A caballo de la creciente criminalización de movimientos ecologistas que recurren a la desobediencia civil para reclamar a gobiernos y empresas acciones efectivas contra el cambio climático, Shell lleva a Greenpeace a los tribunales. La petrolera reclama 2,1 millones de dólares por la ocupación de una plataforma petrolera, pero también pide a la justicia prohibir las protestas de la organización ecologista y amenaza con más demandas.
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