por las autoridades como una falta de veracidad en la información proporcionada.
En septiembre de 2019, la SFP impuso inicialmente una inhabilitación de 10 años; sin embargo, la resolución fue impugnada y posteriormente anulada por un Tribunal Colegiado, lo que obligó a la dependencia a revisar nuevamente el expediente.
En junio de 2023, la Función Pública emitió una nueva resolución y redujo la sanción a un año de inhabilitación. Robles volvió a impugnar la determinación ante el TFJA, al argumentar que se pretendía sancionarla dos veces por los mismos hechos.
Los magistrados rechazaron ese planteamiento al considerar que la resolución de 2023 no representaba una segunda sanción, sino la continuación del procedimiento iniciado en 2019, luego de que la primera resolución fuera anulada. Por ello, determinaron que no existió una violación al principio jurídico de no ser juzgada dos veces por la misma conducta.
La inhabilitación comenzará a contar a partir de la notificación formal del fallo, por lo que no tendrá efectos retroactivos a 2019 ni a 2023. Hasta que se concrete esa notificación, Robles Berlanga no estará formalmente impedida para ocupar un cargo público.
La resolución administrativa es independiente del proceso penal relacionado con el caso conocido como la Estafa Maestra, en el que se investigó un presunto desvío de más de cinco mil millones de pesos mediante convenios entre dependencias federales, universidades públicas y empresas.
En febrero de 2023, un juez decretó el sobreseimiento de la causa penal contra Robles, con efectos de sentencia absolutoria, al considerar que los hechos atribuidos correspondían a posibles responsabilidades administrativas y no al delito de ejercicio indebido del servicio público.
Posteriormente, en octubre de 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó por unanimidad un recurso de la Auditoría Superior de la Federación contra esa determinación, por lo que la absolución penal quedó firme. Robles permaneció aproximadamente tres años en prisión durante el desarrollo del proceso.
Con la resolución del TFJA, la exfuncionaria enfrenta una sanción administrativa de un año, sin que ello modifique su situación jurídica respecto de la absolución definitiva obtenida en el expediente penal de la Estafa Maestra.
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