Saltillo, Coahuila, 06/11/25 (Más).- La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) enfrentará afectaciones directas en infraestructura, operación de planteles y atención a estudiantes, debido a que el presupuesto federal aprobado para 2025 no contempló recursos para cubrir el déficit de 150 millones de pesos en el rubro de pensiones. Así lo informó el rector Octavio Pimentel Martínez, quien advirtió que la falta de financiamiento compromete áreas esenciales del funcionamiento universitario.
El rector informó que la asignación de recursos no registró ningún ajuste significativo tras su paso por la Cámara de Diputados, lo que compromete el sostenimiento financiero de áreas esenciales. “Desgraciadamente, vuelven a dejar a un lado a los pensionados y muy lamentable, la verdad”, expresó. Añadió que la universidad deberá enfrentar este compromiso económico sin respaldo federal, afectando con ello la inversión en la calidad educativa. “Todo ese recurso se le deja de invertir a las escuelas, a los planteles, a nuestros estudiantes, y eso no me parece justo”, subrayó.
A la par del llamado a resolver este vacío presupuestal, el rector anunció que la institución avanza en la implementación del nuevo Plan Bachillerato 2025, con un enfoque humanista y de continuidad académica. Explicó que este modelo forma parte de los acuerdos establecidos con autoridades educativas nacionales y busca fortalecer el tránsito entre los niveles medio superior y superior. “Uno de los puntos que ella nos instruía es cómo acercarnos de una manera más eficiente a la media superior”, indicó, en referencia a las orientaciones recibidas desde la SEP.
Pimentel detalló que este nuevo plan pretende generar alumnos mejor preparados para el entorno universitario, con programas articulados y una estructura común de formación, sin que eso implique pérdida de calidad. “La meta es captar al 55 por ciento de los aspirantes del subsistema universitario”, dijo, asegurando que la institución seguirá avanzando “en tiempo y forma”, sin dejar de apoyar a los pensionados.
Por otro lado, hizo un llamado a la comunidad académica a participar de manera responsable y respetuosa en las próximas elecciones sindicales, pidiendo que estas se desarrollen “tranquilas, en paz y con transparencia”, además de exhortar a actores externos a no intervenir en los asuntos internos de la universidad.
Desde 2015, la UAdeC ha enfrentado un déficit financiero persistente, particularmente en el cumplimiento de sus obligaciones patronales, entre ellas el pago de pensiones, salarios y prestaciones sociales. Esta situación, que se ha agravado con los años, tiene su origen en una combinación de factores: recortes al subsidio federal, eliminación de fideicomisos universitarios, mala planeación de los fondos de pensiones internos y un creciente número de jubilaciones. Tan solo en el último año, el déficit específico por pensiones superó los 650 millones de pesos.
Este problema estructural ha generado observaciones oficiales graves. De acuerdo con informes de la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado, la universidad ha acumulado, desde 2015, hasta 4,500 millones de pesos en montos no justificados o mal manejados, incluyendo pagos en exceso, prestaciones no reconocidas y uso inadecuado de recursos estatales y federales. Esta situación ha obligado a la institución a aplicar ajustes presupuestales, diferir pagos de prestaciones y negociar apoyos extraordinarios con el gobierno estatal para evitar retrasos mayores, particularmente en el pago de aguinaldos y bonos.
Las obligaciones patronales más afectadas han sido las pensiones y jubilaciones de más de 3,000 ex trabajadores, lo cual ha obligado a la universidad a redirigir recursos propios, limitando con ello la inversión en infraestructura, equipamiento y expansión académica. También se han registrado retrasos en pagos de becas, ayudas escolares, primas y seguros. Asimismo, la UAdeC ha debido realizar gestiones ante el IMSS para regularizar adeudos históricos y evitar litigios por el incumplimiento de cuotas patronales.
El impacto de este déficit financiero ha repercutido en el desarrollo académico y laboral de la universidad. Las autoridades reconocen que el desvío de recursos hacia los compromisos laborales ha limitado el crecimiento de matrícula, la actualización de instalaciones y la mejora de los servicios educativos. Según estimaciones internas, si no se modifican los esquemas de pensiones y subsidios, el déficit podría prolongarse por al menos 40 años más, con consecuencias para toda la comunidad universitaria.
Aunque el gobierno estatal ha aportado fondos extraordinarios en años recientes para evitar el colapso financiero de la UAdeC, dichas aportaciones no resuelven el problema de fondo. Las autoridades universitarias han insistido en la necesidad de que la Federación se involucre directamente en el financiamiento de las jubilaciones como parte de una reforma más amplia del sistema de educación superior, y han planteado propuestas para que este compromiso se incluya en futuras modificaciones a la Ley General de Educación Superior.
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