Ciudad de México, 13/05/26 (Más).- Los testimonios de víctimas y opositores de la elección de Sinaloa en 2021 contradicen la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha pedido pruebas contundentes e irrefutables sobre la presunta intervención del crimen organizado en los comicios que llevaron a Rubén Rocha Moya al gobierno estatal.
De acuerdo con información publicada por El País, el excandidato priista Mario Zamora sostuvo que aquella contienda no fue una derrota electoral ordinaria, sino un operativo criminal planeado milimétricamente para favorecer a Morena y a Rocha Moya, hoy gobernador con licencia y señalado por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Zamora afirmó que durante la campaña hubo candidatos intimidados, aspirantes obligados a retirarse, operadores políticos privados de la libertad, casillas tomadas y amenazas armadas.
Aunque reconoció que no cuenta con pruebas judiciales nuevas ni nombres concretos de quienes operaron esos hechos, aseguró que la violencia fue de tal magnitud que en Sinaloa se cruzaron líneas rojas.
El priista recordó que el día en que decidió impugnar la elección no encontró un solo abogado en Sinaloa dispuesto a firmar el recurso porque, según dijo, había miedo.
También sostuvo que las denuncias fueron presentadas ante tribunales, medios de comunicación y la Organización de los Estados Americanos, por lo que consideró que las autoridades mexicanas no pueden alegar falta de indicios.
Uno de los episodios que relató Zamora fue el caso de Guadalupe Iribe, entonces candidata opositora en Badiraguato, quien le llamó llorando el día de la elección para decirle que su hermano había sido privado de la libertad y que pensaba anunciar públicamente su apoyo a Morena a cambio de que lo liberaran. Para el excandidato, ese tipo de hechos muestran que la contienda se desarrolló bajo presión criminal.
Según Animal Político, testimonios como el de Paola Iveth Gárate Valenzuela, actual diputada local del PRI, refuerzan las denuncias sobre la violencia electoral de 2021.
La legisladora aseguró que un día antes de la votación fue interceptada por hombres armados, encapuchada, amarrada y trasladada durante más de nueve horas, en un episodio que describió como un calvario.
“Yo estaba encañonada de pies a cabeza”, recordó Gárate al narrar que fue privada de la libertad junto con otros operadores políticos. La priista afirmó que, en ese contexto, participar en la elección dejó de ser una competencia democrática y se convirtió en una situación de supervivencia. “Era jugarse la vida”, dijo.
Animal Político también documentó que entre el 5 y el 6 de junio de 2021 al menos nueve operadores electorales del PRI y de Morena fueron secuestrados en distintos municipios de Sinaloa, además de que se reportaron casillas vandalizadas, robo de urnas y presencia de grupos armados. El periodista Marcos Vizcarra señaló que hubo por lo menos 50 desapariciones de personas relacionadas con la jornada, aunque sólo ocho fueron denunciadas formalmente.
Pese a esos señalamientos, la elección no fue anulada. El Tribunal Electoral de Sinaloa consideró que las notas periodísticas y publicaciones presentadas generaban indicios, pero no prueba plena, y concluyó que la violencia acreditada no fue determinante para modificar el resultado, debido a la amplia diferencia de votos entre Rocha Moya y Zamora.
Las denuncias recobraron fuerza después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Rocha Moya y a otros funcionarios y exfuncionarios sinaloenses de presuntamente colaborar con Los Chapitos.
De acuerdo con esa acusación, el grupo criminal habría contribuido a la victoria de Rocha mediante el secuestro e intimidación de rivales, aunque los cargos no equivalen a una sentencia y los señalados conservan la presunción de inocencia.
Frente a ese panorama, Sheinbaum ha pedido que Estados Unidos presente pruebas claras y ha advertido que, sin elementos sólidos, la acusación podría tener un propósito político. Sin embargo, los relatos de candidatos, operadores y periodistas que denunciaron secuestros, amenazas y robo de urnas desde 2021 mantienen abierta la discusión sobre si las autoridades mexicanas ignoraron señales que hoy vuelven a colocarse en el centro del debate público.
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