Ciudad de México, 04/05/26 (Más).- Un juez de control será el que determine si procede la detención de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y de otros nueve funcionarios mexicanos señalados por Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con información de Infobae, Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica de la presidenta Claudia Sheinbaum, explicó que la solicitud de detención provisional con fines de extradición presentada por el gobierno estadounidense aún se encuentra en revisión.
Durante la conferencia matutina, Alcalde detalló que este procedimiento está previsto en el artículo 11 del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, el cual contempla una detención urgente antes de que se presente la solicitud formal de extradición.
La funcionaria precisó que, para que proceda esta vía, la petición debe incluir elementos probatorios que acrediten la urgencia del caso, como riesgo de fuga o posibilidad de obstaculización del proceso por parte de las personas requeridas.
En el caso de Rocha Moya y los otros funcionarios señalados, la Fiscalía General de la República detectó que la solicitud estadounidense no incluyó datos de prueba suficientes para acreditar ese riesgo, por lo que la Secretaría de Relaciones Exteriores pidió a Estados Unidos presentar la información correspondiente.
Alcalde explicó que, si se confirma la urgencia, el caso pasará ante un juez de control, quien decidirá si procede la detención u otra medida cautelar contra los involucrados. A partir de ese momento, Estados Unidos tendría un plazo de 60 días para presentar la solicitud formal de extradición.
La consejera jurídica también distinguió este procedimiento de una solicitud directa de extradición, regulada en el artículo 19 del tratado bilateral, la cual debe contener el delito imputado, datos de prueba y otros requisitos legales para sustentar la petición.
Finalmente, Alcalde señaló que los procesos de extradición deben manejarse con confidencialidad para proteger el debido proceso y la presunción de inocencia. Afirmó que la Fiscalía no ha prejuzgado si se cometió algún delito ni ha determinado todavía si procede la detención provisional solicitada por Estados Unidos.
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