Por Leslie Zamora
Saltillo, Coahuila, 18/09/2026 (Más).- Las investigaciones sobre la venta y desarrollo de terrenos en la Sierra de Zapalinamé continúan mediante un trabajo coordinado entre autoridades estatales, municipales y federales, informó la secretaria de Medio Ambiente de Coahuila, Susana Estens de la Garza, quien señaló que todavía están en proceso de determinar las condiciones legales de los predios y las posibles afectaciones ambientales.
La funcionaria explicó que desde la Secretaría de Gobierno se mantienen mesas de trabajo en las que participan dependencias como Medio Ambiente, la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Coahuila (Propaec), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), autoridades agrarias y la Fiscalía, con el objetivo de revisar los distintos casos detectados en zonas de Saltillo y Arteaga.
Entre los aspectos que se analizan se encuentra la legalidad de la transmisión de los terrenos ejidales, debido a que las autoridades agrarias determinan si quienes realizaron las operaciones contaban con la certificación correspondiente y con derechos plenos sobre las tierras.
Estens de la Garza explicó que la venta de un terreno por sí misma no necesariamente constituye una irregularidad, pero existen restricciones respecto a las actividades que pueden realizarse posteriormente, particularmente cuando se trata de una construcción, pavimentación o urbanización en zonas sujetas a protección ambiental.
“Hay diferentes niveles de jurisdicción ahí que tienen que ver. No es un suelo plano en done se pueda definir blanco y negro”, señaló.
La secretaria agregó que en la revisión también se han encontrado situaciones relacionadas con la situación jurídica de algunos ejidos, debido a que existen ejidatarios fallecidos, asambleas que no se encuentran formalmente constituidas y registros que deben ser verificados antes de determinar la legalidad de las operaciones.
La Fiscalía participa en las mesas debido a que también se busca establecer si en alguno de los casos hubo posibles ventas fraudulentas de terrenos. Paralelamente, se han colocado clausuras por parte de distintas autoridades, dependiendo de las atribuciones que corresponden a cada instancia.
La funcionaria informo que todavía no existe una cuantificación oficial de los daños ambientales ocasionados por los desarrollos, ya que para establecerlos se requiere realizar una evaluación mediante el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial. No obstante, consideró que existen afectaciones visibles cuando se elimina vegetación, se modifican pastizales o la fauna debe desplazarse de sus sitios habituales.
Sobre la importancia de conservar estas zonas, Estens de la Garza destacó que la Sierra cumple funciones ambientales relacionadas con la disponibilidad de agua y la calidad del aire, especialmente ante el crecimiento urbano que registra la región Sureste de Coahuila.
“Lo que se tiene que entender es que esa es la fábrica de agua, que esa es la fábrica de aire limpio”, expresó.
La secretaria sostuvo que las autoridades continuarán revisando los casos y advirtió que se trata de una problemática que no surgió recientemente, por lo que los procedimientos requieren tiempo para determinar responsabilidades y resolver las distintas situaciones jurídicas y ambientales.
En cuanto a la problemática general, la funcionaria señaló que las revisiones abarcan diferentes puntos de Saltillo y Arteaga y que el objetivo de las autoridades es determinar qué actividades se realizaron conforme a la normativa y cuáles deberán ser sancionadas o detenidas.
La Secretaría de Medio Ambiente ya ha realizado anteriormente clausuras de construcciones irregulares dentro de la Sierra de Zapalinamé.
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