Una mujer gobernará Coahuila

Por Miguel Villarello

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Propuso el Partido Revolucionario Institucional en el Congreso la paridad constitucional en todo, en elecciones, en la integración de organismos autónomos, así como en toda la administración pública, de la justicia, legislativa y ejecutiva, incluso para la elección al cargo de la gubernatura y los gobiernos municipales.

Sin ser votada y sin comentarios al respecto por parte de los grupos parlamentarios del PAN, MORENA, PVEM o UDC, la Mesa Directiva determinó transferir a la Comisión de Puntos Constitucionales la iniciativa de proyecto de decreto para reformar la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, para su análisis y posterior dictamen.

Propuesta por el PRI, leída por la mayoría de los legisladores de esa fuerza política, busca reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política local en materia de igualdad de género.

Aunque fue muy extensa su lectura, tanto, que tardó dos horas en ser presentada en el Pleno, la presidenta de la Mesa Directiva, Guadalupe Oyervides Valdez, en su intervención específicamente destacó que, respecto de la elección a la gubernatura, en relación con la implementación del principio constitucional de paridad de género en la elección de la Gubernatura del Estado, este se garantizará a partir de un criterio de alternancia condicionada por el género previo.

Y explicó que será de conformidad con, por ejemplo, en el caso de que en el proceso electoral 2023 para renovar la Gubernatura se elija a un hombre como titular del Ejecutivo, se propone crear una acción afirmativa para que los partidos políticos nacionales y locales se encuentren obligados a postular exclusivamente a mujeres en el siguiente proceso electoral en que se renueve dicho cargo en 2029.

“Pero si resulta electa una mujer en el proceso electoral 2023, dichos institutos políticos estarán en la posibilidad de postular a un hombre en el proceso electoral subsecuente, conforme a sus procesos de selección interna o postular nuevamente a una mujer”.

Ello, destacó, refrenda la paridad en términos de resultados, pues en cada proceso electoral se propiciará un resultado paritario que permita alternancia en la posición, al obligar a los partidos políticos nacionales y locales a postular candidaturas del sexo opuesto al que se encuentra en funciones dependiendo del caso.

Oyervides Valdez mencionó que lo anterior lleva la: “finalidad de favorecer el acceso de mujeres en la titularidad del Ejecutivo del Estado, por lo menos, cada que transcurra un sexenio, sin que ello implique la imposibilidad de que los partidos puedan postular mujeres de manera sucesiva si así lo desean”.

“Con la precisión de que la medida implementada resulta aplicable y surte sus efectos desde el proceso electoral 2023, pues desde la entrada en vigor de esta iniciativa se fija una regla para condicionar necesariamente el género del cargo a partir del resultado del siguiente proceso de elección”, explicó.

Con ello se quiere decir que, derivado del resultado que arroje la elección del siguiente proceso electoral, se condicionará el género para garantizar la regla de alternancia y el cumplimiento del principio paritario.

No obstante, la medida que se implementa en la iniciativa va más allá de las condiciones que determinó la Reforma Constitucional de 2019, pues en la misma no se estableció expresamente una medida de postulación de mujeres condicionada necesariamente al género de la persona que ocupe actualmente la gubernatura.

Por ello, si la iniciativa presentada busca implementar una medida de alternancia condicionada por el género de la persona electa en un proceso anterior, se entiende que debe existir un proceso electoral condicionante, de ahí que exista amplia libertad de los partidos políticos para definir el género de sus candidaturas para la elección del 2023, recalcó.

Aunque en el Artículo 4 habla de hacer extensiva la integración de manera paritaria a los gobiernos municipales, esta reforma también pretende regir para integrar los tres poderes del Estado y los organismos autónomos en forma paritaria, así como las secretarías del ramo, los organismos públicos autónomos, el Poder Judicial y el Consejo de la Judicatura, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y la Fiscalía General del Estado.

El grupo parlamentario que presentó la iniciativa insistió en que la paridad de género debe apreciarse en términos de resultados en la que el derecho de las mujeres a participar en igualdad de oportunidades y sin discriminación por la Gubernatura de un estado debe materializarse en cada sexenio o periodo constitucional, como se propone en el modelo coahuilense, incluso con la posibilidad de que dos mujeres puedan acceder al cargo de manera sucesiva como se plantea en el presente dictamen.

Esta iniciativa prevé que las coaliciones o candidaturas comunes y los partidos políticos nacionales y locales que participen por primera vez en los procesos electorales para renovar la Gubernatura a partir de la elección del 2023 también estarán obligados a cumplir con dicho principio de paridad, mas no así las candidaturas independientes, es decir, estas no aplicarán la regla de paridad para postular solamente a mujeres.