Por Miguel Villarello
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En la sesión del Congreso, se va a comisiones la propuesta de la Unidad Democrática de Coahuila (UDC) para solicitar a la Academia Interamericana de Derechos Humanos (AIDH) transparentar e informar a los diputados sobre las irregularidades detectadas en su claustro de maestros.
Quien hizo la propuesta en tribuna fue Yolanda Elizondo Maltos, de la fracción parlamentaria de UDC, quien citó que, en la página de transparencia del sitio oficial de internet de ese instituto, se encuentra un apartado denominado “Open Academy”, “este espacio fue supuestamente diseñado para garantizar la máxima publicidad de las actividades de ese centro educativo para ‘asegurar una mejor transparencia y rendición de cuentas”.
Y continuó: “Dentro de “Open Academy” o “Academia Abierta”, hay un rubro denominado: “Datos abiertos de la dirección general 2020-2024” en el cual existe la sección Nombramientos, comisiones y licencias de los servidores públicos, esta sección se subdivide en Licencias y Nombramientos”.
“En el de Licencias aparece que el 31 de octubre de 2019 Luis Efrén Ríos Vega se le concedió licencia sin goce de sueldo por el tiempo que resulte necesario para el ejercicio de su cargo como magistrado; sin embargo, en la página de transparencia de la UAdeC en el listado de las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos el hoy Magistrado declaró el 31 de mayo de 2021 que durante el ejercicio 2020 trabajó en la Academia Interamericana de Derechos Humanos.
Percibió una remuneración mensual neta por 27 mil 916 pesos como profesor de tiempo completo, o sea, 19 meses después de que se le concedió licencia por tiempo indefinido, declaró ante el Órgano Interno de Control de la UAdeC y bajo protesta de decir verdad, que siguió laborando y cobrando como maestro de tiempo completo durante todo el 2020, cuando su licencia es sin goce de sueldo”, expuso.
Asimismo, Elizondo Maltos relató en tribuna que: “no obstante lo anterior, la directora general de la AIDH, Irene Spigno, cuya remuneración mensual neta es de 121 mil 181 pesos omitió declarar en el apartado de Ingresos de su declaración patrimonial presentada el 30 de mayo de 2021 que también cobra un sueldo mensual de 22 mil 233 pesos como relatora de género y orientación sexual en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Coahuila.
Ello entre otros casos citados por la diputada, quien continuó cuestionando: “No tenemos duda que los puestos de estos servidores públicos son compatibles con la docencia, ni se pone a discusión las capacidades de las personas que he mencionado”.
“Lo que causa sospecha es ¿en qué horario el hoy Magistrado de la Sala Penal, la directora General de la Academia Interamericana de Derechos Humanos y la presidenta de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas hacen sus funciones académicas de tiempo completo, además de las tareas que su altísimo cargo les impone?.
¿Por qué omiten revelar información sobre los otros ingresos en sus declaraciones patrimoniales?, ¿por qué mentir sobre una licencia sin goce de sueldo cuando realmente se está activo como profesor de tiempo completo?, ¿por qué la AIDH inventa materias y cargos que no existen y otorga licencias por tiempo indefinido sin goce de sueldo a quien se encuentra activo y percibiendo una remuneración mensual?”, cuestionó la legisladora.
Derivado de ello la diputada Udecista expresó que: “es necesario que este Instituto de Investigaciones Jurídicas aclare sobre estos hechos que hoy se exponen, sabemos que todo está en la página de transparencia, como lo señaló la directora general de la AIDH en una entrevista para un medio de comunicación, pero en dicha página no explican las irregularidades e inconsistencias de su claustro de maestros, ni de las materias que se imparten, ni las licencias que se otorgan”.
Así, la propuesta fue en el sentido de: “exhortarla respetuosamente para que rinda un informe ante esta Soberanía sobre las inconsistencias e irregularidades en el claustro de maestros de ese Instituto de Investigaciones Jurídicas”.
Una vez presentada, la propuesta fue votada y, por 5 votos a favor y 17 en contra se desechó y pasó a formar parte de la lista de acuerdos para su estudio en comisiones, en este caso a la de Puntos Constitucionales.