Ciudad de México, 19/06/25 (Más).- La coincidencia entre los votos emitidos y los “acordeones” distribuidos durante la elección de magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial ha reavivado el debate sobre la legitimidad del proceso electoral judicial.
Según el consejero electoral Martín Faz, el 90% de los electores votaron por candidatos que aparecían en los listados preimpresos, lo que ha sido calificado como una coincidencia estadísticamente improbable.
Faz comparó esta probabilidad con “sacarse el Melate”, señalando que las combinaciones posibles eran del orden de 7,468 millones. De los sufragios emitidos en la elección de ministros de la Suprema Corte, 23% coincidió completamente con los nombres en los acordeones, y 61% votó por al menos seis de los nueve candidatos en esas listas.
Estas cifras fueron parte de los argumentos esgrimidos por cinco consejeros que se negaron a validar la elección: Claudia Zavala, Arturo Castillo, Martín Faz, Jaime Rivera y Dania Ravel. Los consejeros denunciaron un proceso plagado de “prácticas antidemocráticas” que, afirman, no se veían desde hace más de tres décadas.
Entre las irregularidades detectadas se cuentan 1,322 casillas cuyos votos fueron invalidados. De estas, 818 correspondieron a la elección de ministros. Los motivos incluyeron urnas rellenas, boletas sin doblar, superávit de votos, casillas zapato con votaciones unánimes, folios consecutivos escritos con la misma caligrafía y porcentajes de participación físicamente imposibles.
El consejero Jaime Rivera subrayó que hubo una suplantación del voto libre por un dictado de actores desconocidos que indicaron a los ciudadanos cómo votar. Además, denunció la distribución masiva de acordeones y la infiltración de observadores y funcionarios de casilla que operaron como agentes de coacción.
En contraste, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, defendió la validez del proceso. Durante el debate interno, desestimó las propuestas de invalidar la elección y argumentó que las irregularidades detectadas eran menores en proporción al total de casillas instaladas. “No admito que por 818 casillas, de más de 80,000, se ponga en duda, ni la pulcritud, ni la integridad, ni el proceso correcto”, sostuvo.
Taddei también calificó como excesiva la postura de los consejeros que sugirieron declarar inválida la elección. Enfatizó que el INE no tiene facultades para invalidar el proceso electoral y que la declaración de no validez sería solo una manifestación política sin efectos jurídicos.
La consejera Carla Humphrey explicó que su voto a favor de la validez del proceso se debió a que ningún consejero propuso formalmente la anulación del proceso ni la suspensión de la entrega de constancias. “Nadie en ese consejo puso sobre la mesa que se declaran inválidas [las elecciones] y que no se entregaran las constancias, se quedó en un punto intermedio”, explicó.
El proceso electoral en cuestión registró una participación de menos del 13% de un padrón de 9.9 millones. Pese a ello, la elección fue validada con una votación dividida en el Consejo General del INE.
El proceso electoral judicial ha sido objeto de observación por su carácter inédito y por las críticas que lo han acompañado desde su concepción. La validación final ha dejado un precedente en el que la división entre consejeros y la presencia de prácticas cuestionadas como los acordeones generan interrogantes sobre la solidez de este mecanismo para seleccionar integrantes del Poder Judicial.
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