Ciudad de México, 31/10/26 (Más).- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó posibles esquemas de triangulación de recursos públicos en los gobiernos de Nuevo León y Sinaloa, mediante operaciones financieras que involucran a proveedores, empresas y personas relacionadas familiarmente con funcionarios públicos. Los movimientos fueron detectados durante la revisión de la Cuenta Pública 2025 y forman parte de investigaciones que todavía buscan determinar el posible daño a las finanzas públicas.
De acuerdo con información publicada por Animal Político, los hallazgos fueron presentados por el auditor superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, el viernes 30 de octubre ante la Cámara de Diputados, durante la segunda entrega de informes individuales de auditoría. Posteriormente, el funcionario explicó que la institución ya identificó las rutas por las que circularon los recursos públicos, aunque mantiene bajo reserva los nombres de las personas involucradas para preservar el debido proceso.
Hernández Palacios señaló que las investigaciones permitieron reconstruir movimientos financieros desde las dependencias gubernamentales hacia proveedores que posteriormente transfirieron el dinero a otras compañías y personas físicas. Explicó que los patrones detectados apuntan a posibles operaciones ilegales, debido a que parte de los recursos habría terminado en cuentas de personas cercanas o familiares de servidores públicos.
En Nuevo León, la presentación de la ASF identificó cuatro rutas de transferencias que parten de pagos realizados por el gobierno estatal a diferentes proveedores y que posteriormente llegan a un mismo despacho jurídico, relacionado con una firma fundada por un funcionario y un familiar.
Una de las operaciones señala que el gobierno estatal entregó 964 millones de pesos a una comercializadora, que posteriormente transfirió 237 millones a una empresa del sector alimentario. De esta última compañía salieron 202.9 millones de pesos con destino al despacho jurídico señalado en la investigación.
Otra de las rutas involucra a una constructora que recibió 5 mil 851 millones de pesos del gobierno de Nuevo León y transfirió 5 mil 154.6 millones a otra empresa. Esta segunda compañía canalizó posteriormente 385.3 millones de pesos al mismo despacho.
Las otras dos operaciones corresponden a pagos gubernamentales por 154.2 millones y 243 millones de pesos a distintos proveedores. A través de transferencias posteriores realizadas mediante una empresa de equipamiento y una consultoría, llegaron al despacho jurídico 77.03 millones y 62.9 millones de pesos, respectivamente.
La documentación presentada por la Auditoría también relaciona al despacho con operaciones sobre bienes inmuebles valuados en más de mil millones de pesos y con una persona identificada únicamente como “Funcionario 1”. Sin embargo, no se proporcionaron públicamente los nombres de los involucrados ni los detalles de las operaciones inmobiliarias.
La ASF precisó que las cantidades corresponden a distintas etapas de las cadenas de transferencias, por lo que no deben sumarse como si fueran recursos independientes ni representan una cantidad definitiva de dinero desviado o un daño al erario ya determinado. Al ser cuestionado sobre una posible relación de las investigaciones con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, el auditor evitó confirmar responsabilidades individuales y señaló que debía respetar el proceso de investigación.
En Sinaloa, el organismo fiscalizador identificó otra operación relacionada con una constructora constituida por dos familiares de un funcionario del Ejecutivo estatal. La empresa recibió contratos de obra pública adjudicados por instituciones estatales y municipales, mientras que sus integrantes aparecen en la documentación con funciones de accionista, administrador único y apoderado legal.
Según los hallazgos presentados ante los legisladores, la constructora registró depósitos superiores a los montos correspondientes a los trabajos de obra pública contratados y realizó transferencias entre sus propias cuentas bancarias. Además, después de que las dos personas identificadas dejaron de formar parte de la empresa, recibieron recursos provenientes de la misma.
Posteriormente, ambas personas realizaron pagos millonarios a un exfuncionario de Finanzas, bajo el concepto de “pago préstamo”. La presentación de la ASF no especificó las cantidades involucradas ni reveló la identidad del beneficiario, quien permanece identificado dentro de la investigación mediante una clave.
Durante la conferencia de prensa, Hernández Palacios también fue cuestionado sobre una posible participación de un exgobernador de Sinaloa en las operaciones detectadas. El auditor no confirmó ni descartó esa posibilidad y respondió que los hechos forman parte de las investigaciones en curso, por lo que los resultados serán presentados cuando existan elementos suficientes.
Respecto al monto total de los recursos presuntamente triangulados en ambas entidades, el titular de la ASF explicó que todavía se realizan los cálculos correspondientes. Indicó que las transferencias se desarrollaron mediante diferentes operaciones y que parte del dinero permanece distribuida en distintos puntos de las cadenas financieras, lo que obliga a reconstruir cada movimiento para establecer una posible afectación al patrimonio público.
El funcionario adelantó que, conforme se documenten las irregularidades, la Auditoría promoverá los procedimientos correspondientes por faltas administrativas graves ante el tribunal competente o presentará denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR), dependiendo de la naturaleza de los hechos y de los elementos que se integren en cada expediente.
Asimismo, sostuvo que la institución buscará actuar sin esperar a que concluya la totalidad del proceso de fiscalización, con el propósito de acelerar la presentación de acciones legales cuando existan elementos suficientes. Durante sus primeros seis meses al frente de la ASF, informó que se habían presentado 40 denuncias penales, aunque no precisó si alguna corresponde a las investigaciones relacionadas con Nuevo León y Sinaloa.
Hernández Palacios aseguró que las revisiones y eventuales procedimientos se realizarán independientemente del partido político que gobierne las entidades involucradas. Por el momento, los casos permanecen bajo investigación y será la documentación de las operaciones, junto con las determinaciones de las autoridades competentes, lo que permitirá establecer si existieron responsabilidades administrativas o penales y cuál fue el posible daño a los recursos públicos.
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