Por Zitamar Arellano Trueba
Saltillo, Coahuila, 06/04/26 (Más).- El pacto de impunidad entre grupos delincuenciales y autoridades que impide localizar a personas desaparecidas en Coahuila y castigar a los responsables de esos delitos sigue vigente en la entidad, por lo que México debe aceptar asistencia técnica y cooperación financiera de la ONU para ayudar a desmantelar esas estructuras, denunció Alma Rosa García Guevara, directora del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, A.C.
La activista sostuvo que, aunque en Coahuila ya no se vive el mismo escenario de violencia abierta que marcó los años más críticos entre 2007 y 2014, las fallas institucionales de fondo permanecen, sobre todo en la procuración de justicia, función de la Fiscalía General del Estado.
“Sí estamos en otro momento porque al final la violencia bajó, digámoslo así, para ser específicos, en Coahuila, en términos de que ya no se ve la misma criminalidad que se veía en ese periodo. Ahora, en términos de investigación, que era lo que a la Fiscalía le tocaba y le toca actualmente, es que ahí es donde vemos los obstáculos”.
Afirmó que el principal obstáculo no está hoy en la visibilidad de la violencia, sino en la incapacidad o falta de voluntad de las autoridades para investigar con debida diligencia, construir patrones criminales y sancionar a quienes participaron en las desapariciones.
Desde esa perspectiva, García Guevara rechazó la postura del gobierno federal que desacredita el reciente informe de la ONU bajo el argumento de que se apoya en hechos del pasado o en casos de algunos estados solamente, entre ellos Coahuila y su amarga experiencia de años pasados.
Señaló que la crisis de desapariciones en México debe entenderse como un fenómeno continuo, alimentado durante años por políticas de seguridad fallidas, por el crecimiento del crimen organizado y por la tolerancia institucional frente a estos hechos. Añadió que reducir el problema a una etapa ya superada implica ignorar que las desapariciones siguen ocurriendo, aunque hoy adopten modalidades distintas.
La directora del Fray Juan de Larios advirtió que en Coahuila cambiaron los patrones delictivos, pero no desapareció la problemática.
Explicó que en años recientes se observan perfiles distintos de víctimas y nuevas formas de enganche, como reclutamientos mediante ofertas de trabajo o mecanismos de captación de adolescentes, fenómenos que pueden derivar en desaparición, trata de personas, privación ilegal de la libertad u otros delitos que las autoridades están obligadas a investigar oportunamente.
García Guevara subrayó que la responsabilidad del Estado no se limita a la participación directa de agentes en una desaparición forzada, sino también a la aquiescencia, es decir, a la omisión o complicidad que permite que estos crímenes continúen.
Bajo esa lógica, dijo, en Coahuila persiste una responsabilidad institucional clara, particularmente en la Fiscalía, donde a 16 años del inicio de la documentación de casos siguen sin consolidarse investigaciones eficaces ni herramientas clave previstas incluso en la legislación local, como las unidades de análisis de contexto.
Aseguró que esa falta de resultados no puede explicarse sólo por torpeza administrativa. “Lo que hemos dicho en los informes es que esto se trata de un pacto de impunidad”, planteó al insistir en que el problema ha sobrevivido a distintos gobiernos, procuradores y fiscales.
En su valoración, más que personalizar la responsabilidad en un solo funcionario, lo que debe señalarse es una falla sostenida de la institución encargada de investigar y garantizar justicia.
La defensora reconoció que en Coahuila existen mecanismos de diálogo con el gobierno estatal y espacios formales de seguimiento construidos a lo largo de los años junto con colectivos de familias. Sin embargo, aclaró que esos avances no han sido suficientes para traducirse en investigaciones efectivas, búsquedas completas ni respuesta forense adecuada frente al rezago acumulado.
Por ello, sostuvo que el estado mantiene deudas graves en materia de derechos humanos, pese a que el discurso oficial insista en resaltar condiciones de seguridad superiores a las de otras entidades.
En ese contexto, manifestó el respaldo del centro a que México acepte la asistencia propuesta desde Naciones Unidas, al considerar que el país necesita acompañamiento especializado y recursos extraordinarios para atender la magnitud de la crisis humanitaria y forense.
Recordó que ya existen antecedentes de cooperación internacional útil, como el impulso al Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, construido con participación de familias y bajo observación de organismos internacionales.
García Guevara afirmó que, si el gobierno federal mantiene su negativa, las organizaciones seguirán buscando respaldo en instancias internacionales, embajadas y países aliados para visibilizar lo que ocurre en México y en Coahuila. Incluso planteó la posibilidad de explorar acuerdos de cooperación directa con el gobierno estatal para aterrizar asistencia técnica y operativa que permita desmontar las estructuras que sostienen la impunidad.
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