Austin, 09/08/24 (Más / IA).- El gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió una orden ejecutiva que instruye a la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas (HHSC, por sus siglas en inglés) a recopilar información sobre inmigrantes en situación irregular en Estados Unidos.
La medida tiene como objetivo determinar los costos médicos asociados a la atención de migrantes sin documentos en el estado.
Abbott justificó esta decisión a través de un comunicado, señalando que la orden ejecutiva es una respuesta a las políticas de frontera abierta de la administración Biden-Harris, las cuales califica de “imprudentes”.
El gobernador destacó que, a partir del 1 de noviembre, los hospitales de Texas deberán comenzar a recopilar datos sobre pacientes que se encuentren en el país de manera irregular.
La HHSC también deberá presentar al gobernador y a la Legislatura de Texas un informe detallando los costos de la atención médica de emergencia y hospitalaria para inmigrantes ilegales, con el fin de que el estado pueda solicitar un reembolso al gobierno federal.
Abbott subrayó que los texanos no deberían cargar con el costo financiero de la atención médica de los inmigrantes indocumentados, y que la Administración Biden-Harris debe rendir cuentas por las consecuencias de sus políticas migratorias.
El gobernador afirmó que Texas luchará para asegurarse de que el gobierno federal pague a Texas por sus costosas políticas.
En respuesta, la representante Sylvia García condenó la orden, acusando a Abbott de intentar convertir a los médicos en agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), la agencia del gobierno de Estados Unidos que se encarga de la aplicación de las leyes de inmigración, la seguridad fronteriza y la protección contra amenazas de seguridad pública.
Abbott dejó claro en la orden que los hospitales deben informar a los pacientes que la ley federal garantiza que cualquier respuesta que den sobre su situación migratoria no afectará la atención médica que reciban.
Los datos recopilados deberán ser entregados a la HHSC cada tres meses.
La orden ejecutiva se produce en un contexto de tensiones en la frontera entre Texas y México. A finales de julio, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos revocó una orden judicial que obligaba a Texas a mover una serie de boyas instaladas en el río Grande. Esta decisión permitió al estado mantener la barrera en su lugar, lo que fue visto como una victoria para Abbott. Además, Texas ha instalado una tercera barrera de alambre de navajas en el río Grande, una medida que ha sido duramente criticada por activistas pro derechos de los migrantes, quienes la califican de inhumana y peligrosa para los más vulnerables, como los niños.
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