Por Francisco Ortiz Pinchetti
En cascada se precipitan las papas calientes con que Claudia Sheinbaum Pardo tiene que lidiar todos los días en su conferencia matutina. En lugar de afrontarlas, sin embargo, ella ha hecho de la negación una estrategia. De pronto recurre a una victimización muy propia de la escuela lopezobradorista, como una manera de evasión. O alude –supongo que sin proponérselo–, a la célebre canción de Joaquín Sabina, Lo niego todo.
Claro, tener que encarar cuestionamientos cada vez más graves no es cosa fácil, para nadie. De ahí que a menudo se le note nerviosa o incómoda, o claramente molesta. A veces la veo francamente aterrada, aunque suele camuflarlo con una sonrisa entre displicente e irónica; un ademán tenso, muy suyo, de dientes apretados, que evidencia el esfuerzo por mantener la compostura. Eso sí, mostrando siempre una dentadura impecable.
Las alusiones a posibles nexos de morenistas con el crimen organizado, incluido a su antecesor, la descomponen. Se le nota: su aparente serenidad se quiebra en pleno escenario y entonces recurre a la descalificación, a la evasión, a la mentira.
O simplemente, lo niega todo.
Y es que la presidenta ha erigido un muro defensivo ante un asedio multidimensional que crece sin pausa y que evidentemente le agobia. Con razón, claro. Frente a las presiones de Washington, la desconfianza del sector privado por la Reforma Judicial, la incertidumbre financiera y los escándalos internos por corrupción y fallas en servicios públicos, los escándalos de Sinaloa y ahora, la titular del Ejecutivo ha sustituido la rendición de cuentas por una táctica de blindaje retórico.
Esa postura, que se nutre de la estigmatización sistemática de sus críticos, la exigencia de pruebas judiciales imposibles para invalidar el escrutinio, el uso de la Fiscalía como escudo y la recurrente coartada de culpar al pasado calderonista, revela a una mandataria que prefiere la evasión y el contraataque a la transparencia frente a una realidad que, día a día, desborda su narrativa oficial.
La confrontación con el exterior marca el ritmo de este aislamiento. Cuando la Casa Blanca, la DEA o el FBI señalan debilidades en la estrategia de seguridad o vínculos oscuros del crimen con políticos mexicanos, la respuesta en Palacio Nacional es siempre la misma: el desplante soberanista.
El caso del piloto del avión que trasladó a “El Mayo” Zambada es, quizás, el ejemplo perfecto de esta opacidad: un fantasma sobre el que el gobierno mexicano se ha negado a dar explicaciones, refugiándose en el silencio mientras la información fluye desde el extranjero.
Otro: La reciente renuncia de Ulises Lara López como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la Fiscalía General de la República (FGR) y vocero de la propia dependencia federal, en medio del estrépito por este mismo asunto, no es un hecho aislado: es el síntoma de una Fiscalía que se quedó sin guion. Cuando la realidad desborda la narrativa oficial, el funcionario se retira del escenario por “razones personales”, pero la opacidad permanece.
El caso del traslado de los capos hacia Estados Unidos, que sigue siendo una herida abierta en la relación bilateral, es manejado como una afrenta inaceptable, deslindándose de cualquier omisión en los protocolos nacionales, incluso cuando la evidencia apunta a una coordinación rebasada o, peor aún, deliberadamente ignorada.
Y en cuanto a las acusaciones que persiguen a funcionarios de alto rango y gobernadores aliados, como el sinaloense Rubén Rocha Moya, la presidenta no ofrece investigaciones internas exhaustivas ni transparencia administrativa; por el contrario, deslegitima al acusador, como si el desdén político y la retórica de la «injerencia» pudieran borrar las sombras que hoy persiguen a parte de su aparato gubernamental. “No hay pruebas”, repite siempre.
Ahora se comprueba que la cancelación del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) no fue un ajuste administrativo, como lo manejó el Gobierno morenista, sino la trinchera definitiva de esta administración. Al eliminar a su vigilante, el Ejecutivo no solo buscó ahorrar recursos; se blindó ante la posibilidad de ser cuestionado. Es la defensa última: si no hay organismo que obligue a transparentar, no hay información que pueda usar el periodista ni el ciudadano. La opacidad se convierte, entonces, en la mejor aliada de un gobierno que prefiere el secreto a la fiscalización.
Al cerrar la ventana institucional, Claudia ha volcado sus ataques hacia el vigilante ciudadano: la prensa. Cada vez que surge una revelación sobre despilfarros, contratos adjudicados a amigos o negocios fraguados al calor del poder, la respuesta no son auditorías, sino etiquetas. Si el periodista cuestiona, se convierte en un enemigo de la transformación; si el medio publica, es un adversario al servicio de la-ultraderecha-que-solo-busca-reconquistar-sus-privilegios-perdidos.
El suyo es un blindaje que busca invalidar al mensajero antes de que el ciudadano pueda siquiera analizar la evidencia. Un ejemplo claro es la gestión de los contratos en sectores estratégicos, donde ante señalamientos puntuales de sobrecostos o tráfico de influencias, la respuesta es el ataque directo, evitando a toda costa la apertura de expedientes. Y si la presión mediática escala, la presidenta recurre entonces a exigir «pruebas judiciales», una trampa retórica diseñada para trasladar la carga de la prueba al denunciante, obligándolo a actuar como fiscal —un rol que no le corresponde— para que el Gobierno pueda lavarse las manos escudándose en la “autonomía” de una FGR cuya subordinación al Ejecutivo es, a estas alturas, un secreto a voces.
Es un hecho evidente que hasta la infraestructura básica ha caído bajo esta lógica de defensa mañosa. Los cada vez más frecuentes apagones, que afectan tanto a la industria como a los hogares, ya no son reconocidos como fallas sistémicas, sino como «problemas de distribución» o “interrupciones”. La incertidumbre financiera que ahuyenta inversiones no es producto de una reforma judicial cuestionada, sino de un supuesto sabotaje conservador. Y siempre, como último recurso frente al fracaso, emerge el fantasma de Felipe Calderón. Es la coartada perfecta, el comodín para culpar a un gobierno de hace dos décadas de cualquier grieta en el presente.
Por supuesto que la insistencia en este punto no es casual; es una táctica distractora para evitar la autocrítica sobre las decisiones tomadas durante este sexenio. Si hay inseguridad, es culpa de Calderón; si hay crisis en el sistema de salud, es herencia de Calderón; si la economía tambalea, es el neoliberalismo que, según el discurso oficial, aún opera desde las sombras.
Lo que vemos es a una presidenta atrincherada, cuya narrativa se desmorona ante una realidad que se le viene encima. Su reacción ante el caso de la conversación sostenida por la Gobernadora morenista de Baja California, Marina del Pilar Ávila, con supuestos agentes estadunidenses cuya identidad ella misma dice desconocer, pero a los que ofrece información de seguridad pública a cambio de impunidad, fue sencillamente patética: encubrimiento vil, de la manera más burda. “Ella ya dio su explicación”, dijo para poner punto final al tema.
En suma, al optar por el contraataque permanente en lugar de la rendición de cuentas, Sheinbaum Pardo no solo clausura la posibilidad de un diálogo democrático, sino que revela una debilidad estructural alarmante: un gobierno que le teme al escrutinio es un gobierno que ha dejado de gobernar para el país, concentrándose exclusivamente en la preservación de su propia trinchera.
La transparencia, que debería ser la divisa de su gestión, ha sido sustituida por el blindaje de la opacidad.
Pienso que mientras la mandataria se mantenga en esta postura defensiva, la brecha entre el México real y la narrativa de Palacio Nacional seguirá ensanchándose, dejando a la deriva la resolución de los problemas que verdaderamente le duelen a los mexicanos, que no son los del pasado, sino los que ocurren hoy, bajo su vigilancia y bajo su responsabilidad. Ella, sin más, lo niega todo. Válgame.
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