Sólo casos urgentes 

El sindicato de trabajadores del Poder Judicial declaró paro nacional del 19 al 24 de octubre, cuando se prevé la discusión del dictamen en el Senado

REDACCIÓN / IA

Ciudad de México. – El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha anunciado su respaldo a las protestas de los trabajadores en diversos estados, quienes se oponen a la extinción de los fideicomisos. El CJF también ha declarado los días que dure el paro nacional como inhábiles, asegurando que durante este período se mantendrá el acceso a la justicia para la población.

La decisión busca ahorrar aproximadamente 15 mil millones de pesos destinados a fondos del Poder Judicial de la Federación (PJF), que ahora se redirigirán hacia los sectores considerados «más necesitados», según los morenistas y sus aliados.

El Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, en una entrevista con Infobae México, detalló que se les informó sobre la decisión de llevar a cabo un paro, que comenzó el 19 de octubre y se extenderá hasta el 24 de octubre.

Ante la suspensión de labores, términos y plazos procesales, el CJF ha asegurado que se mantendrá el derecho de acceso a la justicia en respeto a quienes han optado por manifestarse contra la extinción de los fideicomisos. Los tribunales de la federación continuarán funcionando exclusivamente para casos urgentes, realizando trabajo remoto y con un personal mínimo necesario.

Para garantizar la atención de asuntos urgentes, se establecerá un esquema de guardias. El máximo órgano jurisdiccional del país, encabezado por la ministra presidenta Norma Piña Hernández, asegura que cumplirán con esta tarea de manera efectiva.

Además, el CJF ha puesto a disposición de la ciudadanía un portal de servicios del Poder Judicial para el trámite de asuntos urgentes. Las sesiones y audiencias de los órganos jurisdiccionales se llevarán a cabo únicamente a través de sesiones virtuales.

El CJF ha especificado que se atenderán trámites urgentes de acuerdo con el artículo 15 de la Ley de Amparo, que incluye actos que pongan en riesgo la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, así como delitos contemplados en el artículo 22 de la Constitución, como penas por mutilación, infamia, marca, azotes, confiscación de bienes, entre otros.

También se considera la posibilidad de tramitar urgentemente los asuntos relacionados con la incorporación forzosa del Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea, así como aquellos que involucren derechos humanos, impactos diferenciados e interseccionales en el acceso a derechos económicos y sociales para colectivos y poblaciones en situación de vulnerabilidad, según el Acuerdo General del Pleno del CJF.

Con información de Infobae México

• De acuerdo con el artículo 15 de la Ley de Amparo, los trámites urgentes son:
• Actos que pongan en riesgo la vida
• Ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión
• Proscripción o destierro
• Extradición
• Desaparición forzada de personas
• Así como delitos contemplados en el artículo 22, como penas por mutilación, infamia, marca, azotes, confiscación de bienes, entre otros.