Por Horacio Cárdenas Zardoni
Las cosas no han cambiado demasiado entre el poder judicial anterior, corrupto, ineficiente, despegado de la realidad, que teníamos antes, y el actual, que peca exactamente de lo mismo, pero ahora con un toque político, o politiquero como gustan de decir ellos, aunque no deja de tener un cierto componente de ingenuidad, que probablemente sea atribuible a la novatez, más que a una convicción o a una consciencia de lo que pueden acarrear sus decisiones y sentencias.
De lo que estamos hablando es de la decisión que tomó una juez federal en días pasados, ante una querella interpuesta por la empresa multinacional Uber, dedicada al transporte de personas, aunque también tiene otras ramas dedicadas a llevar alimentos y paquetes. El pleito lo interpuso Uber hace algunos años, y era contra la disposición, administrativa, más que legal, que le impedía a sus conductores dejar pasaje y recoger pasaje en los aeropuertos nacionales.
¿Por qué no podía Uber, Didi, Indriver y algunas otras plataformas digitales recoger clientes en los aeropuertos?, no es que no hubiera un mercado para ello, todo lo contrario, sino que el negocio estaba controlado por empresas, muchas de ellas asociadas a sindicatos de conductores, que por alguna peregrina razón habían adquirido la idea de que eran los únicos que podían prestar ese servicio… y hágales entender.
Como suele suceder en estas cosas, las autoridades en vez de actuar con justicia y con juicio, se inclinaron por los de siempre, con la gente con la que tenían contactos, si no es que compartían intereses y hasta ingresos. ¿Por qué habrían de darle entrada a otros actores económicos a un negocio que da para todos?, ah, pues porque Uber y las demás se han ganado un espacio en el mercado de transporte por dos razones básicas: precio y calidad en el servicio, así nada más.
A todo el que ha viajado en avión, y ha utilizado un taxi del aeropuerto, le consta que el servicio es carísimo, desproporcionadamente caro. Eso en general, y si aparte de eso le ven cara de provinciano y le atascan un viaje en suburban o camioneta similar, aunque vaya usted como único pasajero, cobrándole el doble de lo que le costaría un viaje en un carro normal, y el triple de lo que le costaría en un taxi que no fuera ‘exclusivo’, ‘autorizado’.
En otros países ha sido igual, incluso en algunos capitalistas del primer mundo, ni que decir acá en donde lo que priva es la ley de la selva: ante la competencia de alguien que cobra más barato, y que se ha vuelto el favorito de la clientela, los taxistas han reaccionado mal, y por mal queremos decir a golpes. Sobre todo en el aeropuerto de la Ciudad de México, pero también en los de otras ciudades y hasta aquí en Saltillo, no en el aeropuerto pero sí en plena calle, a los conductores de plataforma los han bajado a jalones de sus carros y les han propinado tremendas golpizas, esto con la intención de intimidarlos, para que se mantengan alejados de lo que consideran y tratan con el pie, pero como si fuera suya, la clientela.
Fue por eso que la autoridad había dispuesto que los Didis y los Uber se mantuvieran alejados de las terminales aéreas. Me tocó en San Luis Potosí y en Guadalajara que había que caminar más de cien metros del límite del aeropuerto, para que allí me recogiera y me fuera a dejar un Uber, y no era yo el único, éramos docenas de pasajeros subiendo y bajando de los carros en una gasolinera o en el estacionamiento de un oxxo. Bueno, pues la última ocasión ya hasta eso lo habían quitado, me imagino que presionando a la autoridad o a golpes, o ambas.
Ahora una jueza federal emite su sentencia ¿y qué cree que vaya a pasar? De entrada la dirige a la Guardia Nacional, imposibilitándola para detener a los conductores de plataforma que van a dejar o a recoger pasaje. Eso ya es un paso, pero no es el más importante, el otro es ¿Qué va a pasar con los choferes de taxi, los que se sintieron afectados en primer lugar, también para ellos es la prohibición de molestar a los Didis?
A las decisiones de la corte mucha gente no les hace el menor caso, allí tiene por ejemplo a la Sección 38 del SNTE, obligada a prestar un servicio médico de calidad a sus derechohabientes, orden de la que hacen caso omiso desde hace años, ahora imagínese que no se trata de una institución, sino de cientos, decenas o trabajadores del volante individuos, que ven amenazada su fuente de ingresos…
Sí, que padre que la competencia mejore los servicios a los que puede uno acceder y que estos tengan un precio mucho más razonable, pero tememos que lo que hubo hace años, reviva mucho más amplio y mucho más violento. A ver qué se le ocurre a esa jueza y a otros más en el poder judicial ¿o saldrán con que eso no les corresponde a ellos?
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