Por Horacio Cárdenas Zardoni
Según la última estimación de parte de la administración fiscal del gobierno del estado de Coahuila, en nuestra entidad circulan algo así como noventa mil vehículos cuya permanencia en el país es ilegal, por calificarla de alguna manera.
Si en este país, en estado y en esta vida se aplicara la ley, esos noventa mil, que seguramente van que vuelan a convertirse en cien mil y de allí para arriba, serían decomisados por las autoridades estatales, dándoseles a los propietarios, o a quienes los portaran en ese instante, porque como Pedro, son capaces de negar que sean suyos, la opción de: llevárselos a la frontera y dejarlos del otro lado, o pagar por llevárselos o de plano destruirlos en su presencia, lo que les serviría para corroborar que efectivamente dejan de existir, y también de lección, para que no lo vuelvan a hacer, no vuelvan a comprar vehículos que no cuentan con toda su documentación en regla.
Pero obvio, vivimos en México, país que vive en un estado de derecho solo de membrete, porque en realidad, somos impermeables a todo lo que tenga que ver con la legalidad, hasta el punto de… no, no sabemos hasta qué punto, porque nuestra capacidad para no cumplir con lo que se espera de nosotros, no conoce límites. Conste que no hablo por todos, hay gente que no pasa los exámenes sicométricos, porque se comportan tal como lo dicen, a la hora de responder la pregunta ¿si está abierta la puerta del cine y no hay nadie cuidando, se metería a una película que tiene muchas ganas de ver?, pues no se meterían, pero estos son más bien la excepción que la regla.
Vamos a ver, el parque vehicular en Coahuila es de algo así como un millón cien mil vehículos, bueno, pues si pensamos que hay 90 o 100 mil que son chuecos, eso nos da alrededor de un 8 o 9% de carros y camionetas cuyos propietarios prefieren andar de ilegales que legales. Ah, y eso que ha habido decreto, tras decreto, tras decreto en este sexenio para la regularización de estos vehículos, y nomás no terminan con todos los que hay…
¿y cómo van a terminar, si por cada uno que regularizan y plaquean, entra uno o dos más, para incorporarse a la marea de vehículos ilegales?
Si más bien parece que los decretos de regularización emitidos por el gobierno federal son un llamado para abrir las fronteras a la llegada de cada vez más camionetas y camiones, ¿y usted cree que agradecidos dicen, ya con esto nos damos por satisfechos, este es el último carro que ayudamos a plaquear?, por supuesto que no, para la ONAPPAFA, para lo que queda del Frente Cardenista y varias otras organizaciones dizque campesinas y dizque populares, es una llamada para un nuevo lote de “asociados”, que a veces son los mismos que van por su tercero o cuarto carro chueco, o ya se convierte en una coa generacional, los padres y los hijos han usado coches en esas condiciones, y le heredarán a sus hijos a su vez, su modus operandi, pues no pierda de vista que se trata de un delito, un delito que a la muy mexicana manera, no se persigue, pero un delito en toda forma.
No nos gusta hablar de “problemas estructurales”, porque esos no tienen solución, son tan inmensos que no hay manera de aproximarse a ellos con una solución más o menos razonable en el corto plazo. Pero imagínese por un momento lo que sería México sin un solo vehículo chocolate en sus calles, carreteras y terracerías… puro carro de fabricación nacional o importado legalmente, con sus respectivas plaquitas, dando a entender que pagaron sus respectivas contribuciones.
Bueno, pues esos carros los habrían fabricado obreros mexicanos, o en el caso de los importados, los habrían vendido empresas que contratan a trabajadores mexicanos, ah pero trayendo carros chuecos, que se negocian muy por debajo del precio de venta de un vehículo legal, pues le quitan mercado a estos, teniendo como resultado que se vendan menos, que no puedan bajar de precio, que las plantas no trabajen a su plena capacidad, lo que implica que no contratan a todos los trabajadores que pudieran tener en nómina… eso es un problema estructural, de los mejorcitos que tenemos en catálogo, ¿y porqué se permite esto?, pues muy simple, porque una regularización significa un sufragio a favor del partido y del gobierno que emite el decreto, y no solo uno, sino los de cada integrante de la familia, con lo que por dejar de ingresar tres o cuatro mil pesos de derechos vehiculares, se ganan la presidencia, las gubernaturas, las diputaciones y las senadurías, no es tan mal negocio, ¿y las empresas?, pues de todos modos no les va tan mal ¿o no?
Tenemos entendido que el último decreto, el que está vigente en este momento, vence en el mes de septiembre, por lo demás, el último del sexenio. Ya estaremos viendo si el gobierno entrante, del mismo sello y con las mismas estrategias, por no decirles mañas, no repite el modelito, y el “decreto de única ocasión” se refrenda hasta volverse permanente o casi. Para varias es momento de cambios y decisiones, veremos porque lado masca la iguana su chocolate.
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