Redacción Más / IA
Las familias desplazadas de Tila, Chiapas, no regresarán a sus hogares debido a la falta de condiciones mínimas de seguridad, según afirmaron en una asamblea masiva celebrada el martes pasado en la cancha de fútbol rápido de Yajalón. Desde el 7 de junio, estas familias han abandonado sus casas y actualmente están acompañadas por el Ejército y Protección Civil del gobierno estatal.
Durante la asamblea, una mujer preguntó quiénes se quedarían en Yajalón, recibiendo la respuesta de centenares de manos levantadas. Los desplazados exigen tener representantes en la mesa interinstitucional que acordó su regreso a Tila el lunes anterior y que aseguró que las fuerzas de seguridad ya tenían control sobre el municipio. La información fue publicada por la agencia Animal Político.
Las personas desplazadas, algunas de ellas mestizas y dueñas de negocios en Tila, demandan garantías jurídicas sobre sus propiedades y la detención de los integrantes del grupo «los autónomos», a quienes consideran responsables de la violencia ocurrida entre el 4 y el 6 de junio, la cual dejó un saldo de 3 muertos, 4 heridos, 2 mujeres violadas, 17 casas y 21 vehículos vandalizados y alrededor de 4 mil personas desplazadas.
El conflicto en Tila, que tiene más de 60 años de historia, se centra en una disputa de 130 hectáreas entre los ejidatarios ch’oles y el municipio, controlado por familias mestizas apoyadas por el gobierno estatal. A pesar de ganar dos amparos, los ejidatarios no han visto respetados sus derechos, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no ha resuelto el conflicto.
Tila, un municipio fronterizo con Tabasco, es utilizado por grupos criminales como corredor para el tráfico de droga y personas y tiene intereses ganaderos y de siembra de palma aceitera. Además, según el EZLN, hay presencia de uranio en la región.
En diciembre de 2015, ejidatarios tomaron la cabecera municipal y establecieron un gobierno autónomo, expulsando a Limber Gregorio Gutiérrez Gómez y Sandra Luz Cruz Espinosa del PVEM, quienes se turnaban en la presidencia desde 2008. El matrimonio está acusado de tener vínculos con el grupo paramilitar Desarrollo, Paz y Justicia, surgido en los años 90 durante la guerra contrainsurgente hacia el EZLN.
A pesar de su expulsión, Limber Gregorio Gutiérrez Gómez sigue despachando desde El Limar y el PVEM ganó nuevamente en las últimas elecciones, superando al Movimiento Ciudadano (MC) por unos 18 mil votos. El INE no pudo instalar 12 casillas en Tila, pero la participación en las casillas instaladas superó el 72%.
El conflicto estalló nuevamente dos días después de las elecciones del 2 de junio. Según los autónomos, el grupo Karma atacó a tres ejidatarios, desatando el conflicto. Sin embargo, los desplazados en Yajalón aseguran no conocer al grupo Karma y responsabilizan de las violencias a los autónomos.
Una propietaria de una tienda de abarrotes relata que el 4 de junio se encontraba con su hija en la calle cuando empezaron los balazos, obligándola a encerrarse en su casa hasta la madrugada del 7 de junio, cuando abandonó Tila en un vehículo militar tras la llegada de más de 500 elementos de seguridad. Ella culpa a los autónomos de las violencias y asegura que los refugiados en Yajalón no pertenecen a ninguna organización ni grupo político.
La crisis humanitaria en Tila continúa sin un número exacto de desplazados, ya que muchos se refugiaron en casa de familiares o amigos. Según el presidente municipal de Yajalón, Jorge Luis Hernández Vázquez, unas mil 800 personas se encuentran en los dos albergues acondicionados por el ayuntamiento, mientras que otras 4 mil están en el ejido Petalcingo, municipio de Tila. Hernández Vázquez aseguró que el ayuntamiento brindará apoyo a los desplazados hasta que sea necesario, aunque no se ha definido una fecha de salida.
Los desplazados piden garantías de seguridad y justicia, y aunque las fuerzas de seguridad afirman tener control sobre Tila, ellos no confían en ello. El conflicto en Tila sigue sin una resolución clara y definitiva.
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