En menos de tres días, las acusaciones en Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa detonaron una crisis política con efectos inmediatos en México, que incluye la solicitud de licencia temporal por parte del mandatario. La imputación por presuntos vínculos con el crimen organizado derivó en solicitudes de extradición y en el inicio de revisiones por parte de autoridades federales
Ciudad de México 02/05/26 (Más).- En un lapso de 58 horas, el caso contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, escaló de una acusación formal en Estados Unidos a una crisis política y judicial con repercusiones en México, incluyendo solicitudes de extradición, reacciones del gobierno federal, violencia en la entidad y la solicitud de licencia del mandatario.
El 29 de abril de 2026, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación formal contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios por presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa, a quienes señala de facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, así como de participar en delitos relacionados con armas, secuestro y homicidio.
Ese mismo día se informó que el expediente fue turnado a la jueza Katherine Polk Failla, tras la validación de un Gran Jurado.
Horas después, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó la recepción de solicitudes de extradición por parte del gobierno estadounidense, aunque precisó que los documentos no contaban con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas, por lo que fueron enviados a la Fiscalía General de la República (FGR) para su análisis.
El mismo 29 de abril, Rocha Moya rechazó los señalamientos y los calificó como una calumnia, asegurando que serían desmentidos. En ese primer posicionamiento, sostuvo que el caso formaba parte de una estrategia contra la llamada Cuarta Transformación.
Para el 30 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó el tema y no descartó un trasfondo político en las acusaciones, al tiempo que afirmó que su gobierno no encubrirá a nadie, pero exigió pruebas contundentes para proceder.
En paralelo, el Partido Acción Nacional pidió al Senado analizar la desaparición de poderes en Sinaloa, al considerar que se trata de una crisis de Estado.
Ese mismo día también se retomaron antecedentes del caso, con señalamientos de que investigaciones contra Rocha Moya podrían existir desde 2012, de acuerdo con declaraciones del diputado Jericó Abramo Masso.
El 1 de mayo, la crisis se profundizó con varios hechos simultáneos. Por un lado, la presidenta Sheinbaum viajó a Palenque, Chiapas, en medio de protestas convocadas por el magisterio.
También se generó atención el despegue de un avión de las Fuerzas Armadas de México con matrícula ANX-1230, que salió de la Ciudad de México y realizó escalas en Palenque, Chiapas, y Chetumal, Quintana Roo, en medio de la polémica por las acusaciones contra Rocha Moya.
La aeronave permaneció cerca de una hora en Palenque antes de continuar su ruta, sin que las autoridades informaran oficialmente el motivo del vuelo ni quiénes viajaban a bordo, lo que alimentó especulaciones por tratarse del municipio donde reside el expresidente Andrés Manuel López Obrador desde 2024, sin embargo la presidenta negó que visitara al expresidente.
En Sinaloa, se reportaron al menos nueve homicidios tras la difusión de las acusaciones, mientras que también se generó atención por un vuelo de una aeronave militar con escala en Palenque.
Ese mismo día, la presidenta calificó el caso como un embate del exterior y llamó a la unidad nacional, insistiendo en que cualquier acción debe sustentarse en pruebas. Horas más tarde, Rocha Moya anunció que solicitó licencia temporal al cargo de gobernador para no interferir en las investigaciones, afirmando tener la conciencia tranquila. La decisión ocurrió en paralelo a la solicitud de licencia del alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, también señalado en el caso.
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