Monclova, Coahuila, 27/03/26 (Más).- Un total de 80 personas privadas de la libertad fueron trasladadas este viernes del Centro Penitenciario Varonil de Piedras Negras al penal de Monclova, como parte de las acciones implementadas por autoridades estatales para despresurizar los centros penitenciarios y mantener la estabilidad del sistema.
Este movimiento forma parte de una estrategia continua de redistribución de internos que busca fortalecer la seguridad y gobernabilidad en los penales de Coahuila, mediante ajustes en la población penitenciaria.
El operativo fue encabezado por la Policía Estatal y la Policía Penitenciaria, con apoyo de la Agencia de Investigación Criminal, así como de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. En la Región Centro participaron además el Grupo Reacción Centro y la Policía de Acción y Reacción, quienes brindaron сопровaña y resguardo durante todo el traslado.
La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila supervisó de manera permanente el operativo, con el objetivo de garantizar el respeto a la integridad y los derechos de las personas privadas de la libertad durante su reubicación.
Este traslado se suma a uno realizado a inicios de marzo de 2026, cuando alrededor de 120 internos fueron movidos del mismo penal de Piedras Negras al de Monclova, bajo un esquema similar de seguridad y supervisión, como parte de las acciones para reducir la sobrepoblación en ese centro penitenciario.
Ambos operativos reflejan una política penitenciaria enfocada en la rotación y redistribución de internos, con el fin de evitar condiciones de hacinamiento, prevenir riesgos al interior de los penales y mejorar las condiciones operativas del sistema.
Las autoridades han señalado que estos traslados también buscan, en algunos casos, acercar a las personas privadas de la libertad a sus lugares de origen, lo que facilita la comunicación con sus familias y reduce los costos de traslado para visitas.
Asimismo, se indicó que este tipo de movimientos se realizan bajo estrictos protocolos de seguridad y con carácter discreto, como parte de una política permanente de administración penitenciaria, sin que ello responda a situaciones extraordinarias o de emergencia.
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