Astillero
Por Julio Hernández López
Son importantes los pasos que ha anunciado la presidenta Claudia Sheinbaum para remontar la creciente propensión elusiva y opaca de poderes y poderosos ante solicitudes de transparencia. La prueba de fuego, como en otros temas y otras épocas, será el paso de la letra legal, siempre en riesgo de ser esquivada, a una voluntad política plena, tajante, comprobable.
La Presidenta emitió un decreto y en fecha próxima presentará una iniciativa de reformas a la ley de transparencia, para que, de ser aprobadas éstas, los términos decretados tengan la mayor fuerza jurídica. Habría dos excepciones o consideraciones en los asuntos que impliquen riesgos para la seguridad nacional o estuviesen en litigio y la difusión gubernamental de algunos términos o datos pudiera afectar el proceso jurídico.
Las propuestas claudistas tienen como contexto la proclividad escurridiza o francamente inhibidora de la clase política dominante, a escala nacional y en los estados, en los poderes tradicionales y en órganos autónomos, para proporcionar información sobre temas consultados por periodistas y ciudadanos en general. Con el mayor desparpajo se responde actualmente a solicitudes de información con la cantaleta de que no hay material disponible o, abiertamente, que la materia del tema invocado está bajo reserva durante largos años.
Un ejemplo constante, que de hecho podría constituirse en el medidor concreto de la profundidad y viabilidad de las reformas de la presidenta Sheinbaum, se da en el ámbito de las fuerzas armadas que, a partir de esa condición, escabullen toda solicitud de transparencia con el argumento de la “seguridad nacional”.
Es natural que las secretarías de la Defensa Nacional y la Marina se nieguen a dar información respecto a hechos o circunstancias que desde el específico ámbito de lo militar pongan en riesgo el tema puntualísimo de la seguridad nacional. Pero se constituye en coartada inaceptable cuando se aplica a tareas comerciales, empresariales o “civiles” que, contra su naturaleza real, les han sido concedidas desde la administración federal anterior.
De por sí, históricamente, los militares han estado lejanos al escrutinio civil en cuanto al ejercicio de presupuestos; ahora, con la tentadora ampliación de sus actividades, que pueden implicar temas de corrupción, se ha buscado escamotear la transparencia informativa bajo el paraguas de la seguridad nacional, que puede aplicar para lo estrictamente militar, pero no para lo empresarial.
También será importante corroborar en lo inmediato si esta actualización normativa tendrá consecuencias inmediatas y plenamente palpables, es decir, si se inicia una auténtica batalla contra la corrupción, contra peces gordos y no charales (como sucedió en su momento con Vicente Fox, quien impulsó prontamente la transparencia, pero nunca pasó de asuntos menores).
Es de esperarse que las reformas no queden sólo en una ayuda escénica a los discursos gubernamentales en tiempos de cuantiosos señalamientos de corrupción y abusos desde diversas instancias de los poderes constituidos, con “barredoras”, huachicoleo (no sólo ruffista o panista), gobernadores y políticos en la cuerda floja del narco (no sólo Rocha Moya), empresas favoritas y favorecidas en exámenes de admisión (no sólo en la UNAM) y una incesante presión intervencionista del trumpismo.
Ayer fueron presentadas las primeras solicitudes de amparo de la justicia federal contra la decisión de las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de realizar un segundo examen, esta vez presencial, para aspirantes a ingresar a carreras de licenciatura.
Sea que los juzgadores concedan las suspensiones solicitadas o que se considere que los primeramente aceptados aún no tienen derechos consolidados, la sustancia del conflicto sigue activa, sobre todo porque no hay acciones vigorosas, a la altura del problema, respecto a la empresa privada responsable de aplicar los exámenes de admisión. ¡Hasta mañana!
Facebook: Julio Astillero
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