Por Marco Campos Mena
¡Siempre hay un tweet! Y este data de 2014, lo firma la entonces jefa delegacional de Tlalpan, hoy presidente de México, y replica una frase de Andrés Manuel López Obrador sobre Enrique Peña Nieto. La frase decía que Peña Nieto actuaba “como dictadorcito” al intentar censurar internet a través de su reforma en telecomunicaciones. Doce años después, alguien lo recordó, lo encontró y lo hizo público, poniendo entre la espada y la pared a todos los morenistas que hoy buscan desviar la atención de todos los escándalos de corrupción y vínculos con el crimen organizado.
¿Es de sabios cambiar de opinión? Yo diría que lo único que cambió fue la conveniencia al ser ellos los que están en el poder y ahora les resulta incómodo el mismo pensamiento que tenían como oposición. ¡cuánta falta hace morena como oposición a su mismo gobierno por congruencia!
Esta semana, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones puso a consulta pública sus lineamientos sobre derechos de las audiencias, derivados de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión que el Senado aprobó meses atrás con la bancada de Morena arrasando en la votación. ¿otra consulta a modo? ¡Dudo hasta de mi propia sombra en este México mágico donde lo imposible deja de serlo!
Los medios de comunicación tendrán que distinguir con claridad entre información y opinión, contar con un código de ética, designar a un defensor de audiencias y exponerse a sanciones económicas si un ciudadano considera que se difundió información “falsa o inexacta”.
La prensa crítica, la comentocracia, como le llaman y a cuya etimología nos referimos como en gobierno de los comentaristas (vaya ignorancia de quien les puso ese término), ya le puso nombre al proyecto: ley censura. La presidenta, por supuesto, lo niega con la misma fórmula que usan todos los que están a punto de hacer algo que saben que no deberían: «no hay censura ni va a haber censura».
Le creería si no tuviéramos el antecedente de 2014 archivado en su propia cuenta de X. Le creería si la 4T no hubiera construido buena parte de su identidad política denunciando exactamente este tipo de maniobra cuando la ejecutaba el adversario. Pero el problema de acusar a un presidente de dictadorcito por censurar internet es que la acusación deja de tener valor moral en el momento en que uno mismo diseña el mecanismo, solo que con mejor empaque retórico y una consulta pública de fachada.
Vayamos al fondo técnico, porque ahí es donde se esconde la trampa, esas letras chiquitas incómodas que expresan la voluntad real del legislador.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones no nació de un proceso ciudadano ni de un concurso independiente. Sus cinco integrantes fueron propuestos por la presidente, ratificados por un Senado donde Morena y sus aliados tienen mayoría cómoda, y la comisionada que preside el pleno fue nombrada directamente por Sheinbaum en un plazo que la propia ley le concede. Es decir: la presidencia propone, la mayoría legislativa afín ratifica y la presidencia corona a quien preside. Todas personas afines, personas que, como diría el mismo AMLO, las prefieren leales a pensantes, y del mismo modo, recibiendo un sueldo que proviene del mismo gobierno de Sheinbaum… seguramente van a retar la voluntad de su “patrona”.
Ahora apliquemos la lógica elemental que tanto le gusta invocar a la presidente cuando explica en la mañanera, no vaya a ser que me digan que mis palabras son inexactas por no seguir el protocolo de lógica informativa. Si la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones es la que determina qué es información veraz y qué no lo es, y a quien preside esa comisión la nombra la presidencia de la República, entonces la presidencia de la República determina qué es la verdad. Seguir esa transitividad no requiere formación jurídica. Requiere, eso sí, la ingenuidad de creer que un órgano nombrado por el poder va a fiscalizar con imparcialidad al poder que lo nombró.
La experiencia acumulada de estos años debería pesar más que cualquier promesa de buena fe. Llevamos un sexenio y medio escuchando eufemismos para nombrar lo que incomoda: la “regularización” de viviendas invadidas, la “reasignación” de recursos, la “consulta” que nunca cambia el fondo de nada. Llevamos también un sexenio y medio viendo cómo se niegan hechos documentados con pruebas, con pruebas y más pruebas, hasta que la negación se vuelve la política oficial de comunicación. Suponer que esta comisión sería la excepción a un patrón tan consistente exigiría cerrar los ojos ante lo ya vivido.
El antecedente más reciente y más incómodo es el Poder Judicial. Se prometió que la elección popular de jueces lo haría más autónomo, más cercano a la gente, más ajeno a los intereses de siempre. Lo que tenemos hoy es un poder politizado, resolviendo a modo cuando conviene al oficialismo, con jueces cuya cercanía con Morena no es un secreto que alguien se moleste en disimular, rebalsan el cinismo. Si eso le pasó al poder que se suponía debía ser el contrapeso constitucional por excelencia, ¿qué garantía razonable existe de que una comisión de telecomunicaciones, con comisionados nombrados en cadena directa desde Palacio Nacional, va a comportarse distinto?
Ninguna. Y ese es exactamente el punto que la 4T necesita que usted no articule en voz alta.
Lo verdaderamente eficaz de este modelo no es la multa que eventualmente se le imponga a un medio incómodo, eso sería demasiado burdo, demasiado visible, demasiado parecido a lo que ellos mismos denunciaban en 2014. Lo efectivo es la autocensura que se instala antes de que la sanción exista siquiera.
Un director editorial que sabe que cualquier nota sobre corrupción en Morena puede interpretarse como información “no verificada” por una comisión nombrada por la presidencia empieza a suavizar el titular, a diluir la nota, a preguntarse si vale la pena el riesgo. Esa es la censura que se ejerce sola desde el miedo administrado a través de una norma que parece técnica y neutral pero que concentra el juicio último sobre la verdad en las mismas manos que deciden el presupuesto y las concesiones.
No hace falta que le digan algo al periodista, basta con que el periodista decida por miedo no ejercer su profesión.
Quienes hoy diseñan esta arquitectura regulatoria fueron los mismos que hace doce años entendieron que controlar la narrativa a través de la ley es la forma más elegante de ejercer una dictadura. ¿Quedará alguien dentro del movimiento que conserve aunque sea un poco de congruencia y se oponga a esto?
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