Surge frente comunitario contra la violencia digital

Oaxaca, 25/08/26 (Más).- Mujeres indígenas de distintas comunidades de Oaxaca conformaron el Frente Comunitario contra la Violencia Digital, una estrategia de prevención, acompañamiento y apropiación tecnológica que busca responder al aumento del ciberacoso y otras agresiones digitales, particularmente en localidades donde prevalecen sistemas de usos y costumbres.

De acuerdo con información publicada por Animal Político, el Frente surgió durante un campamento organizado por la Red de Intérpretes y Promotores Interculturales (REDIN) en Guelatao, donde las participantes plantearon la necesidad de crear un espacio de resguardo colectivo entre mujeres, fortalecer la alfabetización digital con perspectiva de género y llevar a sus comunidades información sobre la Ley Olimpia.

La iniciativa parte de una situación particular en las comunidades indígenas oaxaqueñas, donde el acceso a internet se ha extendido incluso antes que otros servicios, lo que también ha generado nuevas formas de violencia contra las mujeres.

Ante este escenario, las intérpretes y promotoras interculturales consideraron que su labor no debía limitarse a escuchar los testimonios de las víctimas, sino que debía convertirse en una acción organizada desde los propios territorios.

Durante el encuentro, las mujeres intercambiaron experiencias relacionadas con el acoso y la violencia sexual digital y analizaron las dificultades que enfrentan quienes buscan ayuda. Entre ellas identificaron las barreras lingüísticas, el temor al señalamiento de familiares y vecinos, la distancia de las fiscalías y las diferencias entre el sistema de justicia estatal y los mecanismos de gobierno comunitario.

Como primera acción, las integrantes del Frente grabaron mensajes en sus lenguas maternas dirigidos a las comunidades a las que pertenecen. En esos videos explican la existencia de la Ley Olimpia, buscan prevenir nuevas agresiones y ofrecen un puente de acompañamiento para las mujeres que hayan sido víctimas de violencia digital.

La REDIN también ha impulsado procesos de traducción de contenidos relacionados con esta legislación a lenguas indígenas de Oaxaca.

La Ley Olimpia, que reúne reformas legales impulsadas para reconocer y sancionar la violencia digital y la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, es considerada por las participantes como una herramienta para que las mujeres conozcan sus derechos y puedan decidir sobre el uso de su imagen y su intimidad.

El Frente busca que ese conocimiento no permanezca únicamente en español ni dependa de que las víctimas tengan que trasladarse a las ciudades para obtener orientación.

El proceso también ha implicado superar los temores de las propias promotoras. Algunas reconocieron que denunciar públicamente la violencia sexual digital puede provocar señalamientos en comunidades donde la reputación y la opinión de los vecinos tienen un peso importante. A ello se suma que varias mujeres enfrentan estructuras sociales en las que los cargos comunitarios continúan concentrados principalmente en los hombres.

Durante el campamento participó Olimpia Coral Melo, impulsora de la legislación conocida como Ley Olimpia, quien preguntó a las asistentes si habían participado anteriormente en una manifestación feminista.

Ante la respuesta negativa de la mayoría, organizó una marcha simbólica a la orilla de la laguna de Guelatao, donde las participantes realizaron consignas relacionadas con la lucha de las mujeres. El ejercicio buscó que las asistentes pasaran de ser receptoras de información a protagonistas de una estrategia de defensa comunitaria.

Uno de los principales desafíos identificados es la incorporación de las agresiones digitales dentro de los mecanismos de justicia comunitaria. Judith Martínez, de 46 años y síndica de San Pedro Amuzgo, explicó que para que la Ley Olimpia pueda aplicarse en su comunidad será necesario que las medidas sean analizadas y aprobadas por la asamblea, de manera que puedan incorporarse al bando de policía y gobierno.

La funcionaria comunitaria señaló que cada pueblo debe definir cómo atender y sancionar estos delitos de acuerdo con su identidad y su lengua. El planteamiento implica un proceso de adaptación de las disposiciones legales al funcionamiento de las comunidades, sin perder de vista los derechos de las mujeres que enfrentan agresiones digitales.

En Oaxaca, 418 de los 570 municipios se rigen bajo Sistemas Normativos Indígenas, conocidos también como sistemas de usos y costumbres, y cada localidad cuenta con sus propias estructuras de organización. Esta diversidad constituye uno de los principales retos para establecer mecanismos de prevención, atención y sanción de la violencia digital.

Celia Reyes, de 29 años, originaria de San Juan Juquila Mixes y hablante de mixteco, consideró que el acceso a información en las lenguas de las comunidades puede permitir que principalmente las juventudes conozcan los riesgos de internet y aprendan a utilizar las redes sociales de manera más segura.

La promotora planteó además la necesidad de que las autoridades locales reconozcan las agresiones digitales y de que se modifiquen las barreras de pensamiento que limitan la participación de las mujeres en los espacios públicos.

Su intención es convertirse en una persona de confianza para las mujeres y jóvenes de su comunidad y contribuir a que quienes enfrenten violencia digital puedan solicitar ayuda sin temor a ser intimidadas o señaladas.

La experiencia de María Soledad, joven de 22 años y hablante de mazateco bajo, muestra otra dimensión del problema. Durante su etapa de secundaria, un compañero editó y difundió una fotografía suya en redes sociales. La joven relató que en ese momento desconocía que se trataba de una forma de violencia digital y que pudo detener la agresión gracias a la intervención de un profesor.

A partir de esa experiencia, María Soledad decidió participar en el campamento y prepararse como intérprete. Su objetivo es convertirse en un enlace para personas que no cuentan con información suficiente sobre sus derechos y explicar que existen mecanismos legales para enfrentar la difusión de imágenes sin consentimiento.

Para ella, el Frente también debe contribuir a superar la vergüenza familiar, el temor al señalamiento y las dificultades geográficas para acudir ante las autoridades.

La organización comunitaria que comienza a construirse en Oaxaca forma parte de un movimiento más amplio de colectivos que trabajan contra la violencia digital en México. Entre ellos se encuentra el Frente Nacional para la Sororidad, impulsado por Olimpia Coral Melo, que participó en la promoción de las reformas conocidas como Ley Olimpia y brinda acompañamiento a víctimas de violencia digital.

También se encuentra Defensoras Digitales, con presencia en México y América Latina, que ha trabajado en la articulación de activistas y sobrevivientes de violencia digital. En febrero de 2025 organizó en Ciudad de México la Primera Cumbre Latinoamericana de Defensoras Digitales, bajo el lema “Código, Territorio y Resistencia”, con participación de representantes de distintos países de la región.

En Oaxaca, el Colectivo DLR ha desarrollado acciones de hacktivismo para localizar y retirar contenido sexual difundido sin consentimiento y ha documentado redes de presuntos agresores. El colectivo también ha denunciado la existencia de grupos digitales utilizados para compartir contenido sexual de mujeres y ha investigado redes de acoso vinculadas con distintos ámbitos.

Luchadoras MX, por su parte, ha investigado los obstáculos que enfrentan las víctimas para acceder a la justicia. Entre sus trabajos se encuentra el informe “Justicia en trámite. El limbo de las investigaciones sobre violencia digital en México”, publicado en 2020, además de investigaciones sobre violencia política y agresiones contra mujeres mediante tecnologías digitales.

A estas organizaciones se suma Internet Es Nuestra MX, coalición integrada por organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos digitales, entre ellas Article 19, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, Luchadoras MX, Derechos Digitales y SocialTIC. Sus trabajos han abordado el derecho de las mujeres a utilizar internet de manera segura sin que las medidas contra las agresiones digitales impliquen restricciones a sus derechos.

El problema también ha generado iniciativas fuera de México. En Chile, Acoso Online ofrece orientación sobre seguridad, mecanismos legales y apoyo comunitario frente a la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento.

En Argentina, la Asociación por los Derechos Civiles y la Fundación Activismo Feminista Digital han realizado investigaciones sobre ciberviolencia machista y propuestas para el diseño de políticas públicas.

En Brasil, Coding Rights e InternetLab han trabajado junto con organizaciones feministas y de derechos digitales para documentar la violencia de género en línea, mientras que en otros países de América Latina existen organizaciones enfocadas en la defensa de los derechos de mujeres indígenas, afrodescendientes, campesinas y comunidades vulnerables.

La experiencia de Oaxaca plantea, sin embargo, una característica particular: la intención de construir mecanismos de prevención y defensa desde las propias comunidades y mediante sus lenguas.

La REDIN, organización fundada en Oaxaca en 2019, desarrolla actividades de interpretación, traducción y acompañamiento comunitario en lenguas indígenas y ha incorporado la justicia intercultural como parte de sus acciones.

El Frente Comunitario contra la Violencia Digital busca así conectar el conocimiento jurídico con las formas de organización de los pueblos indígenas. Sus integrantes plantean que conocer la existencia de una ley es apenas el primer paso, pues su aplicación requiere que las comunidades conozcan sus alcances, que las mujeres puedan identificar las agresiones y que existan mecanismos para acompañarlas.

Durante los tres días de encuentro, las participantes recibieron capacitación sobre violencia digital y Ley Olimpia, intercambiaron experiencias y desarrollaron herramientas para llevar la información a sus comunidades.

El objetivo es ampliar una red de mujeres que pueda prevenir agresiones, orientar a las víctimas y promover respuestas comunitarias frente a este tipo de violencia.

Con esta estrategia, las promotoras buscan que niñas, adolescentes y mujeres indígenas puedan utilizar las tecnologías digitales sin que la falta de información, las barreras lingüísticas o el temor al señalamiento social limiten su derecho a ocupar esos espacios.

La apuesta del Frente es que la defensa frente a la violencia digital se construya desde los propios territorios y con la participación directa de las mujeres de cada comunidad.