Transparencia estilo Sheinbaum

Ciudad de México, 07/08/26 (Más).- El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum puso en marcha un nuevo esquema de transparencia proactiva mediante un decreto que pretende ampliar y agilizar la publicación de información generada por dependencias federales, empresas del Estado y otros sujetos obligados, aunque especialistas advierten que el instrumento tiene un alcance limitado porque no modifica las reglas que permiten reservar información ni corrige disposiciones legales que han sido cuestionadas por facilitar la opacidad.

De acuerdo con información publicada por Animal Político, el decreto fue difundido en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación del martes 4 de agosto de 2026 y establece lineamientos de políticas de transparencia proactiva. El documento fue firmado por Sheinbaum y por la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, durante la conferencia matutina de ese mismo día.

La disposición busca fortalecer el principio de máxima publicidad y concentrar información gubernamental en la Plataforma Nacional de Transparencia. Entre sus objetivos se encuentra facilitar el acceso a documentos relacionados con contrataciones públicas, operaciones de empresas paraestatales, auditorías y actividades de fiscalización, además de acelerar la actualización de determinados contenidos oficiales.

Sin embargo, especialistas en acceso a la información consideran que las expectativas generadas por el anuncio presidencial fueron superiores a lo que finalmente establece el decreto.

Gabriel Espinoza Ibarra, especialista en acceso a la información pública y protección de datos personales, señaló: “Me parece favorable el decreto en la medida de que plantea, digamos, transparencia por lo que hace al ámbito de las paraestatales, pero no hace ninguna cuestión inherente a las reservas ni clasificación de información. Este decreto, en efecto, no tiene el alcance jurídico que se había planteado en la conferencia matutina”.

El decreto concede un plazo de 120 días hábiles, contado a partir del 5 de agosto, para que los sujetos obligados adopten las nuevas disposiciones. Dentro de esa categoría se encuentran autoridades, entidades y organismos de los poderes públicos, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como personas físicas, morales y sindicatos que reciban o ejerzan recursos públicos.

Una de las principales críticas es que buena parte de la información cuya publicación se promueve ya debería encontrarse disponible por mandato de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

La organización Artículo 19 sostuvo que varias de las obligaciones contenidas en el decreto reproducen disposiciones establecidas previamente en la legislación vigente, entre ellas las contenidas en los artículos 3, 11, 20 y 65.

La transparencia proactiva busca ir más allá de las obligaciones mínimas impuestas por la legislación. En el decreto se define como el conjunto de actividades que promueven la identificación, generación, publicación y difusión de información adicional a la establecida con carácter obligatorio por la Ley General, que permite la generación de conocimiento público útil con un objeto claro enfocado en las necesidades de sectores de la sociedad determinados o determinables.

El documento dispone además que la información publicada bajo este esquema deberá cumplir con características de calidad y ser accesible, confiable, comprensible, oportuna, veraz, congruente, integral, actual y verificable. El planteamiento del gobierno federal es que la ciudadanía pueda acceder con mayor facilidad a datos que permitan conocer el funcionamiento y las decisiones de las instituciones públicas.

Durante la presentación del decreto, Buenrostro explicó que uno de los cambios se concentrará en las contrataciones públicas y anunció que los contratos del gobierno federal serían actualizados mensualmente.

“Lo que vamos a hacer es tener más oportuna la información. Actualmente se publica cada tres meses; lo vamos a publicar de manera mensual para que esté permanentemente actualizada toda la parte de contrataciones; entonces, todos los contratos del gobierno federal se publicarán de manera mensual”, afirmó.

El contenido publicado en el Diario Oficial, sin embargo, no establece expresamente esa periodicidad mensual. Su artículo décimo séptimo señala que las obligaciones de transparencia deberán actualizarse conforme se genere nueva información o, al menos, cada tres meses, lo que deja una diferencia entre lo anunciado durante la conferencia presidencial y las disposiciones contenidas en el decreto.

Otro de los ejes anunciados por la administración federal corresponde a Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. El gobierno pretende ampliar la publicación de información relacionada con sus empresas filiales, contratos, estados financieros, políticas de operación, gobierno corporativo e informes presentados ante organismos o autoridades extranjeras.

También se contempla publicar más datos sobre fiscalización y auditorías, entre ellos el Programa Anual de Fiscalización, estadísticas sobre las revisiones practicadas, seguimiento de observaciones, así como información relacionada con el padrón y la designación de despachos de auditores externos encargados de revisar dependencias y entidades públicas.

Aunque desde Palacio Nacional se planteó la intención de extender este principio de máxima publicidad a los distintos poderes y órdenes de gobierno, el alcance obligatorio del decreto se concentra principalmente en la administración pública federal. Espinoza Ibarra explicó que otras autoridades aparecen convocadas a sumarse al esquema, pese a que diversas obligaciones de transparencia ya se encuentran contempladas en la legislación.

El aspecto que genera mayores cuestionamientos es el relacionado con la reserva de información. Durante la presentación, Sheinbaum sostuvo que el nuevo esquema permitiría definir con mayor claridad qué información debe hacerse pública y cuál puede mantenerse bajo reserva por razones relacionadas con procedimientos administrativos, judiciales o de seguridad nacional.

“Con este decreto ya no lo dejamos a criterio del servidor público, ya no lo dejamos a criterio de un secretario, de otra secretaria, de un director de un área de Pemex o de CFE, o de cualquier Secretaría. Ya hay un lineamiento específico de, realmente, lo que debe ser transparente y aquello que, por el procedimiento administrativo judicial, no puede informarse dado que está en un procedimiento y puede caerse el procedimiento judicial o administrativo, o lo que realmente es de seguridad nacional”, sostuvo la presidenta.

El decreto publicado, sin embargo, no contiene modificaciones sobre los supuestos de reserva ni plantea cambios al artículo 112 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, disposición señalada por organizaciones civiles por ampliar las posibilidades de clasificar información gubernamental. Para modificar de fondo esos criterios sería necesaria una reforma legislativa y no solamente un decreto presidencial.

Artículo 19 cuestionó por ello la eficacia del nuevo instrumento al considerar que reproduce obligaciones existentes sin corregir problemas estructurales del sistema.

“Es preocupante que el Poder Ejecutivo promulgue un decreto que solo repite las normas ya vigentes, mientras no resuelve las deficiencias de una legislación de transparencia que resultó regresiva, la cual abrió la puerta a la opacidad y a complicar el acceso a la información. Se necesita más que un decreto para corregir las fallas en un sistema que, hoy en día, niega derechos en lugar de garantizarlos”, sostuvo la organización.

La administración de Sheinbaum reconoce que el tema de las reservas requerirá una modificación legal adicional. Buenrostro anunció que el gobierno prepara una iniciativa para el próximo periodo de sesiones del Congreso con la intención de revisar estas disposiciones y ampliar el uso de versiones públicas cuando los documentos contengan simultáneamente información de interés público y datos que deban permanecer temporalmente protegidos.

“Se va a dar prioridad a que la información que se reserve no solo sea temporal, sino también se publique —aunque se reserve alguna— en versiones públicas”, indicó Buenrostro al explicar que la propuesta legislativa buscará restringir únicamente aquellas partes que involucren información protegida, en lugar de mantener bajo reserva documentos completos. El modelo de transparencia impulsado por Sheinbaum queda así dividido en dos etapas: un decreto que ordena ampliar y agilizar la difusión de información gubernamental y una eventual reforma legislativa que tendría que abordar las reglas de clasificación y reserva. Mientras la primera ya inició su proceso de aplicación, el alcance real de la segunda dependerá de la iniciativa que presente el Ejecutivo y de las modificaciones que finalmente apruebe el Congreso.