Sistema Estatal Anticorrupción ¿dados cargados?

Por Horacio Cárdenas Zardoni

Vamos a partir de una premisa por demás desagradable, el Sistema Nacional Anticorrupción, sus espejos en los sistemas estatales anticorrupción y la mismísima Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno no deberían existir.

Si todo empleado de gobierno hiciera el trabajo para el que fue contratado, el que se comprometió a realizar, el que le pagan por hacer, no habría ninguna necesidad de un sistema anticorrupción.
Es más si aceptáramos que todo el mundo que se identifica a sí mismo como servidor público, hiciera exactamente eso, servir al público, no se requeriría de una pirámide de supervisión, que eso es precisamente lo que es la burocracia, desde el segundo escalón hasta el mismísimo presidente de la república, hablando específicamente de este país. Salvo el servidor público de hasta abajo, todos los demás por encima de él son supervisores, y la mera existencia, la mera necesidad de que existan esquemas para combatir la corrupción, es la más triste señal de que ni el de hasta el fondo está haciendo lo que se espera de él, ni todos los que están por encima suyo tampoco.

Comenzando por la última dependencia mencionada, la secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, flamante creación de la presidenta Claudia Sheinbaum, el hecho de que haya decidido evolucionar la anterior secretaría de la función pública, a una dependencia con la misión, al menos de nombre, de combatir la corrupción, pone de manifiesto, es una confesión no solicitada, de que todas las protestas de que la corrupción había sido erradicada del gobierno federal durante la administración pasada, fueron falsas, y más aún que requirieron que un segmento de la administración pública se dedique exclusivamente a algo que ya ni existía, y que aunque le planten el apellido de buen gobierno, que es lo que venimos diciendo, si hubiera el tal Buen gobierno no habría corrupción.

Pero no hay buen gobierno, los servidores públicos no lo son tanto, muchos de ellos se sirven del gobierno y abusan del pueblo tal que deberían de servir, y entonces se hace necesaria la existencia de entuertos burocráticos como los citados Sistema Estatal Anticorrupción, El Nacional de lo mismo, las contralorías, las auditorías, las glosas y demás, que seguramente nos están faltando.

Ahora bien, pensar que un gobierno corrupto, crea un área para evitar la corrupción, es un contrasentido, el cual solo tiene explicación en la aseveración de qué se crea para que parezca que hace, pero que no lo va a hacer.

Si se quisiera que el gobierno sirviera al pueblo la premisa sería que cada quien haga voluntaria, convencida y comprometidamente, lo que acepta realizar. Todo lo demás no es más que costosa burocracia.

Ahora que está abierta la convocatoria para integrar consejeros al Sistema Estatal Anticorrupción del estado de Coahuila, nos encontramos con que hay serias y fundadas sospechas de que la corrupción ocurre hasta donde no debería haber corrupción. El proceso de selección de aspirantes a consejeros ciudadanos del Sistema Estatal Anticorrupción ofrece tan escasa transparencia y tal grado de favoritismo que hace sospechar que no es más que un tinglado destinado si, a cumplir con la ley pero no a correr el riesgo de que lleguen a ocupar las posiciones vacantes personas que pudieran significar un cambio hacia lo que el sistema debería hacer y ser.

para muestra el proverbial botón, allí tiene como aspirante favorito a Carlos Antonio Franco Flores, quién es el que hasta el momento mayor puntaje ha obtenido y al que sospechosamente no se le ha descalificado por incumplir el requisito de presentar su título de licenciatura al que sospechosamente también pretende evadir presentando algunas constancias de cursos en línea realizados en la Academia Interamericana de Derechos Humanos, entidad que curiosamente, parece tener las manos metidas en el proceso hasta las clavículas.

Lo que es andar enrachado, Franco Flores no tiene ni el año cumplido desempeñándose como director del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, y sin embargo ya anda buscando nuevos horizontes, a lo mejor en previsión de que ICAI pudiera desaparecer, siguiendo la tónica federal, aunque más da la impresión de que es un alfil de la administración pública estatal, para ocupar posiciones en donde debería ser un factor de corrección de las malas prácticas del propio gobierno, y con su sola presencia y su inacción quedan neutralizadas.

El es el que la lleva de gane, aunque también son notorias otras irregularidades, en apariencia no detectadas por la comisión evaluadora y que tampoco han ameritado sanción o descalificación, allí tiene el caso de Larissa Esparza quien, con dolo o por ignorancia, pretende hacer pasar algunos diplomas, como si fueran las cartas de recomendación exigidas como parte del proceso. Esto arroja sombras de que el tal proceso se esté llevando a cabo con la indispensable atingencia, toda vez que es el primer paso que llevará a que, eventualmente el Sistema Estatal Anticorrupción sirva y funcione como tal. Dicen que lo que mal empieza mal acaba y este proceso no está comenzando muy bien que digamos… así acabará.