Mexicali, Baja California, 22/05/26 (Más).- El Gobierno de Baja California adquirió a la Marina de México un avión para uso oficial de la gobernadora, Marina del Pilar, con un costo de 7 millones 642 mil pesos, operación que fue concretada en julio de 2023 y que ahora se encuentra bajo revisión pública por el uso que se le ha dado a la aeronave.
De acuerdo con información publicada por Semanario Zeta, la compra se realizó mediante una subasta impulsada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como parte de la venta de aeronaves consideradas innecesarias para el Gobierno federal.
Ante la falta de información disponible por parte del Gobierno del Estado, la adquisición cobró relevancia a partir de una observación de 2024 de la Auditoría Superior de la Federación.
La aeronave, según la publicación, ha sido utilizada desde su adquisición como medio de transporte aéreo para la mandataria estatal, acumulando 111 vuelos en un año.
Ese número coloca en el centro de la discusión la frecuencia de uso del avión, los criterios para autorizar los traslados y la justificación oficial de cada viaje realizado con recursos públicos.
El reporte señala además que el costo promedio por hora de vuelo asciende a 4 mil 500 dólares, cantidad que abre nuevas preguntas sobre el impacto presupuestal real de la operación de la aeronave, más allá del precio de compra.
A ese gasto se suman los costos de combustible, mantenimiento, permisos, operación, resguardo y personal especializado.
Antes de ser incorporado plenamente al servicio del gobierno estatal, el avión fue enviado a Nuevo León para un proceso de mantenimiento que costó más de 3 millones de pesos. Con ello, el desembolso inicial de 7 millones 642 mil pesos no representó el único gasto asociado a la adquisición, pues la aeronave requirió inversión adicional para quedar en condiciones de operación.
La justificación oficial de la compra fue que el avión sería necesario para los traslados de la gobernadora dentro de Baja California e incluso para el traslado de reos, en caso de ser necesario. Sin embargo, de acuerdo con la información difundida, ese segundo uso no se ha aplicado en la práctica, por lo que la aeronave se habría destinado principalmente a la movilidad de la titular del Ejecutivo estatal.
El caso adquiere relevancia en un contexto en el que los gobiernos suelen defender políticas de austeridad y eficiencia presupuestal. La adquisición de una aeronave para uso gubernamental obliga a transparentar no sólo el costo de compra, sino también los motivos, destinos, pasajeros, objetivos oficiales y gastos complementarios de cada vuelo.
La publicación también coloca el tema dentro de una agenda más amplia de vigilancia ciudadana y fiscalización en Baja California, donde persisten reclamos sobre prioridades de gasto público en seguridad, salud, infraestructura y servicios básicos. En ese escenario, el uso de un avión oficial puede convertirse en un asunto políticamente sensible para la administración estatal.
El punto central es que el Gobierno de Baja California compró una aeronave de 7.6 millones de pesos que realizó 111 vuelos en un año, con un costo promedio de operación señalado en 4 mil 500 dólares por hora.
La información difundida abre la puerta a que las autoridades expliquen si la compra fue indispensable, si todos los vuelos tuvieron fines oficiales y si existe documentación pública suficiente para revisar el uso del avión
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