Washington elevó la presión sobre el gobierno mexicano al exigir capturas y extradiciones de integrantes de alto nivel del crimen organizado, particularmente del CJNG. Estados Unidos anunció más de 100 millones de dólares en recompensas, además de cancelaciones de visas y congelamiento de activos de personas vinculadas con esa organización
Ciudad de México, 08/08/26 (Más).- El gobierno de Estados Unidos advirtió a la presidenta Claudia Sheinbaum que la estrategia mexicana contra el crimen organizado aún es insuficiente y anticipó que Washington utilizará “todas las herramientas” disponibles para desmantelar a los cárteles, sin descartar acciones unilaterales si no se concretan capturas de alto impacto.
De acuerdo con información publicada por el portal Eme Equis, el pronunciamiento fue realizado por Michael Gonzales, subsecretario adjunto del Departamento de Estado, durante el anuncio de una bolsa global superior a 100 millones de dólares en recompensas para localizar y capturar a integrantes de la cúpula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Aunque Estados Unidos reconoció la disposición de Sheinbaum para combatir al crimen organizado y el narcotráfico, la administración de Donald Trump exige que esa voluntad se traduzca en detenciones y extradiciones de objetivos prioritarios.
La postura de Washington ocurre mientras el combate al tráfico de drogas, particularmente de fentanilo y otras sustancias ilícitas, es considerado por las autoridades estadounidenses un asunto prioritario de seguridad nacional.
Gonzales señaló que la persistencia de vacíos de autoridad en distintas regiones de México permite a la administración estadounidense mantener abiertas sus propias herramientas normativas y de inteligencia para perseguir las estructuras criminales que, de acuerdo con Washington, afectan a sus comunidades.
La presión se intensificó después de que la Casa Blanca designó al CJNG como una Estructura Terrorista Extranjera. De acuerdo con la información proporcionada, esta clasificación permite ampliar las medidas financieras y las acciones de persecución contra integrantes y redes relacionadas con la organización.
Como parte de las medidas anunciadas, Estados Unidos estableció una recompensa de hasta 25 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Juan Carlos Valencia González, alias “El Pelón”, a quien agencias federales estadounidenses identifican como sucesor y articulador operativo de la estructura que encabezaba Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.
La ofensiva también se dirigió contra personas señaladas como parte de las redes de apoyo del CJNG. El gobierno estadounidense canceló visas y congeló activos de 65 personas vinculadas con la organización, entre ellas 26 ciudadanos que contaban con permisos de residencia o tránsito legal en Estados Unidos.
La Casa Blanca también dejó abierta la posibilidad de realizar operaciones unilaterales en caso de que las fuerzas armadas y federales mexicanas no consigan detener a los objetivos considerados prioritarios. Gonzales evitó proporcionar detalles sobre posibles operaciones por razones de seguridad, pero señaló que el margen de actuación estadounidense dependerá de la efectividad y rapidez de la respuesta mexicana.
El funcionario no descartó que las agencias de Estados Unidos empleen sus facultades legales, financieras y de seguridad para perseguir y desarticular a organizaciones consideradas terroristas por ese gobierno.
La postura estadounidense se suma a las declaraciones realizadas por Donald Trump durante la cumbre del G7 en Francia, donde afirmó que grupos delictivos ejercen control territorial sobre amplias zonas de México y describió a Sheinbaum como una gobernante bienintencionada, pero presionada por el poder de los cárteles.
El Departamento de Estado tampoco precisó si las recientes revocaciones de visas alcanzan a funcionarios públicos o gobernadores mexicanos. La falta de información al respecto mantiene bajo escrutinio a administraciones estatales que han enfrentado señalamientos de presunta colusión institucional, entre ellas la de Sinaloa, encabezada por Rubén Rocha Moya.
La relación bilateral en materia de seguridad queda así condicionada por la exigencia estadounidense de obtener resultados concretos contra las organizaciones criminales. Mientras México mantiene la cooperación con Washington, Estados Unidos conserva la posibilidad de incrementar las medidas financieras, migratorias y de persecución contra los grupos que considera una amenaza.
El escenario coloca al gobierno de Sheinbaum ante la necesidad de responder a las exigencias de su principal socio en materia de seguridad, mientras Washington mantiene abiertas distintas vías de presión y evita descartar acciones directas en territorio mexicano.
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Le llaman amenazas a terminar contra el narcotráfico mismo que gracias a besos abrazos y no balazos se ha apoderado del país sobornando la política o suprimiéndola cómo ha pasado con la verdadera prensa.