Washington, 16/06/25 (Más).- El gobierno del expresidente Donald Trump ha intensificado su ofensiva contra el sistema de asilo en Estados Unidos al implementar nuevas directrices que aceleran la desestimación de casos en los tribunales de inmigración.
Según un memorando fechado el 30 de mayo y revelado por la cadena NBC, el Departamento de Justicia instruyó a los jueces de inmigración a aceptar de forma inmediata las solicitudes de desestimación presentadas oralmente por abogados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), sin requerir documentación adicional.
El documento establece que las decisiones orales deben emitirse el mismo día en que concluyen los testimonios y los argumentos del caso. Con esta medida, los migrantes cuyos casos sean desestimados quedan expuestos a la detención y deportación inmediata por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), cuyos agentes esperan a las afueras de las cortes migratorias.
El asilo ha sido históricamente el mecanismo por el cual personas perseguidas por motivos de nacionalidad, religión, raza, pertenencia a un grupo social u opiniones políticas pueden permanecer legalmente en Estados Unidos. Su supresión o limitación representa un cambio radical en la política migratoria. El acceso al asilo también constituye un camino hacia la residencia permanente y eventualmente la ciudadanía.
La tasa de rechazo de solicitudes de asilo ha alcanzado cifras récord. En marzo, el 76% de las peticiones fueron denegadas, según el Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse. Austin Kocher, profesor de esa universidad, advirtió que el ritmo acelerado de denegaciones plantea interrogantes sobre el futuro del sistema de asilo.
De forma paralela, el gobierno ha considerado eliminar los permisos de trabajo para solicitantes de asilo, lo que afectaría directamente a millones de personas y sus familias. Según reveló la cadena CBS, la eliminación de este beneficio podría forzar a los migrantes a integrarse en la economía informal. La legislación vigente permite a los solicitantes solicitar un permiso de trabajo después de 150 días desde la presentación de su caso.
Durante su primer mandato, Trump ya había intentado ampliar ese plazo a un año, medida que fue revertida por la administración de Joe Biden. Ahora, bajo el nuevo mandato, se busca restablecer ese tipo de restricciones. Las organizaciones defensoras de los migrantes han advertido que estas decisiones aumentan el riesgo de explotación y precarización laboral.
La estrategia de disuasión también se ha extendido a la eliminación de programas como CBP One, que permitía a los migrantes agendar citas para presentarse ante tribunales de inmigración. En abril, el gobierno comunicó la revocación de permisos de residencia y trabajo a personas que ingresaron al país mediante este mecanismo. A casi un millón de migrantes se les ordenó abandonar Estados Unidos de forma inmediata.
Los nuevos lineamientos han reforzado la política de deportaciones expeditas, que permiten expulsar migrantes sin orden judicial. Un memorando interno firmado por Sirce Owen, directora interina de la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR), autorizó a los jueces a desestimar solicitudes de asilo “legalmente insuficientes” sin audiencia. El documento insta a resolver de inmediato casos sin vías legales de alivio o protección.
La administración Trump ha argumentado que el sistema de asilo ha sido explotado por migrantes que huyen por razones económicas, no incluidas entre los criterios legales. Sin embargo, la acumulación de casos ha saturado el sistema. Actualmente, la EOIR tiene más de 3.7 millones de expedientes pendientes, la mayoría vinculados a solicitudes de asilo.
Desde que comenzó su primer mandato, el número de casos en espera aumentó de 520,000 a más de dos millones en tribunales de inmigración, mientras que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) gestiona aproximadamente 1.5 millones adicionales. En febrero, el gobierno despidió a una veintena de jueces como parte de un plan de reducción de personal, a pesar del volumen de expedientes acumulados.
La embestida se ha intensificado con la prohibición de entrada para ciudadanos de 12 países, entre ellos Afganistán, Irán, Libia, Sudán, Yemen, Venezuela y Cuba. Muchos de estos países presentan contextos de persecución sistemática, lo que hacía viable el acceso al asilo. Con esta prohibición, miles de personas quedan excluidas del sistema de protección.
Paul Christian Namphy, director de organización de Family Action Network Movement (FANM), criticó la estrategia del gobierno, señalando que su éxito se basa en el sufrimiento humano. Consideró que las medidas buscan desalentar la migración a cualquier costo, aún cuando se trate de personas con necesidades de protección legítima.
El desmantelamiento del sistema de asilo en Estados Unidos representa una de las principales líneas de acción del actual gobierno. Las medidas adoptadas hasta ahora han provocado preocupación entre organismos internacionales, defensores de derechos humanos y comunidades migrantes, al tiempo que reflejan una transformación profunda en el enfoque migratorio del país.
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