Ciudad de México, 20/11/2024 (Más / IA).- En medio de la inminente desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Gobierno Federal enfrenta crecientes señalamientos por la falta de actualización y accesibilidad de información pública. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum asegura que este cambio no afectará el derecho al acceso a la información, diversos casos demuestran que actualmente la transparencia en las instituciones es deficiente.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum declaró que, con la desaparición del INAI, el gobierno será “mucho más estricto en la transparencia”. Sin embargo, los datos actuales contradicen esa afirmación. Por ejemplo, el listado de concesiones mineras, que en 2018 era accesible en su totalidad a través de la Secretaría de Economía, ahora sólo muestra información del estado de San Luis Potosí, dejando al resto del país en la opacidad.
En el caso de Diconsa, involucrada en el mayor caso de corrupción del sexenio actual con un desvío de 17 mil millones de pesos en Segalmex, no se cuenta con un directorio actualizado de las tiendas, almacenes o localidades beneficiarias del programa de venta de productos básicos. Por su parte, Liconsa, encargada de la distribución de leche, tiene datos de producción y venta sólo hasta 2018. Además, al intentar consultar esta información en el portal de transparencia gubernamental, se solicita un usuario y contraseña, obstaculizando el acceso.
Un ejemplo adicional es el Portal de Contratos de Pemex, donde no están disponibles todos los contratos realizados. La empresa Proyecta Industrial México, vinculada al operador político Adán Augusto López, aparece en dicho portal con un único contrato por 31 millones de pesos en 2020. Sin embargo, investigaciones de transparencia revelaron que esta compañía obtuvo más de 27 mil millones de pesos en contratos con Pemex durante el actual gobierno, un incremento del 13,000% comparado con los 197 millones de pesos logrados en el sexenio anterior.
Otro indicio de la limitada transparencia actual es la publicación en formato PDF de imagen del proyecto de Presupuesto de Egresos, una práctica que dificulta el análisis y uso de la información pública. Esta decisión contrasta con las prácticas anteriores que ofrecían el documento en formatos más accesibles.
El portal de Datos Abiertos, creado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, no ha sido actualizado de forma consistente en esta administración. Dependencias como la Comisión Nacional del Deporte (Conade) y la Secretaría de Agricultura sólo muestran información parcial y desactualizada. Por ejemplo, los datos más recientes de Conade son de 2017, mientras que la Secretaría de Agricultura no ha actualizado sus registros sobre el programa de fertilizantes desde 2020.
Especialistas y organizaciones civiles advierten que la desaparición del INAI tendrá consecuencias directas en el acceso a la información pública. Actualmente, cuando una dependencia gubernamental niega datos, los ciudadanos pueden interponer recursos de revisión que son analizados por el INAI, un organismo autónomo. Con su desaparición, estas funciones pasarán a la nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, parte del Ejecutivo Federal, lo que plantea un conflicto de interés.
En 2022, se registraron 26,152 recursos de revisión por negativa de acceso a información, el número más alto de la última década. Con la desaparición del INAI, los ciudadanos que enfrenten negativas tendrán que recurrir al amparo, lo que implica costos legales y años de espera para obtener una resolución.
Aunque el expresidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno era el más transparente, los datos muestran que negó más solicitudes de información que su predecesor Enrique Peña Nieto. La desaparición del INAI, junto con las prácticas actuales de opacidad, auguran un retroceso significativo en materia de transparencia y rendición de cuentas.
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