Editorial

Sin archivos no hay democracia

Mexiro A. C

A finales de junio, la ciudadanía mexicana fue testigo de un acto sin precedentes: la desaparición súbita del sitio web del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), junto con el sitio del Sistema Nacional de Transparencia (SNT). Sin anuncio oficial, sin protocolos técnicos, sin resguardo público de los archivos: simplemente dejaron de existir en internet.

Estos espacios albergaban más de dos décadas de resoluciones, lineamientos, indicadores institucionales, plataformas especializadas y proyectos emblemáticos —incluido el archivo digital sobre graves violaciones a derechos humanos conocido como Memoria y VerdadSu desaparición, sin fundamento legal y sin transición técnica verificable, puso en jaque el derecho de acceso a la información, la preservación de la memoria y la continuidad de la política pública en materia de transparencia.

Tras la extinción del INAI mediante reforma constitucional, el gobierno no solo eliminó el organismo, sino que deshabilitó su sitio web institucional sin ningún tipo de aviso público. Frente a las múltiples exigencias ciudadanas, en días recientes colocaron en su sitio un mensaje emergente en el que aseguran que únicamente serán migrados los “contenidos relevantes” a nuevas plataformas. Esta afirmación, sin criterios técnicos ni jurídicos claros, representa una amenaza directa al principio de integridad documental y al derecho a la información pública. ¿Quién decidirá qué es relevante? ¿Con base en qué normatividad? ¿Qué información quedará fuera del acceso público?

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Frente a esta grave regresión institucional, más de 100 organizaciones de la sociedad civil, periodistas, investigadoras y personas defensoras de derechos humanos firmamos un pronunciamiento conjunto el 3 de julio, exigiendo la restitución inmediata de los portales y de todo su contenido histórico. El documento fue entregado formalmente el 10 de julio a la Oficialía de Partes de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, específicamente del nuevo órgano administrativo desconcentrado “Transparencia para el Pueblo”, nueva entidad creada tras la extinción del INAI.

Una victoria parcial

¿Qué exigimos?

La lucha por la memoria no termina con una reactivación parcial. Como organizaciones firmantes del segundo pronunciamiento publicado el 9 de julio, seguimos exigiendo:

  • La restitución total y verificable de todos los contenidos históricos del INAI y del SNT.
  • Un informe técnico público sobre el traspaso de información, incluyendo respaldos, protocolos de seguridad digital y garantías de integridad documental.
  • La elaboración urgente de un protocolo nacional de seguridad documental y digital, con participación ciudadana y enfoque de derechos humanos.
  • La creación de un mecanismo independiente de supervisión sobre la nueva arquitectura institucional de transparencia en México.

¿Por qué importa?

Este no es solo un asunto administrativo. Lo que está en juego es el acceso a información pública generada por el Estado durante más de veinte años. Lo que está en juego son los archivos que documentan la acción institucional, las luchas por la justicia y la verdad, las respuestas (y omisiones) del gobierno frente a las violaciones de derechos humanos.

El derecho a la memoria no es simbólico: es garantía de no repetición, es trazo de la historia, es base de cualquier democracia. Y sin archivos públicos, no hay verdad posible.

Por eso, no bajamos la guardia. Seguimos vigilantes, articuladas y comprometidas con exigir cada archivo, cada micrositio, cada documento que aún falta.


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