Por Francisco Ortiz Pinchetti
Estamos ante una puesta en escena en la que predominan la corrupción, la simulación y el cinismo. A primera vista, el escándalo administrativo que precipitó la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) el pasado 26 de octubre parecería un golpe severo para la narrativa oficial. Durante años, el obradorismo y la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo levantaron la bandera del combate a la corrupción; sin embargo, las revelaciones periodísticas sobre contrataciones y redes de proveedores en el instituto —con señalamientos por montos millonarios ahora bajo revisión de la Auditoría Superior de la Federación y órganos de control— detonaron en el órgano electoral una crisis que acumula alrededor de 60 salidas entre mandos y personal, y sigue cobrando bajas en áreas clave semanas después.
Vaya ironía: el templo de la pulcritud y la austeridad republicanas resultó tener más goteras que presupuesto administrado sin contrapesos.
Y es que, en política, la apariencia de un tropiezo sirve de coartada ideal para ocultar una jugada mayor… y definitiva. Mientras se calcula el desgaste reputacional que el caso le cobra a Morena —partido que impulsó a Taddei Zavala en 2023 y aprobó reformas para concentrar en su presidencia facultades administrativas—, la partida decisiva del proceso 2026-2027, ya en marcha rumbo a las urnas de junio, se juega en otro tablero, lejos de los reflectores de San Lázaro.
Resulta muy elocuente lo ocurrido tras la dimisión de la exconsejera presidenta. Desde el Ejecutivo Federal y la mayoría en la Cámara de Diputados se despacha el tema con la rutina de siempre: descalificaciones a la oposición, juramentos de que no se protege a nadie, supuestas investigaciones que nunca llegan a ninguna parte y el previsible afán de pedir auditorías a administraciones pasadas del INE para diluir el problema en el espejo retrovisor.
Qué recurso tan cómodo: cuando estalla la podredumbre en casa, lo urgente es escarbar en el pasado ajeno. En los hechos, pasan las semanas sin que exista una denuncia penal pública contra Taddei Zavala y ni siquiera información oficial sobre su paradero actual. Para críticos y opositores, ese silencio parece un pacto de impunidad muy bien administrado tras los servicios prestados en 2024 y en el arranque de la elección judicial.
A la vez, la discusión en San Lázaro sobre la convocatoria para sustituirla opera como distracción. El llamado el miércoles pasado de los cuatro expresidentes del IFE y el INE —José Woldenberg Karakowsky, Luis Carlos Ugalde Ramírez, Leonardo Valdés Zurita y Lorenzo Córdova Vianello— exigiendo consenso, pronta designación y hasta cambios en el Consejo General para rescatar la credibilidad del organismo choca con el cálculo oficial: seguramente Sheinbaum Pardo calificará ese pronunciamiento de cínico y carente de autoridad moral, y en los hechos resulta prédica en el desierto frente a un bloque gobernante sin prisa alguna.
El coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, y los diputados de la autollamada 4T dicen ahora que no corren prisa, que buscan acuerdos con la oposición y que el instituto funciona muy bien con 10 consejerías y la presidencia provisional de Blanca Yassahara Cruz García… pero todos actúan bajo las decisiones y órdenes de la mandataria, a lo que ella disponga. Saben que estirar los tiempos del relevo no mueve un milímetro el tablero del Consejo General: con su composición actual, el bloque afín a la autollamada Cuatroté conserva mayoría operativa para sacar acuerdos, vigilar la fiscalización y validar cómputos sin desgastarse en negociaciones.
Lo que luce como crisis del régimen funciona así como cortina de humo: entretiene a la clase política con el relevo en el INE y el destino de Taddei Zavala mientras se aceita el engranaje de 2027. Ese engranaje es en realidad la arquitectura legal y jurisdiccional montada para que Morena y sus cómplices —el Partido Verde y el Partido del Trabajo— vuelvan a fabricar una falsa mayoría calificada en Diputados mediante la sobrerrepresentación, sin necesidad de ganar dos terceras partes de los votos.
Vale recordar el precedente de 2024. Mediante el diseño de convenios de coalición y la posterior adscripción de diputados electos bajo siglas aliadas, la coalición oficialista convirtió una mayoría simple de sufragios en mayoría calificada en San Lázaro, eludiendo el tope del artículo 54 constitucional en lo que denomino una mayoría gandalla: una ruta que ya se dejaba ver la noche misma de la elección, cuando Guadalupe Taddei Zavala –por cierto– dio a conocer las estimaciones del Conteo Rápido, lo que se consumó después en el reparto de curules, a través de forzar el espíritu de la Ley.
Aquella asignación —avalada por la mayoría del Consejo General del INE y confirmada por la Sala Superior del Tribunal Electoral bajo la literalidad de la norma— permitió aprobar la reforma judicial, extinguir órganos autónomos y consolidar la presencia militar en seguridad sin ceder una coma a las minorías.
Y aguas: todo indica que el guion para 2027 repetirá la fórmula. Basta ver la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al desechar las impugnaciones de partidos opositores contra los lineamientos de coaliciones del INE para el proceso 2026-2027. Aunque la Ley prohíbe la transferencia directa de votos entre partidos coaligados, los magistrados confirmaron el instructivo —con apenas un ajuste puntual— y patearon la revisión de la «afiliación efectiva» de las candidaturas hasta el registro y la asignación final de plurinominales: exactamente la misma ventana que en 2024 permitió postular perfiles bajo emblemas aliados para luego reacomodar las bancadas.
Qué casualidad tan oportuna.
Es aquí donde pesa la reforma constitucional promulgada en junio de este año, que aplazó la segunda elección judicial hasta el 4 de junio de 2028. Mientras el Ejecutivo y magistraturas de la Sala Superior defendieron el cambio con el argumento técnico de evitar la saturación de boletas en 2027 y ahorrar recursos, legisladores de oposición advirtieron que el decreto congeló la integración de la Sala Superior del TEPJF —donde se renovarán cuatro magistraturas en 2028— y de los tribunales electorales locales durante todo el proceso de 2027.
El incentivo institucional es claro: los mismos magistrados federales y locales que resolverán sobre convenios de coalición, afiliación efectiva, validez de comicios estatales y reparto final de plurinominales saben que su futuro en las urnas de 2028 dependerá de pasar los filtros de comités de evaluación controlados por los poderes que hoy domina la autollamada 4T. No hace falta girar consignas diarias cuando el diseño mismo premia la sintonía política.
Al final, el costo reputacional del caso Taddei Zavala importa poco frente al objetivo de Claudia Sheinbaum Pardo y la cúpula gobernante: mantener su hegemonía en el Congreso y en las gubernaturas en disputa para seguir desmantelando contrapesos institucionales sin resistencia. Mientras el debate público se entretiene con las cuitas del INE, la sobrerrepresentación y los tribunales ya están listos para 2027. Válgame.
DE LA LIBRE-TA
EFEMÉRIDE CON DEDICATORIA. “Son raros los que, con el poder absoluto, conservan la moderación y no dan rienda suelta a sus pasiones”.- Francisco I. Madero. (En una carta dirigida a Porfirio Díaz el 2 de febrero de 1909, en la etapa previa al estallido de la Revolución Mexicana).
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