El caso de Elizabeth se suma a otros en Coahuila en los que víctimas de homicidio habían denunciado a sus agresores, sin recibir la protección necesaria
Saltillo, Coahuila, 26/02/25 (Más / IA).- La orden de restricción que Elizabeth “N” obtuvo contra su expareja, Salvador “N”, no fue suficiente para proteger su vida. La joven poblana, de 31 años, que llegó a Saltillo en busca de una nueva oportunidad, fue asesinada en su domicilio, ubicado en la colonia González Cepeda.
Las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) reportaron la detención de Salvador “N” como el principal sospechoso del feminicidio, ocurrido el pasado martes 25 de febrero. De acuerdo con los primeros datos de la investigación, Elizabeth murió a causa de estrangulamiento y diversas heridas provocadas con un arma punzocortante.
El hallazgo del cuerpo fue realizado por el suegro de la víctima, quien lo encontró debajo de una cama en su domicilio, ubicado entre las calles Otilio González y Río Lerma. El hecho fue reportado a las 7:00 horas y una hora después llegaron al lugar elementos de la Policía Municipal, de servicios periciales y agentes del Ministerio Público. En menos de dos horas, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) detuvo a Salvador “N” como presunto responsable.
Elizabeth mantuvo una relación con Salvador “N” hasta diciembre de 2024, cuando terminó la relación debido a la violencia que sufría. Sin embargo, según las investigaciones, habrían retomado el contacto en enero de 2025, lo que derivó en el fatal desenlace.
Vecinos de la colonia González señalaron que las discusiones entre la víctima y su agresor eran frecuentes en la vía pública. La violencia fue denunciada formalmente el 25 de enero y el 5 de febrero un juez ratificó la implementación de medidas de protección. Sin embargo, la Fiscalía investiga si Elizabeth notificó a las autoridades que Salvador “N” había vuelto a acercarse a ella, lo que pudo haber permitido su detención antes del crimen.
Mayra Valdés González, titular de la Secretaría de las Mujeres de Coahuila, señaló que muchas víctimas no siguen los procesos legales o terminan retirando las denuncias, ya sea por miedo, dependencia emocional o la creencia de que el agresor puede cambiar. “Que no retiren las denuncias, porque muchas veces uno está con la ilusión de poder regresar porque estamos enamoradas, porque tenemos una familia, pero si realmente el agresor no recibe una atención psicológica, un acompañamiento integral médico, o muchas veces hasta psiquiátrico, esa situación de violencia va a seguir permaneciendo en casa”, afirmó.
El caso de Elizabeth “N” se suma a otros feminicidios en los que, pese a existir antecedentes de violencia y denuncias previas, las víctimas no recibieron la protección necesaria.
Uno de los casos similares ocurrió en marzo de 2023 en Torreón, cuando Mayra “N”, de 28 años, fue asesinada tras haber presentado al menos dos denuncias previas contra su agresor por hechos de violencia en diferentes domicilios.
En agosto de 2022, María de los Ángeles, de 29 años, fue asesinada frente a sus hijos por su agresor, quien ingresó a su casa a través de una ventana, pese a la orden de restricción en su contra.
Otro caso fue el de la maestra Sussy, en Saltillo, en mayo de 2022. Según sus familiares, había denunciado a su exesposo por acoso meses antes de ser asesinada, solicitando sin éxito medidas de protección.
Las autoridades de justicia en Coahuila emiten alrededor de seis mil órdenes de restricción anualmente contra hombres violentos. Sin embargo, se estima que hasta el 20 % de estas medidas son violadas por los agresores, poniendo en riesgo la vida de las víctimas.
En Coahuila existen cinco Centros de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres (CJEM). Solo en el de Saltillo, se atiende diariamente entre 70 y 80 mujeres. No obstante, muchas de ellas optan por no continuar con el acompañamiento o retiran sus denuncias con el paso del tiempo.
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