Ciudad de México, 16/06/26 (Más).- El gobierno de Estados Unidos ha transferido a México un total de 313 personas requeridas por la justicia mexicana desde el inicio de la administración del presidente Donald Trump, informó el embajador estadounidense en el país, Ronald Johnson.
La medida forma parte de los mecanismos de cooperación bilateral para combatir delitos que tienen impacto en ambos lados de la frontera.
De acuerdo con información publicada por Animal Político, el diplomático explicó que los individuos entregados a las autoridades mexicanas fueron detenidos previamente en territorio estadounidense y posteriormente enviados a México para enfrentar diversos procesos judiciales pendientes.
Estas acciones forman parte de los acuerdos de coordinación en materia de seguridad y procuración de justicia entre ambas naciones.
Ronald Johnson dio a conocer los datos mediante un mensaje difundido en sus redes sociales, donde destacó un caso reciente ocurrido en la región del Valle del Río Grande. En ese operativo, agentes de la Patrulla Fronteriza estadounidense capturaron a un ciudadano mexicano que era buscado por las autoridades de su país por los delitos de prostitución de un menor y agresión sexual.
El embajador señaló que este tipo de acciones reflejan el nivel de colaboración existente entre los gobiernos de México y Estados Unidos para enfrentar la delincuencia.
“Este caso representa otro ejemplo de la fuerte cooperación EU México que está avanzando. Juntos, estamos llevando a los criminales ante la justicia y haciendo que nuestras naciones sean más seguras”, expresó.
La cooperación en materia de seguridad se mantiene como uno de los principales ejes de la relación bilateral, aunque en los últimos meses también ha estado acompañada de tensiones políticas y judiciales.
Entre los temas que han generado controversia destaca la solicitud de captura con fines de extradición realizada por autoridades estadounidenses contra diversos políticos mexicanos presuntamente relacionados con actividades del narcotráfico.
Entre los nombres que han sido mencionados en ese contexto figura el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien ha sido señalado dentro de las investigaciones promovidas por la justicia estadounidense. Estos procedimientos han incrementado el debate sobre la colaboración entre ambos países en el combate al crimen organizado.
Por otra parte, el gobierno mexicano ha manifestado inconformidad respecto a algunas decisiones tomadas por las autoridades estadounidenses en materia de extradición. El pasado 14 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que Estados Unidos ha rechazado 36 solicitudes de extradición promovidas por México debido a la insuficiencia de pruebas presentadas en los expedientes correspondientes.
La mandataria explicó que entre los casos rechazados existen investigaciones relacionadas con personas presuntamente involucradas en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, así como individuos vinculados con actividades de robo de combustibles. Según detalló, las autoridades estadounidenses consideraron que los elementos probatorios aportados por México no cumplían con los requisitos necesarios para proceder con las detenciones solicitadas.
“Hay 36 casos donde Estados Unidos ha negado la petición al gobierno de México para detener con urgencia a una persona con fines de extradición. Estados Unidos la ha negado. ¿Por qué?, por falta de pruebas”, afirmó la presidenta. Pese a estas diferencias, ambos gobiernos continúan desarrollando mecanismos de colaboración para enfrentar delitos transnacionales y fortalecer los procesos de procuración de justicia en la región.
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