Astillero
Julio Hernández López
La batalla claudista por reservar para México la posibilidad de enjuiciar a uno de sus más indefendibles gobernadores, Rubén Rocha Moya, y no cederlo a la ruidosa exigencia estadunidense, tiene como telón de fondo que el de Sinaloa no es el único integrante del elenco de mandatarios estatales (e incluso a nivel de gabinete presidencial) que merecería ser sometido a procesos judiciales por corrupción y por una de las variantes ahora taimadamente perseguida por el país vecino, la del narcotráfico.
Predestinada para la sucesión de 2024, Claudia Sheinbaum recibió, junto con la candidatura presidencial morenista, la herencia de poderes estatales y de “corcholatas” que debería acomodar en cargos relevantes. Ya con la banda tricolor al pecho e instalada en Palacio Nacional, la constructora del segundo piso de la llamada Cuarta Transformación no ha podido deshacerse más que en mínima cantidad del legado condicionante.
El virtual sindicato de gobernadores de la 4T (Morena y el Verde) y de legisladores aliados (aquellos dos, más el Partido del Trabajo) es una fuerza política con un rango de “autonomía” que el presidencialismo clásico no podría permitir, porque juega entre dos aguas (Ciudad de México y el sur del país) y, en el fondo, debilita la operación del máximo poder político institucional, la Presidencia de la República.
Poco puede hacer esta Presidencia, salvo esperar que el paso del tiempo, la finalización de los periodos constitucionales correspondientes, desaloje de sus sitiales a los heredados. Pero, aún así, no parece contar con los cuadros para las sustituciones en el flanco político (sí ha puesto a “su gente” en algunos cargos técnicos o administrativos, con resultados diríase que discretos, salvo el caso futurista, ese sí con proyección política, de Omar García Harfuch).
Podría considerarse, por lo demás, que las elecciones intermedias serían una inmejorable oportunidad para la presidenta Sheinbaum: 17 gubernaturas en juego, la integración de la Cámara federal y de la mayoría de los congresos estatales, y presidencias municipales importantes. Se supondría que sería un momento ideal para decir adiós a una parte de la herencia recibida e instalar piezas propias. Es más: el escándalo de Rocha Moya sería una histórica oportunidad para limpiar el tablero político e impulsar algo que con mucho optimismo podría ser mencionado como el inicio de una clase política “progresista”, sin sabidos rasgos de corrupción, con liderazgo social y verdadero compromiso popular.
Los indicios, sin embargo, no son esperanzadores. La nueva presidenta de Morena, Ariadna Montiel, es entendida como un puente entre los dos poderes subsistentes, con una consigna que en abstracto es plausible, la unidad partidista para conservar el poder, pero que en concreto es una coartada para consolidar a los grupos y las conductas que ya se han hecho tradicionales en el joven partido.
Un signo de la persistencia de esas inercias se dio este sábado en la ciudad de Chihuahua, adonde la dirigente Montiel llegó con Andrés Manuel López Beltrán como segunda figura en importancia, en una especie de reivindicación de un secretario de organización muy criticado por compras ostentosas, relaciones con empresarios favorecidos y resultados políticos y electorales deficitarios.
Virtualmente imposible sería para la Presidenta limpiar a fondo y de verdad la marquesina de los poderes estatales y del federal propio (Mario Delgado como ejemplo de pago secretarial por turbios servicios electorales partidistas), pero mucho podría hacer ella a la hora de la postulación de las siguientes candidaturas. Habrá de verse en su momento, aunque desde ahora las perspectivas apuntan a la continuidad del pragmatismo electoral: ganar por ganar, aunque luego los ganadores, por haber ganado como ganaron, y por tener qué pagar a quienes los hicieron ganar, se conviertan en pieza de caza y motivo de presión de intervencionistas poderes vecinos. ¡Hasta mañana!
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