Tania Flores en el ojo del huracán

En seis años, tres administraciones han desviado 97 millones 796 mil 318 pesos de las arcas del Ayuntamiento de Múzquiz; hay cinco carpetas de investigación abiertas en la Auditoría Superior del Estado Por Miguel Villarello

Saltillo, MÁS. – Por la sospecha de un posible mal uso de recursos públicos por una cantidad estimada en 100 millones de pesos, a raíz de una denuncia interpuesta por la ex secretaria del Ayuntamiento de Múzquiz, la Auditoría Superior del Estado informó esta semana al Congreso que se cuenta con suficiencia de evidencias para iniciar una investigación a dicha administración.

Se busca fincar responsabilidad por el desvío de recursos del ejercicio 2022, según trascendió por parte de la exfuncionaria, y la comisión de los delitos posibles como recaudación, administración, manejo, aplicación y ejercicio de recursos públicos de manera irregular, además del posible desvío financiero por pate de funcionarios del ayuntamiento de Múzquiz.

La probable investigación para emprender sería en dos frentes, primero, por parte de la ASE y después por la Fiscalía Anticorrupción estatal.

No obstante que la ASE detectó la comisión de delitos graves como el desvío de recursos y denunció las tres anteriores administraciones muzquences en el período 2014 hasta el 2021, fue a principios de julio del 2023 que se presentó en el Poder Legislativo la exsecretaria del Ayuntamiento de Múzquiz, Karla Mónica Escalera Mendoza, con el propósito de denunciar un nuevo acto de corrupción.

De acuerdo con datos investigados electrónicamente, la exfuncionaria de la administración de Tania Flores Guerra, quien ocupó el cargo de enero del 2022 a febrero de este año, acudió al legislativo y, en la Oficialía Mayor entregó la documentación probatoria de su denuncia.

Semanas después en agosto, en el mismo Congreso, la coordinadora de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, Edna Dávalos Elizondo, confirmó que, como resultado de dicha denuncia que había sido turnada a la Auditoría Superior del Estado, esta dependencia autónoma había informado al Legislativo la existencia de suficiencia documental para iniciar una investigación a la actual administración del municipio enclavado en la región Carbonífera.

DENUNCIA
El mes anterior trascendió que Karla Mónica Escalera había presentado la denuncia contra la alcaldesa Tania Flores Guerra ante el Congreso.
La acusación fue directa, la presunción de haber ejercido irregularmente en 2022 recursos públicos por unos 100 millones de pesos.

Entonces Escalera Mendoza solicitó al legislativo turnar la acusación a la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública con el propósito de abrir una carpeta de investigación y que dicho órgano diera parte a la Auditoría Superior del Estado y que iniciara una indagatoria.

Pues sostuvo que las pruebas presentadas comprobaban la triangulación de pagos de contratos de obras por adjudicación directa a compañías relacionadas a la familia Flores Guerra.

Inclusive solicitó que la ASE iniciara la revisión de los hechos denunciados y, en caso de encontrar hallazgos, solicitar la acción penal ante la Fiscalía Anticorrupción mediante orden de búsqueda, aprehensión y detención en contra de quienes resultaran responsables.

Sin embrago, en el Congreso la misma exfuncionaria había mencionado que la denuncia era contra Tania Flores Guerra, el contralor municipal y contra quien resultara responsable.

El supuesto desvío va desde la contratación de empresas fachada o inexistentes, así como arrendamiento de vehículos y equipo propiedad de una empresa familiar por lo que estaría cayendo en conflicto de intereses, este tipo de recursos públicos serían utilizados en obras inexistentes o inconclusas, con precios inflados y sin licitación de por medio.

Como ejemplo basto uno, el cual está incluido en la carpeta de denuncia que llevara al legislativo la hoy exfuncionaria.

Una compañía “fachada” cuyo domicilio fiscal no corresponde a la ubicación proporcionada, se trata de Servicios y Minerales Guel, empresa dada de alta en el padrón de proveedores del municipio y que está vinculada a Antonio Flores Guerra, hermano de la alcaldesa y actualmente designado diputado plurinominal.

Karla Mónica Escalera Mendoza expuso que dicha empresa fue constituida en 2021 por Jaqueline Garza Briones y Edgar Ali Hernández Garza quienes laboraban para Antonio Flores, por lo que se comprobaría que fungían como prestanombres.

Otras irregularidades, comentó también, se refieren a la adquisición de vehículos o gastos en el relleno sanitario.

Asimismo, en la denuncia está contenida documentación, de acuerdo con lo dicho por la exfuncionaria municipal, que se refiere al uso de barredoras y pipas de agua que son propiedad de Minera del Norte y están supuestamente en calidad de préstamo al ayuntamiento de Múzquiz, pero que en realidad están las factura como arrendadas a través de empresas fantasmas, así como el uso de vehículos propiedad del Municipio en tareas de patio en la minera de carbón denominada Oasis del Desierto en Nueva Rosita, ambas empresas ligadas a la familia Flores Guerra.

INVESTIGARÁ ASE
Fue poco antes del inicio de la sesión de la diputación Permanente, esta semana, que la diputada Edna Dávalos Elizondo reveló que la Auditoría Superior del Estado había informado al Congreso que la denuncia ciudadana interpuesta contra la alcaldesa de Múzquiz por el supuesto desvío de recursos públicos contaba con “los requisitos para iniciar una investigación excepcional”.

La coordinadora de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública legislativa mencionó que un día antes, el lunes 14 de agosto, la ASE hizo dicha notificación referente a la denuncia interpuesta por Karla Mónica Escalera Mendoza contaba con “validez para emprender un procedimiento de revisión documental”.

Esa suficiencia de elementos consideró Dávalos Elizondo, sería razón suficiente para que la ASE investigue a la alcaldesa que llegó al ayuntamiento gracias a la coalición Morena-UDC en 2022.

Que los supuestos por los que se buscarían pruebas serían cohecho, peculado de cuantía mayor, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, encubrimiento de faltas cometidas por servidores públicos, ejercicio irregular de recursos financieros, así como el desvío de estos en perjuicio del erario de Múzquiz.
La suma, calculó la diputada priista, se estima cercana a los 100 millones de pesos.

Inclusive trascendió de fuentes allegadas al Poder Legislativo que la alcaldesa y varios funcionarios podrían ser investigados por delitos como el abuso en el ejercicio de sus funciones en la modalidad de otorgamiento ilegal de permisos, licencias o autorizaciones; la asignación ilegal de obra pública y de contratos, adquisiciones y arrendamientos.

También se investigaría la asignación de obra a precios inflados y el beneficio de éstas a familiares.

No obstante que Edna Dávalos sostuvo que sería prematuro afirmar que existiera una mala intención, un desvío o acto de corrupción en la administración de Múzquiz, será hasta que la ASE informe al Congreso, con base en la revisión de las cuentas, de cómo va el curso del caso.

Después de precisar que el Congreso no interpuso denuncia alguna puesto que solamente se le daba seguimiento a lo que la ciudadana había manifestado, la coordinadora de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública insistió con que todavía no se podría dar constancia de que sí se había cometido el delito, que no se podía saber si era verdad hasta que se hiciera la revisión por parte de la ASE.

DESVIADOS 97.7 MILLONES
En una consulta general a la página de la ASE https://www.asecoahuila.gob.mx/ que se refiere al Informe de Seguimiento a los Resultados de Fiscalización Superior al Primer Semestre del 2023 aborda la situación y estatus de algunas denuncias en contra del municipio de Múzquiz.
No obstante que se refiere a auditorías de los ejercicios fiscales entre el 2013 y el 2021 hay denuncias vigentes y en etapa de investigación por desvío de recursos.

En portal https://portal-asec-almacenamiento-0aeffea.s3.us-east-2.amazonaws.com/shared/PDF/IS1S2023_TomoI.pdf en el Tomo I indica que la Auditoría Superior del Estado emite el presente Informe de Seguimiento a los Resultados de Fiscalización Superior al Primer Semestre de 2023, el cual tiene carácter público y se encuentra disponible en la página de internet de la ASE.

Que el Informe de Seguimiento es un instrumento a través del cual la ASE “da a conocer el estado que guardan las observaciones, recomendaciones y demás acciones que derivan de los resultados de las auditorías practicadas, dentro de las cuales destaca la promoción de responsabilidades que dicho órgano realiza ante las autoridades competentes por actos u omisiones que fueron cometidos”.

“El Tomo I, Nuevo esquema de responsabilidades: aplica para todos aquellos hechos u omisiones cometidos a partir del 19 de julio de 2017 y se encuentra regulado por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016”.

En cuanto al rubro de Entidades a las que se dio vista de presuntas faltas administrativas no graves, el informe dice que la ASE realizó auditorías de Cumplimiento, Legalidad, Fondos y Programas de Inversión, Desempeño y Financiera, en la fiscalización de las cuentas públicas 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 de lo cual, con base en los hallazgos obtenidos, notificó al Órgano Interno de Control correspondiente las vistas por las presuntas faltas administrativas no graves que se enlistan a continuación.

Específicamente del Ayuntamiento de Múzquiz, en 2017 fue una falta, en 2018 y 2019 fueron 8 respectivamente, para incrementarse en 2020 a 12 y llegar a 29 en 2021, del 2022 y lo que va del 2023 no hay datos.

Por lo que se refiere a las Faltas administrativas graves, “Las Faltas Administrativas Graves según el artículo 3, fracción XVI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, son aquellas que se encuentran catalogadas como tal en los términos de dicho ordenamiento jurídico, cuya sanción corresponde al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y sus homólogos en las entidades federativas; en ese sentido, la Ley General de Responsabilidades Administrativas señala un catálogo de conductas u omisiones que pudieran ser llevadas a cabo por los servidores públicos”.

Y refiere a las Responsabilidades penales en cuanto a la Cuenta Pública: Con motivo de las irregularidades advertidas en la revisión de la Cuenta Pública de dichos ejercicios la ASE presentó ante la Fiscalía General del Estado de Coahuila o la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción del Estado de Coahuila denuncias y/o querellas penales:

De la cuenta pública 2014 de Múzquiz el 28 de agosto de 2018 procedió la denuncia contra quién y/o quiénes resulten responsables del desvío de 3 millones 137 mil 299 pesos; se emitió la vista para recabar la opinión de la ASE “previo a emitir una determinación definitiva de no ejercicio de la acción penal por el ministerio público”.

En la cuenta 2015 de Múzquiz el 15 de noviembre de 2018 se denunció a quién y/o quiénes resulten responsables por el desvío de 8 millones 405 mil 720 pesos y está como carpeta de investigación; de la cuenta 2016 de Múzquiz la denuncia fue el 17 de diciembre de 2018 contra quien resulte responsable del faltante de 21 millones 833 mil 289 pesos, es una carpeta de investigación.

De la cuenta Pública del 2017 de Múzquiz el 10 de diciembre de 2021 se denunció a quien resulte responsable por el faltante de 26 millones 440 mil 147 pesos y el estatus es carpeta de investigación; de la cuenta 2018 también de Múzquiz la denuncia fue el 30 de diciembre de 2021 contra quienes resulten responsables por el posible desvío de 8 millones 28 mil pesos y se lleva carpeta de investigación.

Referente a la cuenta pública del 2019 del mismo municipio el 15 de julio de 2022 se denunció a quien y/o quienes resulten responsables por el uso irregular de recursos por 5 millones 955 mil 341 pesos y es una carpeta de investigación; de la cuenta pública también de Múzquiz y correspondiente al 2020 el 19 de abril de 2021 se denunció a quienes resulten responsables por el desvío de 8 millones 483 mil 26 pesos.

Finalmente, respecto de la cuenta pública del 2021 de Múzquiz la ASE denunció el 29 de junio de 2023 a quien o quienes resulten responsables por el dudoso ejercicio de 15 millones 513 mil 496 pesos, el estatus del expediente es “carpeta de investigación”.

En total en seis años tres administraciones han desviado 97 millones 796 mil 318 pesos de las arcas financieras de Múzquiz y hay cinco carpetas de investigación abiertas; respecto de la actual administración municipal que inició funciones en enero del 2022 y terminará en diciembre del 2024 en la página de la ASE no se encontraron datos que refieran algún posible desvío de recursos.