Ciudad de México, 11/10/24 (Más / IA).- A pesar de los avances en representación política femenina en México, la brecha de género persiste en el sector público, donde los hombres ocupan el 60 por ciento de los puestos de confianza, manteniendo un mayor acceso a cargos jerárquicos de alto nivel.
Un análisis del Instituto Mexicano de Competencia (IMCO) revela que 1 de cada 5 mujeres que trabajan en dependencias del gobierno federal reporta haber sufrido algún tipo de violencia laboral, lo que frena su desarrollo profesional.
El estudio, basado en entrevistas con más de 50 funcionarias y funcionarios de diversas secretarías, concluye que las mujeres en el servicio público enfrentan condiciones laborales poco flexibles, ambientes hostiles y discriminación, factores que limitan sus oportunidades de ascenso. Además, el análisis subraya que, aunque la representación femenina ha aumentado en los niveles más altos, como secretarias de Estado, en otros rangos jerárquicos las mujeres siguen teniendo una presencia minoritaria.
México ha logrado avances notables en empoderamiento político, pasando del puesto 45 al 14 entre 146 países desde 2006, según el Foro Económico Mundial. No obstante, estos avances no se han reflejado de manera uniforme en la administración pública federal. A nivel internacional, México ocupa el tercer lugar más bajo en cuanto a la presencia de mujeres en puestos de alta jerarquía en el sector público en América Latina, solo por encima de Guatemala y Brasil, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El estudio del IMCO detalla que, aunque la reforma constitucional garantiza la paridad de género en las secretarías de Estado, solo 3 de cada 10 cargos de subsecretarías, jefaturas de unidad y direcciones generales están ocupados por mujeres. En los puestos de menor rango, como enlaces y jefaturas de departamento, la paridad está más cerca de lograrse, pero la desigualdad aumenta conforme se asciende en la jerarquía.
El informe también destaca que muchas mujeres en el sector público enfrentan entornos laborales violentos. Una de cada cinco mujeres en instituciones gubernamentales ha experimentado alguna forma de violencia laboral, que puede ir desde acoso sexual o psicológico hasta situaciones más sutiles, como recibir un menor salario que sus colegas hombres o ser solicitada a realizar pruebas de embarazo para obtener o mantener un puesto.
Además, las jornadas extensas, la falta de flexibilidad y los ambientes hostiles obligan a muchas mujeres a tomar decisiones personales difíciles, como posponer el matrimonio o el embarazo, o delegar las tareas de cuidado en un esfuerzo por mantener o avanzar en sus carreras. “Las condiciones laborales exigentes y prolongadas propician entornos en donde las mujeres enfrentan situaciones violentas”, subraya el análisis.
El estudio del IMCO identifica tres barreras principales que limitan el crecimiento profesional de las mujeres en las secretarías de Estado: los cambios políticos y administrativos, la falta de políticas inclusivas que promuevan la igualdad de género en el ascenso a puestos de mayor responsabilidad, y la persistencia de la violencia laboral.
A pesar de los avances en la representación femenina en cargos de alta dirección, las unidades de género dentro de las secretarías no siempre cuentan con el presupuesto o la relevancia necesaria para generar un impacto real en la carrera profesional de las mujeres. Además, las políticas de inclusión son escasas, lo que contribuye a la perpetuación de la desigualdad de género en el sector público.
Con el inminente inicio de la administración de Claudia Sheinbaum, la primera mujer en asumir la presidencia de México, el IMCO señala que existe una oportunidad histórica para abanderar la agenda de igualdad de género. Sin embargo, a pesar del incremento en la representación femenina en los últimos años, los retos para alcanzar una igualdad sustantiva en todos los niveles jerárquicos del gobierno federal persisten.
El instituto subraya la necesidad de que la próxima administración implemente políticas integrales y coordinadas que aborden tanto la falta de oportunidades para las mujeres como la violencia y discriminación que enfrentan en el ámbito laboral.
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