Ciudad de México, 16/05/25 (Más).- Diez de los 19 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) que tienen a su cargo la organización de comicios judiciales locales en el país enfrentaron una situación presupuestal crítica, de acuerdo con el informe mensual presentado ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).
Cuatro de estos organismos fueron clasificados con un nivel de riesgo alto, seis con nivel medio y nueve con riesgo bajo. Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, calificó como “alarmantes” las cifras del informe y expresó que era necesario entrar en comunicación con los gobernadores de los estados con mayores problemas financieros.
Los estados con nivel de riesgo alto fueron Zacatecas, Nayarit, San Luis Potosí y Veracruz. En estos casos, los OPLE reportaron carencias graves de recursos, incumplimientos en convenios con el INE, falta de ministración de presupuestos y retrasos en ampliaciones aprobadas por los Congresos locales.
En el caso de Veracruz, el informe señaló que el OPLE comprometió 183.3 millones de pesos para la organización de la elección judicial, pero no se había solicitado aún la ampliación presupuestal correspondiente, a pesar de que el Congreso local aprobó un incremento.
El informe indicó que el OPLE de Veracruz adeudaba al mes de abril 54 millones 694 mil 532 pesos al INE, correspondientes al convenio de coordinación suscrito entre ambas instancias. Por este motivo, se consideró que la entidad se encontraba en riesgo alto y se recomendó brindar seguimiento puntual para garantizar que se contara con los recursos necesarios.
San Luis Potosí reportó una situación similar, pues el OPLE local manifestó haber sufrido reducciones presupuestales que le impedían cubrir un adeudo de 21 millones de pesos con el INE. En tanto, en Nayarit, la reforma que estableció la elección judicial local fue aprobada en enero de 2025. No obstante, una resolución del Tribunal Electoral obligó a organizar los comicios en un plazo de sólo tres meses, lo que impactó directamente en la provisión de recursos por parte del gobierno estatal.
El INE calificó a Nayarit como una entidad en riesgo alto, debido a la premura con que debía realizarse el proceso y la falta de recursos suficientes. El informe apuntó que esta situación afectaba la ejecución de múltiples actividades del proceso electoral, comprometiendo su correcta implementación.
En Zacatecas, el OPLE informó insuficiencia presupuestal por 23 millones de pesos, necesarios para cubrir actividades como la contratación de personal, renta de inmuebles y adquisición de materiales electorales.
Adicionalmente, Zacatecas enfrentaba un compromiso financiero por 18 millones 408 mil pesos con el INE, como parte del convenio de colaboración y coordinación firmado para la elección judicial. Esta situación colocó al estado en una condición crítica para la organización de los comicios locales.
El INE también reportó seis entidades con nivel de riesgo medio: Yucatán, Colima, Quintana Roo, Ciudad de México, Aguascalientes y Baja California. En estos casos, los problemas incluyeron retrasos en la entrega de recursos aprobados, adeudos con el INE e insuficiencia presupuestal para contratar personal y asegurar la infraestructura electoral. A excepción de Aguascalientes, gobernado por el PAN, las demás entidades con riesgo medio estaban bajo administraciones de Morena o sus aliados.
Los nueve estados con nivel de riesgo bajo fueron Michoacán, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Sonora, Estado de México, Coahuila, Durango y Chihuahua. En estos casos, los OPLE reportaron una situación presupuestal ordinaria que les permitía operar con relativa normalidad. Coahuila, Durango y Chihuahua, entidades con gobiernos de oposición, figuraron en este grupo con menores complicaciones financieras.
El informe presentado ante el Consejo General del INE enfatizó que en varias entidades los gobiernos estatales no habían entregado los recursos ya aprobados por los congresos locales, o bien los presupuestos fueron ministrados con retrasos. También se reportaron casos en que no se habían concretado las ampliaciones presupuestales necesarias para garantizar el desarrollo de los procesos judiciales locales.
Guadalupe Taddei anunció que buscaría contacto directo con los mandatarios estatales de las entidades con mayores complicaciones. “Yo creo que con la alerta que hagamos el día de hoy con estos gobernadores, a quienes desde aquí le hago un llamado a que nos atiendan de manera inmediata para exponer justamente esta problemática, ya con un nivel de urgencia que no puede esperar”, dijo.
La situación presupuestal fue calificada como un obstáculo significativo para el desarrollo de las elecciones judiciales locales, cuya implementación derivó de la reforma constitucional que estableció la elección de cargos del Poder Judicial federal. Dicha reforma fue replicada en 19 entidades a través de modificaciones a las constituciones locales, que determinaron la realización de elecciones este mismo año para renovar tribunales y juzgados locales.
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