Sinaloa: una guerra sin ganadores

Razones

Por Jorge Fernández Menéndez

Para mí amigo Óscar Mario Beteta, con un abrazo para todos los suyos.

Se cumplieron dos años. El 9 de septiembre de 2024 la guerra entre Los Chapitos y La Mayiza dejó de ser una amenaza latente para convertirse en la confrontación más larga y costosa en la historia del Cártel de Sinaloa, tan sangrienta que el cártel como tal ha desaparecido: hoy luchan entre sí dos organizaciones criminales diferentes, distintas a las de hace dos años, cada una de ellas con un potencial y un sistema de aliados cambiantes. 

Todo comenzó 46 días antes, el 25 de julio de 2024, cuando Joaquín Guzmán López entregó a Ismael El Mayo Zambada a las autoridades estadunidenses, y ese mismo día y en el mismo lugar, en la finca Huertos del Pedregal, fue asesinado Héctor Melesio Cuén, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que había sido citado, según el relato de El Mayo, para mediar en el conflicto entre Cuén y el gobernador Rubén Rocha Moya. La extracción, todo indica que fue una operación encubierta de la inteligencia estadunidense, con la colaboración evidente de Joaquín.

Las cifras son brutales. El primer año de la guerra dejó, de acuerdo con el propio Gabinete de Seguridad federal, mil 830 homicidios dolosos, un aumento de 300% respecto al periodo anterior, y más de mil 650 detenidos. El segundo año fue peor: son más de 3 mil 800 asesinatos en 24 meses (la fiscalía estatal reconoce 3 mil 181), más de 4 mil 400 personas desaparecidas y casi 4 mil detenidos. Los colectivos de madres buscadoras, como Sabuesos Guerreras, calculan en por lo menos 6 mil 500 los desaparecidos en el estado. Miles de negocios han cerrado, decenas de miles de empleos se han perdido y, apenas este lunes, Standard & Poor’s bajó la calificación crediticia de largo plazo del estado. La víspera del aniversario, la noche del martes, Culiacán volvió a vivir una jornada de vehículos incendiados, viviendas baleadas y hasta un hotel en llamas.

Y no ha terminado porque, después de dos años de guerra interna, con más de 40 operadores de ambas facciones detenidos o asesinados, las cúpulas siguen intactas y también las redes políticas de protección y complicidad. Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, por el lado de Los Chapitos, e Ismael Zambada Sicairos, El Mayito Flaco, por el de La Mayiza, siguen prófugos. El Mayito Flaco enfrenta desde julio una acusación federal por narcoterrorismo en Estados Unidos, y ese mismo mes su padre fue condenado a cadena perpetua en Nueva York. Los medios hermanos de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo están siendo juzgados en Chicago: Ovidio será sentenciado el 28 de octubre; Joaquín, el que entregó a El Mayo, en marzo de 2027. Es decir: los jefes que están presos en Estados Unidos están hablando, colaborando con las autoridades estadunidenses. Los que están libres están en Sinaloa, en Durango, en la sierra, peleando con sus rivales internos y con las autoridades federales mientras mantienen protección de muchas del ámbito local.

No es la primera ruptura del Cártel de Sinaloa. La guerra con los Arellano Félix en los años 90 y la ruptura con los Beltrán Leyva y el Cártel de Juárez, los sucesores de Amado Carrillo Fuentes, que nació antes, pero estalló en 2008 dejó miles de muertos y sus secuelas se arrastran hasta el día de hoy. Sin embargo, nunca antes el conflicto se había dado en el corazón mismo de la organización, en Culiacán, con las dos facciones disputando calle por calle la misma plaza, y nunca antes había coincidido con una ofensiva de Washington que considera a ambas facciones organizaciones terroristas. Esa guerra ha provocado no sólo una ruptura interna, sino también una reconfiguración global del crimen organizado en México que se acrecentó con la muerte de Nemesio Oseguera El Mencho, líder del CJNG, en febrero pasado.

Hay otro frente, el político, que es indisociable del criminal. En abril, la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó al gobernador Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses de recibir sobornos y colaborar con Los Chapitos. Rocha pidió licencia el 1 de mayo, regresó al cargo el 21 de agosto asegurando que lo hacía “con la frente limpia”, apenas un día después de que la FGR detuviera a Fausto Corrales, el chofer de Cuén y testigo clave de su asesinato, y volvió a dejar el cargo dos días después, cuando la propia Presidenta dijo que no le parecía pertinente su regreso mientras estuviera bajo investigación. Hoy gobierna Graciela Domínguez, su exsecretaria de Educación. Rocha está en su casa sin que nadie lo moleste. La FGR dice que no tiene elementos suficientes para proceder. Su principal colaborador, Enrique Inzunza, está en el Senado, con fuero y con el apoyo de Morena. Pero dos de sus más cercanos colaboradores, el exsecretario de Seguridad Gerardo Mérida, y el exsecretario de Finanzas Enrique Díaz se entregaron a la justicia estadunidense y están colaborando con ella.

La violencia en Sinaloa no se explica sin la protección política que durante años permitió que el cártel operara como un poder paralelo y desde 2021, con Rocha como un engranaje central del mismo. Se puede detener a operadores, decomisar laboratorios, extraditar capos, y todo eso es necesario. Pero mientras no se rompa la relación entre autoridades y crimen organizado, los grupos criminales pueden regenerarse y seguir operando.

Dos años después, la pregunta ya no es quién va a ganar esta guerra, en la que aparentemente se estaría imponiendo La Mayiza, es cuándo va a acabar, cuánto va a costar en términos humanos y materiales, y quién, en el gobierno federal, va a asumir la responsabilidad y el costo de terminarla. Imposible hacerlo sin acabar con las complicidades políticas que la alimentan.