Surge oposición al puente internacional de Piedras Negras

Un proyecto privado contempla dos nuevos cruces internacionales entre Coahuila y Texas para agilizar el comercio. En Texas, opositores temen que el proyecto endeude al condado de Maverick

Saltillo, Coahuila, 22/07/26 (Más).- El proyecto Puerto Verde Global Trade Bridge, que contempla la construcción de un puente internacional de carga y otro ferroviario sobre el río Bravo para conectar a Coahuila y Texas, enfrenta una creciente oposición entre habitantes y autoridades de Eagle Pass y el condado de Maverick, quienes advierten posibles afectaciones económicas, ambientales y sociales para las comunidades cercanas.

De acuerdo con una investigación publicada por El País, el complejo fronterizo promovido por el empresario transportista Rubén Garibay ha dividido a la población del sur de Texas, debido a que sus críticos consideran que podría desviar ingresos de los cruces públicos, comprometer recursos del condado durante varias décadas y beneficiar directamente a las propiedades industriales del inversionista.

El proyecto prevé un puente comercial de seis carriles para camiones de carga, un cruce ferroviario y complejos aduaneros en ambos lados de la frontera, ubicados al norte de Eagle Pass, Texas, y frente a la zona de Piedras Negras, Coahuila. Sus impulsores buscan iniciar la construcción durante este año y sostienen que la infraestructura permitiría atraer miles de unidades de transporte diariamente.

Garibay ha presentado Puerto Verde como el primer componente de un corredor comercial que conectaría el sur de Texas con Canadá y que serviría para descongestionar otros puntos fronterizos, particularmente Laredo, donde los transportistas enfrentan filas prolongadas para cruzar mercancías entre México y Estados Unidos.

La iniciativa recibió respaldo de figuras políticas de ambos países y logró acelerar los trámites federales que habitualmente requieren varios años. Sin embargo, la controversia aumentó después de que el condado de Maverick acordó en principio adquirir a Garibay una participación mayoritaria del puente, pese a que inicialmente se promovió como un proyecto financiado con capital privado.

El convenio, que todavía no ha sido concretado, plantea que el condado compre el 65 por ciento de la infraestructura a cambio de participar en los futuros ingresos por peajes. Los opositores señalan que la operación podría obligar a una de las regiones más pobres de Texas a asumir elevados pagos de deuda sin certeza de que el volumen de cruces genere los recursos prometidos.

Funcionarios favorables al proyecto consideran que los peajes representarían una nueva fuente de ingresos para atender las necesidades de las comunidades rurales.

La comisionada Olga Ramos reconoció que el condado carece de recursos para reparar caminos y ampliar las redes de agua potable. “Necesitamos infraestructura”, declaró al referirse a los problemas que enfrentan poblaciones como Quemado.

La oposición también advierte que Puerto Verde competirá directamente con el puente comercial operado por Eagle Pass, ciudad que obtiene aproximadamente una tercera parte de su presupuesto anual de los peajes recaudados en sus cruces. Las autoridades municipales ya proyectan duplicar de seis a 12 carriles la capacidad de su propia infraestructura.

El exalcalde Rolando Salinas aseguró que intentó obtener garantías de que el nuevo puente no reduciría los ingresos municipales, pero no recibió compromisos concretos. “Le dije: ‘Tiene que darme alguna garantía de que la ciudad no perderá ingresos por el puente”, recordó el exfuncionario. “Él respondió que no estaba dispuesto a compartir nada”.

Habitantes de Seco Mines, comunidad ubicada en las inmediaciones del sitio elegido para la obra, temen que el tránsito constante de camiones y trenes incremente la contaminación del aire, el ruido y los riesgos de inundación. También señalan que las instalaciones aduaneras y las vías ferroviarias serían construidas a poca distancia de sus viviendas.

Graciela Maldonado, residente del sector, indicó que una vía elevada pasaría junto al arroyo Seco y cerca de la casa construida por su padre. “Van a construir el puente internacional prácticamente en nuestros patios traseros”, expresó. “Nos van a dejar completamente rodeados”.

Los cuestionamientos se extienden a los beneficios privados que Garibay podría obtener, debido a que él y diversas compañías relacionadas han adquirido más de mil 780 hectáreas en el condado de Maverick. Además, proyecta desarrollar parques industriales y complejos de bodegas en terrenos ubicados a ambos lados del río Bravo.

Garibay ha reconocido que el proyecto representa una oportunidad empresarial, aunque sostiene que también impulsará el desarrollo regional. “Sí, aquí hay una oportunidad de negocio para mí”, declaró durante una conferencia de prensa celebrada en 2024. Agregó que busca ofrecer a otros jóvenes las oportunidades económicas que él tuvo tras el crecimiento comercial de Laredo.

El empresario construyó su fortuna mediante Select Dedicated Solutions, compañía de transporte que comenzó con un solo conductor y creció durante la expansión comercial derivada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Su intención es reproducir en Eagle Pass parte de la transformación económica que experimentó Laredo después de la apertura del Puente Mundial del Comercio.

Especialistas han reconocido que Eagle Pass podría convertirse en una conexión relevante entre las zonas manufactureras mexicanas y los mercados estadounidenses, pero dudan que una nueva infraestructura produzca por sí misma un crecimiento comparable con el de Laredo.

Daniel Covarrubias, de la Universidad Texas A&M International, señaló que aquella expansión fue impulsada por el TLCAN y por la generación de nuevos volúmenes comerciales.

La discusión sobre Puerto Verde también modificó el panorama político del condado de Maverick. El juez del condado Ramsey English Cantú, uno de sus principales promotores, fue suspendido temporalmente en mayo y posteriormente perdió la segunda vuelta de las elecciones primarias demócratas frente al excomisionado Gerardo Jerry Morales.

Cantú fue acusado, entre otros señalamientos, de ordenar la detención ilegal de Enriqueta Queta Díaz, exjueza del condado y una de las voces críticas del proyecto. La detención ocurrió después de que Díaz cuestionó a los comisionados durante una sesión relacionada con la inversión de 7.2 millones de dólares en infraestructura hidráulica para Quemado.

Jerry Morales ha calificado la participación del condado como una apuesta arriesgada y ha advertido que inversionistas externos podrían beneficiarse a costa de los residentes. En caso de ganar las elecciones generales de noviembre, ha planteado retirar a Puerto Verde del permiso federal y promover, junto con Eagle Pass, otro puente ubicado más lejos de la zona urbana.

La influencia política de Garibay también ha sido objeto de cuestionamientos. Entre 2021 y el ciclo electoral de 2024, realizó donaciones cercanas a un millón de dólares a integrantes del Congreso estadounidense y entregó más de 100 mil dólares a fondos relacionados con el senador republicano Ted Cruz.

Puerto Verde pagó además más de 1.5 millones de dólares a firmas de cabildeo en Washington. Con el respaldo de Cruz y del congresista Henry Cuellar, se incorporó a la legislación federal una disposición que redujo a 120 días el plazo para resolver permisos de diversos puentes fronterizos, incluso sin que hubieran concluido todas las evaluaciones ambientales.

La administración del entonces presidente Joe Biden aprobó cuatro permisos para puentes en Texas, entre ellos el correspondiente a Puerto Verde. Posteriormente se autorizaron otros proyectos antes de que expirara la disposición que había agilizado temporalmente los procedimientos federales.

En México, el proyecto recibió respaldo público después de que representantes gubernamentales cercanos a la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvieron encuentros con sus promotores. En marzo, el director de un banco estatal de desarrollo anunció la creación de una asociación público-privada para financiar la construcción en el lado mexicano.

Garibay afirmó que México se comprometió a invertir 300 millones de dólares en esa parte de la infraestructura. La información difundida no precisa las condiciones financieras, la distribución de responsabilidades ni los compromisos que asumirían las autoridades mexicanas dentro del proyecto.

Los planes establecen que los nuevos cruces contarían con sistemas de inspección similares a equipos de rayos X para revisar la totalidad de los cargamentos ferroviarios y carreteros. Sus promotores argumentan que esta tecnología permitiría reducir tiempos de espera y fortalecer la seguridad en el intercambio comercial.

A pesar de esas promesas, críticos del proyecto han manifestado preocupación por la posibilidad de que una infraestructura de propiedad mayoritariamente privada pueda enfrentar mayores riesgos de infiltración del crimen organizado. Garibay contrató al exdirector del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Steve McCraw, para revisar los protocolos de seguridad y proponer nuevas tecnologías de vigilancia.

También han surgido dudas sobre la situación financiera personal del empresario. American Express presentó demandas contra Garibay y dos de sus compañías por adeudos superiores a 600 mil dólares, mientras que el Servicio de Impuestos Internos impuso un gravamen sobre una de sus propiedades por un millón de dólares en impuestos presuntamente no pagados.

El promotor ha rechazado que enfrente problemas de liquidez y asegura que esas obligaciones están relacionadas con una estrategia fiscal derivada de pérdidas en sus actividades agrícolas. También ha insistido en que nunca tuvo la intención de financiar por cuenta propia la totalidad de la obra, aunque en la solicitud del permiso federal se estableció que el capital privado lideraría el proyecto sin depender de fondos públicos.

Mientras las autoridades buscan definir el esquema financiero y el nuevo liderazgo político del condado evalúa su continuidad, Puerto Verde se mantiene como uno de los proyectos fronterizos más controvertidos de la región. Para sus impulsores representa una oportunidad de desarrollo comercial; para sus opositores, implica el riesgo de endeudar a la comunidad, afectar los ingresos de Eagle Pass y transformar de manera irreversible las zonas habitacionales cercanas al río Bravo.