Someten a “parlamento abierto” la reforma ambiental de Sheinbaum

Ciudad de México, 29/09/26 (Más).- La reforma ambiental impulsada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum fue sometida a un ejercicio de parlamento abierto en la Cámara de Diputados, donde académicos, científicos, activistas, defensores ambientales, ciudadanos y representantes de organizaciones públicas y privadas comenzaron a plantear observaciones y propuestas para modificar el proyecto que busca actualizar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).

De acuerdo con información publicada por Animal Político, las audiencias públicas fueron programadas del 28 al 30 de septiembre en el Palacio Legislativo de San Lázaro, con dos mesas de trabajo por jornada.

En el ejercicio se registraron 120 participantes de distintos sectores, entre ellos especialistas, organizaciones de la sociedad civil y representantes de los sectores turístico y empresarial, quienes expondrán sus consideraciones sobre la iniciativa.

El parlamento abierto se realizó después de que la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados aprobó el 21 de septiembre el acuerdo para efectuar las audiencias. La presidenta de esa comisión, Gabriela Benavides Cobos, del Partido Verde Ecologista de México, sostuvo durante la apertura que una legislación de esta naturaleza requiere escuchar diferentes posiciones y no debe elaborarse únicamente desde las oficinas gubernamentales.

“Hoy vivimos una situación diferente (…) Hoy tenemos una crisis de cambio climático que nos obliga a trabajar en la prevención y el cuidado y no solo en el mantenimiento, en la prevención, restauración, cuidado y sanción de quien esté afectando al medio ambiente. El planeta es nuestro, (…) así que tenemos que trabajar en equipo para cuidarlo”, señaló Benavides Cobos durante el arranque de las audiencias.

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, destacó que el ejercicio permitirá escuchar a organizaciones e instituciones interesadas en el contenido de la reforma y señaló que sus propuestas deberán ser consideradas durante el proceso legislativo.

“Abrir un parlamento abierto es una instancia única e histórica, y sobre todo en este tema ambiental, donde hay tanta gente que ha manifestado su interés y eso me parece maravilloso (…) vamos a escuchar en esta semana a todas las organizaciones, a todas las instituciones (…) es un espacio en el cual no solamente es escuchar, sino también considerar estas propuestas en lo que vaya a ser la ley que ustedes van a dictaminar en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores”, expresó.

La primera mesa estuvo dedicada al análisis técnico y jurídico de la nueva legislación en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente. Durante dos horas, especialistas y científicos dispusieron de cinco minutos cada uno para presentar sus observaciones.

Entre los temas que generaron cuestionamientos estuvieron las diferencias entre la Evaluación Ambiental Estratégica y la Evaluación de Impacto Ambiental, así como las reglas propuestas para las obras gubernamentales.

Jesús Enrique Pablo Dorantes, fundador de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental, advirtió que la Evaluación Ambiental Estratégica no debe sustituir a la Evaluación de Impacto Ambiental; explicó que la primera permite comparar alternativas de desarrollo, pero no realiza inventarios bióticos de especies en peligro de extinción, tampoco modela determinadas escalas ni garantiza por sí misma la participación de las comunidades. En contraste, la Manifestación de Impacto Ambiental analiza proyectos concretos a partir de coordenadas precisas.

A partir de esas diferencias, Dorantes cuestionó el tratamiento planteado para proyectos promovidos por el sector público. “El texto propuesto constituye un régimen preferencial para las obras gubernamentales; propone eliminar privilegios para proyectos públicos”, sostuvo el especialista durante su intervención ante los diputados.

Daniela Pedroza Paez, académica del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México, coincidió en cuestionar que la Evaluación Ambiental Estratégica y la Evaluación de Impacto Ambiental puedan recibir un tratamiento equivalente. Además, advirtió sobre el contenido del artículo 53 de la iniciativa, debido a que permitiría presentar una Manifestación de Impacto Ambiental después de iniciada una obra o actividad. “Esto desvirtúa el objetivo preventivo del instrumento y amenaza nuestro derecho a un medio ambiente sano”, señaló.

La académica también puso sobre la mesa la participación de las comunidades potencialmente afectadas por megaproyectos. Según su análisis, ni en la Evaluación Ambiental Estratégica ni en la Evaluación de Impacto Ambiental se establece la obligación de realizar una consulta pública, mientras que la propuesta conserva la expresión podrá hacer una consulta pública. También señaló que falta establecer una obligación para transparentar y justificar el tratamiento de las observaciones recibidas por la Secretaría de Medio Ambiente.

“En este sentido no se está cumpliendo que se está fortaleciendo la participación ciudadana que lo establece el documento sobre la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y el Acuerdo de Escazú. Por ende, se debe incluir como una obligatoriedad [la participación ciudadana]”, planteó Pedroza Paez al solicitar que la intervención ciudadana quede establecida expresamente dentro de la legislación.

Otro de los planteamientos provino de María Zorrilla Ramos, académica del Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad de la Universidad Iberoamericana, quien enfocó su participación en la protección de la biodiversidad y el patrimonio geológico. La especialista pidió incorporar en el artículo 3 de la LGEEPA y en la propuesta de reforma los conceptos de geopatrimonio y geositio, con el propósito de reconocer y proteger la geodiversidad dentro y fuera de las Áreas Naturales Protegidas. Entre los ejemplos mencionó las grutas y cavernas de Guerrero y Yucatán, además del volcán Paricutín, en Michoacán.

La defensora ambiental Raquel Gutiérrez Nájera, directora del Instituto de Derecho Ambiental en Jalisco, llevó al debate el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho y las dificultades existentes para acceder a la justicia ambiental. Propuso avanzar hacia esquemas de administración pública ambiental y unificar los procedimientos relacionados con inspecciones y verificaciones, de manera que principios, pruebas, peritajes, estudios, sentencias y medidas cautelares puedan ser analizados dentro de un mismo procedimiento.

Gutiérrez Nájera advirtió además sobre la necesidad de que la nueva legislación reconozca la relación entre los recursos naturales y la vida de las personas. “Sino entendemos esto y no la plasmamos en el acceso a justicia vamos a seguir con un alto grado de impunidad como hasta ahora se vive en México”, señaló durante su participación.

Al defender la realización del parlamento abierto, Bárcena planteó que las aportaciones permitan construir una legislación capaz de proteger los recursos naturales, incorporar los conocimientos tradicionales y aprovechar la ciencia y la tecnología.

“Estamos seguros de que puede surgir una voluntad colectiva y que seamos capaces de crear una ley que cuide nuestra riqueza natural, que también reconozca los saberes tradicionales, que involucre a la ciencia y a la tecnología y que, desde luego, este marco dure por lo menos otras décadas en donde las generaciones futuras no nos reclamen, y nos digan: bueno, hicieron su trabajo, hicieron lo posible”, afirmó.

Las audiencias continuarán hasta el 30 de septiembre y sus resultados formarán parte de la discusión legislativa de la reforma promovida por el gobierno federal. Las primeras intervenciones mostraron que una parte de la discusión estará concentrada en el carácter preventivo de las evaluaciones ambientales, las condiciones aplicables a proyectos públicos, la obligatoriedad de la participación ciudadana, el acceso a la justicia y la incorporación de nuevas figuras de protección del patrimonio natural.