Sube mortalidad infantil tras restricción al aborto

Austin, 27/06/24 (Más / IA).- Un reciente estudio dirigido por investigadores de la Universidad Johns Hopkins y publicado en la revista JAMA Pediatrics, revela un aumento en la tasa de mortalidad infantil en Texas tras la implementación de una restrictiva ley de aborto en 2021.

El estudio encontró que la tasa de mortalidad infantil en el estado aumentó un 8.3 por ciento entre 2021 y 2022, comparado con un incremento del 2.2 por ciento a nivel nacional, destacando el impacto potencialmente devastador de las políticas restrictivas de aborto.

La ley de Texas, que entró en vigor el 1 de septiembre de 2021, prohíbe los abortos después de la detección de latidos cardíacos fetales, alrededor de las seis semanas de embarazo, sin excepciones por incesto, violación o anomalías fetales, salvo en casos de emergencias médicas.

Antes de esta legislación, el aborto estaba permitido hasta las 20 semanas. La ley fue implementada unos meses antes de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara el fallo Roe v. Wade, que garantizaba el derecho al aborto en todo el país.

Según Suzanne Bell, profesora asistente en la Escuela Bloomberg de Salud Pública de Hopkins y una de las autoras principales del estudio, las políticas restrictivas de aborto que limitan la capacidad de las personas embarazadas para interrumpir embarazos, particularmente aquellos con anomalías fetales diagnosticadas más adelante, pueden conducir a aumentos en la mortalidad infantil.

De acuerdo con una publicación del diario The Washington Post, el estudio encontró que la tasa de mortalidad infantil en Texas aumentó 12.9 por ciento en el número de muertes de niños antes de su primer cumpleaños entre 2021 y 2022.

Mientras la tasa de mortalidad de bebés de 28 días o menos disminuyó en otros estados, en Texas aumentó 5.8 por ciento. Además, las muertes por anomalías fetales, la principal causa de muerte de bebés menores de un año, aumentaron un 22.9 por ciento en Texas, en contraste con una disminución del 3.1 por ciento en el resto del país.

Las muertes infantiles por lesiones no intencionales también registraron un incremento significativo del 20.7 por ciento en Texas, comparado con un aumento del 1.1 por ciento a nivel nacional.

Los investigadores analizaron datos de certificados de defunción de niños menores de un año en Texas y otros 28 estados entre enero de 2018 y diciembre de 2022, y concluyeron que las muertes a partir de marzo de 2022 fueron las primeras expuestas a la prohibición del aborto.

Los autores del estudio admiten ciertas limitaciones, incluyendo la falta de datos específicos sobre el mes de nacimiento de los bebés y otros detalles relevantes para las muertes infantiles. Tampoco pudieron investigar si los aumentos en las muertes eran más comunes entre ciertos grupos demográficos.

Según la publicación periodística, John Guillebaud, profesor emérito de la Universidad College de Londres, señaló que aunque la asociación entre el aumento de muertes y la ley de Texas no prueba causalidad, es probable que exista un vínculo debido a la prohibición de abortos en casos de anomalías congénitas.

El estudio también sugiere que las mujeres afroamericanas no hispanas pueden enfrentar una mayor incidencia de muertes infantiles debido a las restricciones de aborto, reflejando las disparidades raciales en la salud materna e infantil. Las restricciones al aborto y el consiguiente aumento de la mortalidad infantil tienen efectos profundos en el bienestar de las familias y la salud mental de los padres.

Los investigadores advierten que los hallazgos de este estudio podrían anticipar cambios similares en otros estados que han implementado o están considerando prohibiciones al aborto. A medida que se desarrollan más investigaciones, es crucial evaluar cómo las restricciones de aborto afectan la salud infantil y materna en diferentes contextos. El debate sobre la causalidad continúa, y aunque este estudio no prueba un vínculo directo entre las restricciones al aborto y el aumento de la mortalidad infantil, sí destaca la necesidad urgente de abordar las consecuencias de estas políticas en la salud pública y el bienestar de las familias.


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