Por Zitamar Arellano Trueba
Saltillo, Coahuila 17/04/26 (Más).- El boletín difundido ayer por organizaciones ciudadanas contra el “fracking” en Coahuila no busca atacar al gobernador Manolo Jiménez Salinas, sino llamar al Estado a asumir su responsabilidad frente a los riesgos que esta industria representa para el agua, el medio ambiente y la vida de las personas, aclaró El Flaco, vocero y activista del movimiento opositor.
En entrevista, reconoció además que sí existe temor por su integridad ante posibles represalias derivadas del activismo. Según dijo, el grupo actúa con cautela, evalúa los riesgos de manera colectiva y resguarda la identidad de algunos de sus integrantes, incluida la suya, por razones de seguridad.
El Flaco sostuvo que esperan que el posicionamiento público difundido el jueves no se tome como un ataque, sino como un llamado a responsabilizarse por las obligaciones que tiene el Estado frente a derechos básicos de la población. Entre ellos mencionó el derecho al agua, al aire limpio, a la vida y a un desarrollo económico que no condene a una región a una actividad que, según su postura, puede dejar daños duraderos en el territorio.
El vocero insistió en que la intención del grupo no es socavar al gobierno ni golpear su imagen, sino colocar en la discusión pública una preocupación de fondo: que la apuesta por el “fracking” comprometa recursos hídricos, salud y condiciones de vida en zonas potencialmente afectadas.
En ese sentido, dijo que la prioridad es que la sociedad conozca bien el tema, que entienda los riesgos y que pueda construir una postura informada frente a una industria que, sostienen, no debe discutirse sólo desde los argumentos técnicos o de inversión, sino desde sus efectos sobre las personas y el territorio.
Sobre la posibilidad de represalias, El Flaco admitió que el tema sí les preocupa. “(En la organización) siempre actuamos y pensamos en conjunto, evaluando también riesgos y todo”, dijo y aceptó: “Sí tememos por nuestra integridad”. Reconoció que se trata de un asunto sensible para el Estado.
Frente a ese escenario, la forma en que buscan protegerse pasa por la acción colectiva y la asesoría de personas con experiencia previa en luchas ambientales. El vocero explicó que dentro de la red hay gente con trayectoria en este tipo de movimientos, incluso con antecedentes de persecución o presiones, y que esa experiencia les ha servido para medir mejor sus pasos y evitar riesgos innecesarios.
También señaló que se están asesorando con personas que han participado en resistencias similares en otras partes del país, al tiempo que evalúan qué estrategias son viables en Coahuila, donde las condiciones de seguridad obligan a moverse con más precaución.
En esa lógica se explica también que algunos activistas no revelen su nombre real. El propio entrevistado pidió ser identificado sólo como El Flaco, al señalar que el resguardo de identidad responde a razones de seguridad.
Hacia el interior del grupo, dijo, la discusión sobre cómo actuar sigue abierta, pero hay una decisión tomada: continuar manifestándose de forma ciudadana, seguir informando y buscar que más sectores sociales se involucren en el debate.
El activista sostuvo además que el mensaje del boletín busca dejar claro que en Coahuila sí existe oposición al proyecto, luego de que desde el discurso oficial se ha dado a entender que no hay resistencia social relevante.
Según explicó, la idea es construir un contrapeso narrativo a la postura favorable al “fracking”, aportar datos, estudios y testimonios, y abrir camino para que otras voces ciudadanas se expresen. En su visión, la presión social puede ser uno de los pocos factores capaces de influir en la postura del gobierno.
La red que articula este posicionamiento opera en Coahuila bajo el nombre de “Coahuila sin Fracking” y trabaja de manera conjunta con la Alianza Mexicana contra el Fracking, integrada por decenas de organizaciones. Desde ahí, aseguró, seguirán impulsando información, comunicación y evaluación de rutas de acción, con la idea de frenar una industria que consideran riesgosa y de plantear alternativas que, en su opinión, resulten más benéficas para el estado y para sus habitantes.
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